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El gobierno de Biden anunció este miércoles una nueva norma de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que entrará en vigor a finales de octubre. El nuevo reglamento corrige los errores del anterior y cierra espacios para futuras demandas.

El nuevo reglamento reescribe la norma de 2012 con el objetivo de eliminar los fallos incurridos por el entonces gobierno de Barack Obama, a quien los republicanos acusan de haber violado la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no publicar con tiempo la norma en el registro federal y tomar en cuenta el comentario público.

DACA en la actualidad ampara de la deportación a poco más de 600,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país antes de cumplir 16 años y se hallaban en territorio estadounidense desde antes del 15 de junio de 2007.

La protección, además, les otorga un permiso temporal de trabajo renovable cada dos años.

Las solicitudes de amparo de otros 82,000 dreamers que se inscribieron por primera vez en el último año permanecen en manos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) con prohibición de ser procesadas por orden de un juez federal en respuesta a una demanda entablada el 2021 por nueve estados encabezados por Texas, todos ellos gobernados por autoridades republicanas.

La regla final

La regla final del nuevo DACA, de 453 páginas, fue elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y está planificado para entrar en vigor el 31 de octubre.

Hasta ahora el programa se rige por la norma anunciada en junio de 2012. En estos 10 años el programa ha amparado de la deportación a unos 800,000 jóvenes.

Desde entonces unos 100,000 soñadores han abandonado el beneficio migratorio ya sea porque regularizaron sus permanencias por vías legales disponibles, dejaron de renovar sus amparos y permisos de trabajo o fueron descalificados por violar los términos del reglamento.

En estos momentos el futuro de DACA de 2012 se encuentra en manos de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, instancia que en cualquier momento puede emitir un fallo adverso al gobierno y cancelar el programa, situación que, además de dejar en el limbo a los poco más de 600,000 dreamers, abrirá la puerta para que el gobierno acuda a la Corte Suprema en busca de una revisión.

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