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La Corte de Inmigración está alcanzando niveles récord de casos cerrados administrativamente en lo que va del año fiscal 2023, revela un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
Investigadores hallaron que en los primeros cuatro meses del actual año fiscal los cierres de casos están “en camino de crecer a casi medio millón”. Y que durante el año fiscal 2022 la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) estableció una marca “del 47% más alto que el máximo anterior establecido durante el año fiscal 2019”, indicaron.
El estudio señala además que entre el 1 de octubre del año pasado y el 31 de enero de 2023, los cierres de tribunales de inmigración alcanzaron 172,180 casos, cifra que equivale a un 85% más que un período comparable durante 2019.
El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año entrante.
De qué se trata el cierre administrativo
“El cierre administrativo es cuando el juez de inmigración desestima en un juicio de inmigración los cargos que ha puesto la fiscalía para tratar de deportar al inmigrante”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Cuando eso ocurre, ya no existe un proceso de deportación”.
El problema es que, cuando eso sucede, “el inmigrante regresa al mismo estado migratorio en el que se encontraba al momento del arresto y el inicio del proceso, es decir indocumentado y sin beneficios”, agrega Guerrero. “A menos que exista una vía legal disponible para que pueda regularizar su permanencia en Estados Unidos”.
A la pregunta si en este grupo puede haber inmigrantes que en los últimos meses llegaron a la frontera, pidieron asilo y sus casos fueron remitiros a un juez de inmigración, Guerrero dijo que “es probable”, pero que por lo general esto sucede cuando la persona lleva algún tiempo en el país, tiene lazos familiares y su caso no se encuentra dentro de las prioridades de deportación del gobierno. Es decir, no ha cometido crímenes y tampoco representa una amenaza para la seguridad nacional, pública o fronteriza.
