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En un revés para el gobierno republicano de Florida y sus esfuerzos por apoyar la agenda de línea dura de la administración Trump en inmigración, la jueza de distrito Kathleen Williams dio la razón a los demandantes que denuncian la violación ambiental que implica para los delicados Everglades.
La jueza del Distrito Sur de Florida Kathleen M. Williams anunció este jueves que el centro de detención temporal de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’ no debe recibir más detenidos y que partes de las instalaciones deben ser desmanteladas porque violan leyes ambientales.
La orden de Williams formalizó una suspensión temporal que había ordenado hace dos semanas, mientras los testigos continuaban declarando en una audiencia de varios días para determinar si la construcción debía finalizar hasta la resolución definitiva del caso.
La jueza indicó que preveía que la población del centro disminuiría en un plazo de 60 días mediante el traslado de los detenidos a otras instalaciones, y que una vez que esto sucediera, se deberían retirar las cercas, la iluminación y los generadores.
Escribió que los acusados estatales y federales no pueden traer a la propiedad a nadie más que a quienes ya se encuentran detenidos en el centro. La orden no prohíbe la modificación ni las reparaciones a las instalaciones existentes, «cuyo único propósito es aumentar la seguridad o mitigar los riesgos ambientales o de otro tipo en el lugar», declaró.
La orden preliminar incluye a quienes estén en concierto o participación activa con el estado de Florida o los acusados federales, o sus funcionarios, agentes o empleados, escribió el juez en una orden de 82 páginas.
Williams afirmó que los funcionarios estatales nunca explicaron suficientemente por qué el centro debía estar ubicado en medio de los Everglades de Florida.
«Lo que es evidente, sin embargo, es que, en su prisa por construir el campo de detención, el Estado no consideró ubicaciones alternativas», declaró Williams.
Alligator Alcatraz viola la Ley de Política Ambiental
La demanda que analizaba la magistrada es una de las dos en la mira de las cortes de Florida. La decisión se conoce al tiempo que se cumple el plazo de una orden previa de la jueza, con la que había frenado por 14 días las construcciones adicionales en el lugar mientras se desarrollaban las audiencias de esta demanda.
Grupos ecologistas y la tribu Miccosukee pidieron a Williams emitir una orden preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional que, según ellos, amenazan los humedales, hogar de plantas y animales protegidos. Reclamaron que la instalación de estas carpas revertiría miles de millones de dólares invertidos en la zona en pro de una restauración ambiental.
Los testigos de los demandantes declararon días atrás que el centro temporal viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que exige que las agencias federales evalúen los efectos medioambientales de proyectos de construcción importantes.
Pero los abogados del estado y del gobierno federal aseguran que aunque el centro de detención alberga a detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está enteramente bajo jurisdicción de la Gobernación de Florida, lo que significa que no rige el requisito de evaluación ambiental federal. La jueza les replicó al asegurar que la instalación funcionaba, como mínimo, en base a una asociación entre el estado y el gobierno federal.
Los testigos de los grupos ecologistas han declarado que al menos 20 acres de asfalto se han añadido al sitio desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida comenzó la construcción. Dijeron que el pavimentado adicional podría provocar un aumento de la escorrentía de agua hacia los humedales, esparcir productos químicos nocivos en los Everglades y reducir el hábitat para las panteras de Florida, una especie en peligro de extinción.
Otra demanda colectiva aguarda por la decisión de la corte del Distrito Medio de Florida. Es la relacionada con la exigencia de cuatro inmigrantes —en nombre de una clase que son todos los detenidos en este centro— para que se les garantice el acceso a sus abogados y a comunicaciones confidenciales para hablar de sus casos. Hasta ahora, denuncian, ese derecho no ha sido honrado. Uno de los inmigrantes parte de esta querella pasó 22 días sin poder comunicarse con sus defensores después de ser transferido a este centro.
Al tiempo que dos cortes deciden sobre la permanencia del centro de detención de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’, el gobernador del estado, Ron DeSantis anunció que pronto iniciarán las operaciones en un segundo espacio al que llamo ‘Deportation Depot y que funcionará en la Correccional Baker, una prisión estatal ubicada al norte del estado.
Se espera que tenga capacidad para 1,300 personas en centros de detención de inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2,000, según informaron funcionarios estatales.
Después de abrir las instalaciones en los Everglades el 1 de julio de 2025, DeSantis justificó la construcción de ese y de un segundo centro de detención al asegurar que su gobierno apoyaba la política de detenciones masivas del presidente Donald Trump. Dijo que estos centros le permitirían ampliar la capacidad de detención de inmigrantes.
