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Por Lawrence Hurley — NBC News
La Corte Suprema rechazó este viernes una impugnación a un programa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) que subsidia los servicios de telefonía e internet en zonas rurales o empobrecidas de Estados Unidos.
En un fallo redactado por la jueza progresista Elena Kagan, el máximo tribunal dictaminó que el Congreso no se extralimitó en su autoridad al promulgar en 1996 la ley que creó el Fondo de Servicio Universal, que exige a empresas de telecomunicaciones realizar pagos para subsidiar un «servicio universal» .
La corte, que cuenta con mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas, determinó además que la FCC podría delegar su autoridad a una corporación privada (la Compañía Administrativa del Servicio Universal) para administrar el fondo.
“Nada en estos acuerdos, ni por separado ni en conjunto, viola la Constitución”, escribió Kagan. Tres jueces conservadores y los tres progresistas respaldaron el fallo, frente al voto en contra de los otros tres conservadores.
Las tarifas, generalmente transferidas a los clientes, recaudan miles de millones de dólares al año que se destinan a prestar servicios de telefonía e internet, incluyendo escuelas, bibliotecas y hospitales.
Los demandantes afirmaron que el programa viola la “doctrina de no delegación”, una teoría adoptada por los conservadores que sostiene que el Congreso tiene poderes limitados para delegar su autoridad legislativa al Poder Ejecutivo.
Los tribunales inferiores se mostraron divididos sobre el tema, y tanto la FCC como una coalición liderada por Consumers Research, un grupo conservador, solicitaron a la Corte Suprema que intervenga.
Los opositores califican la tarifa del Fondo de Servicio Universal como un impuesto y afirman que solo los funcionarios electos, no los burócratas, tienen la facultad de imponerla.
La ley de 1996 es particularmente problemática porque no le indica a la FCC cuánto dinero puede recaudar a través del programa, argumentaron los abogados de los demandantes.
La Corte Suprema actual aún no ha adoptado la doctrina de no delegación, aunque en diferentes contextos, la mayoría de los jueces han mostrado su apoyo. Si el tribunal revitalizara la idea, las agencias se enfrentarían a nuevas limitaciones en sus facultades para implementar leyes y programas que buscan hacer cumplir leyes indefinidas promulgadas por el Congreso.
Aunque el Gobierno de Donald Trump ha buscado debilitar a las agencias federales despidiendo a miles de trabajadores, sus abogados defendieron a la FCC en el caso. La Administración asumió el control del caso de manos de la Administración del demócrata Joe Biden, que había apelado ante la Corte Suprema.
