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El Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) dejará de detener a mujeres embarazadas o que estén cuidando de bebés, revirtiendo así una norma aprobada por el expresidente Donald Trump que permitió deportar a miles de inmigrantes indocumentadas en esas circunstancias, según una nueva política difundida este viernes por la agencia federal y adelantada por el diario The Washington Post.
Los funcionarios de ICE dijeron en un comunicado que esta nueva política tiene más en cuenta la «salud y la seguridad» de las mujeres embarazadas y de las nuevas madres y reconoce «el tiempo necesario para el desarrollo del bebé y el vínculo parental». «ICE se compromete a salvaguardar la integridad de nuestro sistema de inmigración y a preservar la salud y la seguridad de las personas embarazadas, en postparto y lactantes», dijo el director interino del ICE, Tae Johnson. «Dadas las necesidades únicas de esta población, no detendremos a las personas que se sabe que están embarazadas, en posparto o amamantando, a menos que la liberación esté prohibida por la ley o existan circunstancias excepcionales».
Durante la Administración de Barack Obama (2008-2016), en la que el actual presidente, Joe Biden, era vicepresidente, ICE evitaba detener en general a mujeres embarazadas, pero ahora esa política, anulada por Trump, se recupera incluyenda además a aquellas que acaban de dar a luz hace menos de un año, y las que cuidando de bebé dándoles el pecho, lo que puede durar durante varios años, según el citado diario.
Se añaden así a una lista creciente de inmigrantes que quedan fuera del objetivo de la agencia federal tanto para su arresto como para su deportación según las nuevas reglas que prepara el Departamento de Seguridad Nacional y que se harán públicas en las próximas semanas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas emitió en febrero unas nuevas directrices temporales sobre arrestos y deportaciones de ICE, a la espera de su guía definitiva, con la que centró los operativos en los inmigrantes que suponen un riesgo para la seguridad nacional, en aquellos que han cometido delitos graves, y en los que cruzaron la frontera, para ese momento, hacía menos de cuatro meses.
