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Unas millas al sur de la torre homónima donde Donald Trump comenzó su carrera a la presidencia, los fiscales de Nueva York están trabajando en una investigación sobre sus negocios que podrían seguirlo mucho después de que deje el cargo en enero. La investigación dirigida por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., es uno de varios enredos legales que probablemente se intensificarán cuando Trump pierda el poder, y la inmunidad de procesamiento, al salir de la Casa Blanca. Trump enfrenta dos investigaciones en el estado de Nueva York sobre si engañó a las autoridades fiscales, bancos o socios comerciales.
Dos mujeres que alegan que las agredió sexualmente lo están demandando. Algunos demócratas están pidiendo la reactivación de una investigación federal sobre el financiamiento de campañas que pareció terminar con el secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr. No se sabe si alguna investigación ha reunido pruebas suficientes para acusar a Trump de algún delito. Procesar a un expresidente también sería un paso sin precedentes en un país que ha buscado, desde su fundación, barrer las supuestas transgresiones de un comandante en jefe saliente en favor de una transición pacífica del poder. “Con el país tan fuertemente polarizado en 2020, ¿una batalla legal se consideraría en última instancia como una represalia política? Es un cálculo difícil ”, dijo Meena Bose, directora ejecutiva del Centro Peter S. Kalikow para el Estudio de la Presidencia Estadounidense de la Universidad de Hofstra.
Trump ha dicho que tiene el «derecho absoluto» de perdonarse a sí mismo por cualquier delito federal, pero el concepto sigue sin probarse porque ningún presidente lo ha intentado. Una opinión del Departamento de Justicia de 1974 decía que los presidentes no pueden perdonarse porque eso violaría la «regla fundamental de que nadie puede ser juez en su propio caso». Trump ha usado su poder de perdón para ayudar a amigos y acusados de alto perfil en el pasado, conmutando la sentencia del viejo amigo Roger Stone en julio y del exgobernador de Illinois Rod Blagojevich en febrero, y ha sugerido que podría hacer más de lo mismo antes su mandato termina.
La investigación de Vance es particularmente problemática para Trump porque involucra posibles cargos a nivel estatal que no podrían borrarse con un indulto presidencial. Vance, un demócrata, no ha revelado los detalles de su investigación, citando reglas de secreto del gran jurado, pero su oficina ha dicho en documentos judiciales que está relacionada con informes públicos de «conducta criminal extensa y prolongada en la Organización Trump». El ex abogado personal y reparador de Trump, Michael Cohen, dijo al Congreso que Trump a menudo infló el valor de sus activos cuando trataba con prestamistas o socios comerciales potenciales, pero los desinfló cuando lo benefició a efectos fiscales.
Mientras Trump ha estado en el cargo, el progreso de la investigación se ha visto obstaculizado por las peleas judiciales sobre si los fiscales podrían tener acceso a sus declaraciones de impuestos o si un presidente tiene inmunidad ante una investigación estatal. Una apelación relacionada con la batalla de registros se encuentra ahora ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La oficina de Vance se negó a comentar. No está claro si la investigación de larga duración está cerca de concluir, o si faltan meses o años para una resolución.
Se dejó un mensaje en busca de comentarios con un abogado de Trump. En el pasado, Trump ha calificado la investigación de Vance como «una continuación de la caza de brujas, la mayor caza de brujas de la historia». La procuradora general de Nueva York, Letitia James, también está investigando si la compañía de Trump mintió sobre el valor de sus activos para obtener préstamos o beneficios fiscales, aunque su investigación es de naturaleza civil, no criminal.
El hijo de Trump, Eric Trump, habló por video con los investigadores el mes pasado después de perder una pelea judicial para posponer la deposición hasta después de las elecciones. El jueves hubo nuevas revelaciones de que tanto James como Vance también habían citado documentos relacionados con las deducciones fiscales tomadas por la empresa de Trump relacionadas con los honorarios de consultoría empresarial pagados a su hija, Ivanka Trump.
Parte de la investigación criminal de Vance se refiere a los pagos realizados durante la campaña de Trump en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal para evitar que aleguen públicamente que tuvieron relaciones extramatrimoniales con él. Cohen se declaró culpable de orquestar los pagos, que según los fiscales federales de Manhattan equivalían a regalos ilegales a la campaña de Trump. Identificaron a Trump en los documentos judiciales por haber dirigido los esfuerzos de Cohen, pero no fue acusado. Trump ha negado los asuntos y dijo que cualquier pago era un asunto personal, no un gasto de campaña. El Departamento de Justicia tiene una política desde hace mucho tiempo que establece que es inconstitucional enjuiciar a un presidente en funciones en un tribunal federal.
También existe la posibilidad de que un Departamento de Justicia liderado por los demócratas pueda perseguir asuntos que no fueron acusados en la investigación de Robert Mueller sobre la interferencia electoral rusa, como las acusaciones de que Trump obstruyó la justicia. El presidente electo Joe Biden, un demócrata, ha dicho que no ordenará a su Departamento de Justicia que presente cargos contra Trump, ni se interpondrá en el camino de las investigaciones que podría emprender por sí solo. «No voy a hacer ese juicio individual», dijo Biden a los periodistas en agosto . Algunos demócratas han advertido que acusar a Trump podría enfurecer a los casi 74 millones de estadounidenses que votaron por él, complicando el esfuerzo prometido de Biden para sanar las divisiones políticas de la nación.
El ex fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, un demócrata, advirtió sobre el “costo potencial para la nación” de enjuiciar a un ex presidente. Richard Nixon fue indultado por su sucesor, Gerald Ford, después de renunciar en 1974 por el robo de Watergate en un esfuerzo de Ford para poner fin a las consecuencias de un escándalo político que lo consume todo. Bill Clinton, en su último día en el cargo, llegó a un acuerdo con el fiscal especial Robert Ray para evitar ser procesado por acusaciones de perjurio que llevaron a su juicio político.
Aceptó renunciar a su licencia de abogado por cinco años y pagar una multa de $ 25,000 por mentir en una demanda por acoso sexual. Paul Rosenzweig, un ex abogado principal en la investigación de Clinton, argumenta que el comportamiento potencialmente criminal derivado de la época de Trump como empresario lo convertiría en una excepción a la práctica de no enjuiciar a los expresidentes. “Nunca antes habíamos tenido un presidente que hubiera sido acusado de manera creíble de actividad criminal desde antes de su presidencia”, dijo. Una vez fuera de su cargo, Trump no podrá señalar su apretada agenda como una razón para retrasar demandas civiles, como las presentadas por E. Jean Carroll, ex columnista de consejos de revistas, y Summer Zervos, restauradora y concursante de su cargo. antiguo programa de televisión, «The Apprentice».
Carroll dice que Trump la violó a mediados de la década de 1990 en una tienda departamental de Nueva York. Su demanda dice que la negación de Trump de la acusación, incluido que ella estaba «totalmente mintiendo» para vender sus memorias, la difamó. Carroll está buscando una muestra de ADN de Trump para ver si coincide con el material encontrado en un vestido que dice que usó durante el presunto ataque. Zervos dice que Trump la besó y manoseó cuando ella trató de hablar con él sobre su carrera en 2007. Trump negó sus acusaciones y retuiteó un mensaje en el que calificaba las afirmaciones de Zervos de un engaño. Los abogados de Trump han sostenido que la demanda por difamación de Zervos debería retrasarse hasta que deje el cargo. Solo quedan unas nueve semanas.
