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La Corte Suprema de Estados Unidos desechó este jueves una demanda del Gobierno de México la cual alegaba que varios fabricantes de armas han estado comercializando sus productos de manera supuestamente atractiva para integrantes de cárteles, y que por tanto empresas como Smith & Wesson pueden ser responsabilizados por la violencia que vive el país vecino.
La inédita acción legal del Gobierno de México alegaba que los fabricantes de armas contribuyen al alto índice de delitos en ese país, por comercializar armamento que supuestamente sabe va a atraer a grupos de delincuencia organizada que operan en México, y que eso denota complicidad.
Por ejemplo, México apuntaba a pistolas que parecen «personalizadas» para presuntamente atraer a narcos, como modelos de edición limitada con incrustaciones que dicen «El Jefe» o con diseños alusivos al Imperio azteca o a figuras como el revolucionario Emiliano Zapata.
Sin embargo, la Corte Suprema estadounidense dictaminó de manera unánime que el caso no procede porque una ley de 2005, la Protection of Lawful Commerce in Arms Act o ley de protección del comercio legal de armas, escuda a los fabricantes en contra de demandas.
Asimismo, el tribunal indicó que la queja mexicana de que los fabricantes instigaron o asistieron en la venta ilegal a traficantes que operan en México no fue suficientemente comprobada.
«La base de la demanda mexicana, de que los fabricantes eligen venderles sus armas a, entre otros, distribuidores deshonestos, no logra cumplir con la vara alta de comprobación necesaria», dice el fallo, firmado por la magistrada Elena Kagan.
«Lo que México alega con evidencia solamente es que los fabricantes saben que algunos vendedores no identificados violan rutinariamente la ley, pero si acaso eso se trata de indiferencia y no de asistencia«, agrega.
El Gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum solamente dijo este jueves ante la desestimación del caso que van a «esperar a que se resuelva» otra demanda que tienen pendiente en tribunales inferiores.
México impuso la demanda principal en 2021 como parte de su argumento de que gran parte de la violencia que vive el país se debe a las armas fabricadas en Estados Unidos, dado que en México la venta de armamento está muy controlada y solamente hay una tienda en todo el país, gestionada por las Fuerzas Armadas.
Análisis del Gobierno estadounidense han estimado que al menos el 68% de las armas confiscadas en México durante un operativo bilateral proveían de Estados Unidos.
Desde septiembre de 2024 a abril de este año se han registrado unos 86 homicidios dolosos cada día en México, prácticamente todos por armas de fuego, según estadísticas oficiales.
La demanda mexicana llegó ante la Corte Suprema estadounidense porque tribunales menores tuvieron opiniones encontradas sobre si el caso procedía o debía ser desestimado. Otros fabricantes, como Colt, lograron ser excluidos de la acción legal en ese proceso, pero el caso continuaba hasta este jueves contra Smith & Wesson e Interstate Arms.
El Gobierno mexicano buscaba que se le otorgaran reparaciones por 10,000 millones de dólares.
