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La Corte Suprema dictaminó este viernes que la píldora abortiva mifepristona puede seguir en el mercado por ahora. La decisión tiene lugar tras el fallo de un juez federal texano que había anulado la aprobación de la píldora por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), que data de hace más de dos décadas.
La corte bloqueó de manera total la decisión del juez de Distrito de Texas Matthew Kacsmaryk, emitida el 7 abril, que invalidó la aprobación de la píldora por parte de la FDA, lo que le dió una victoria considerable a los opositores del aborto.
El Departamento de Justicia y Danco Laboratories, el fabricante de la mifepristona, habían pedido a los jueces que tomaran una decisión en el caso, después de que una corte federal de apelaciones mantuviera algunas partes de la decisión de Kacsmaryk, que hubieran impedido el acceso a la píldora, incluyendo restricciones a su distribución por correo.
La Corte Suprema, que tiene una mayoría 6-3 a favor de los conservadores, lo que hizo este viernes fue poner un alto temporal al fallo del juez Kacsmaryk. La decisión significa que las mujeres pueden obtener la mifepristona por correo, tomarla en casa y usarla hasta con 10 semanas de embarazo, mientras continúa la batalla legal en cortes inferiores.
Un juez federal del estado de Washington añadió un giro más a la batalla legal, cuando dictó una orden preliminar en un caso diferente, que prohibía a la FDA “alterar el statu quo y los derechos en lo que se refiere a la disponibilidad de la mifepristona”. Ese fallo, emitido también el 7 de abril, sólo afecta a 17 estados de tendencia liberal y a Washington D.C., que presentó en febrero una demanda contra la normativa de la FDA sobre el fármaco.
La mifepristona fue aprobada en 2000 por la FDA para su uso junto con el misoprostol para interrumpir el embarazo dentro de los plazos legales contemplados por la ley. La mifepristona constituye dos tercios de las píldoras abortivas que se usan en el país, según su fabricante, GenBioPro Inc. Más de cinco millones de mujeres la han usado, y múltiples estudios han demostrado que es segura.
Grupos antiaborto cuestionaron sin embargo ante la justicia la aprobación otorgada en su día por la FDA, y el pasado 7 de abril el juez federal Matthew Kacsmaryk, nombrado por el expresidente Donald Trump, revocó esta autorización, lo que de hecho dejaba la píldora abortiva fuera del alcance de las mujeres en todo el país.
El juez había otorgado un plazo antes de la entrada en vigor de su fallo para abrir la posibilidad a una apelación. Consultada por el Gobierno de Joe Biden, la Corte de Apelaciones del 5to. Circuito había rechazado de forma provisional la suspensión del fármaco hasta tomar una decisión definitiva, aunque aceptó otras restricciones, como anular su envío por correo, prohibir adquirirlo como genérico y obligar a las mujeres a acudir al menos tres veces con un médico en persona.
La Corte de Apelaciones también había establecido que el medicamento sólo debería aprobarse hasta las siete semanas de embarazo, a pesar de que los expertos médicos de la FDA ha respaldado desde 2016 su uso hasta las 10 semanas de gestación.
El Gobierno rechazó pues este dictamen y acudió a la Corte Suprema para reclamar una paralización urgente del fallo del juez texano que asegure el suministro de la pastilla abortiva al menos mientras se dirime el caso ante la justicia.
La batalla legal por el acceso a la píldora abortiva se produce menos de un año después de que la mayoría conservadora de la Corte Suprema (seis jueces frente a tres progresistas) anulara la histórica protección federal del aborto establecida hace décadas en la sentencia de Roe v. Wade. Desde entonces, más de una docena de estados conservadores han prohibido o limitado el derecho a interrumpir el embarazo.
Para complicar aún más la situación, un juez federal en Washington había ordenado a la FDA que asegurara el acceso a la mifepristona bajo las reglas actuales en 17 estados gobernados por demócratas y en el Distrito de Columbia, que presentaron una demanda por separado. El Gobierno había afirmado que esta sentencia y la del juez texano entran en conflicto, creando una situación insostenible para la FDA.
