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Una coalición integrada por más de 100 organizaciones, entre ellas entidades religiosas, defensores de los derechos de los inmigrantes y grupos de asistencia humanitaria, pidieron a los líderes del Congreso tener en cuenta las prioridades migratorias en el debate de la Ley de Gasto Social para el año fiscal 2022.
“A medida que avanzan las negociaciones para un proyecto de ley de gastos para todo el año fiscal 2022, los instamos a priorizar” asuntos migratorios críticos “que son necesarios para mejorar el sistema de inmigración y ayudar a millones de personas perjudicadas por graves deficiencias en el sistema”, se lee en una carta dirigida a los legisladores que encabezan la Cámara de representantes, el Senado y los comités a cargo de los debates de la iniciativa.
El grupo dijo que la denominada Ley de Gasto Social (Build Back Better -BBB-), puede brindar un “cambio transformador” al incluir las prioridades de inmigración en las asignaciones generales y “convertirlas en una “prioridad”.
Si bien el debate de la ley de gasto social permanece estancado en el Senado por desacuerdos en la bancada demócrata, la coalición no pierde la esperanza en que las conversaciones avancen y se logre un voto favorable en breve.
Para aprobar el BBB, los demócratas echaron mano al ‘paquete de reconciliación’ debido al rechazo de la bancada republicana. Esta herramienta legislativa permite la aprobación de leyes con mayoría simple (51 votos).
Tanto demócratas como republicanos tienen 50 votos cada uno y el desempate lo rompe la vicepresidenta, Kamala Harris. Pero los senadores Krystern Sinema (Arizona) y Joe Manchin (West Virginia) no están de acuerdo con la versión que se discute en la Cámara Alta, postura que tiene frenadas las conversaciones.
Dentro del plan propuesto por el liderazgo demócrata y que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca, pretenden incluir una enmienda para legalizar a millones de indocumentados, iniciativa que hasta ahora no cuenta con el visto bueno de la principal asesora del Senado (Parlamentarian), la abogada Elizabeth MacDonough.
En tres ocasiones entre septiembre y diciembre del año pasado, MacDonough ha dicho que la propuesta de regularización “aumentaría el déficit en $131,000 millones durante 10 años al crear una clase de personas elegibles (aquellas que han estado en el país durante 10 años o más) que calificarán para una concesión de libertad condicional”.
En vista de la incertidumbre generada por el rechazo de la Parlamentarian a la inclusión de la reforma migratoria en el BBB, la coalición solicitó al Senado que destine fondos en la ley de Gasto Social para la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y el Departamento de Estado (DOS) a efecto de reducir la acumulación y de mejorar los programas de ciudadanía.
Los fondos, señalan, permitirán “abordar los retrasos en el procesamiento a nivel de crisis y las deficiencias en el servicio al cliente exacerbadas por la pandemia de COVID-19 que han llevado a las familias a estar separadas, empresas incapaces de contratar o mantener trabajadores esenciales en su nómina, personas atrapadas esperando para naturalizarse, y personas que pierden su estatus mientras esperan” por la resolución de sus casos de beneficios legales disponibles.
El presupuesto del presidente Joe Biden de $345 millones solo abordaría un poco más de la mitad de la acumulación de casos de USCIS de 4.4 millones y, por lo tanto, un aumento de la financiación a $500 millones es imperativo”, se lee en la misiva.
En cuanto a fondos para el DOS, la coalición dice se debe priorizar la descongestión existente en la dependencia de Asuntos Consulares, que tiene una acumulación de casi 500,000 visas de inmigrantes y, por lo tanto, “debería recibir financiación comparable a USCIS” para aliviar las demoras.
Fondos para nuevos ciudadanos
En la carta, dirigida al senador Charles Schumer, líder de la Cámara Alta, la representante Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, los senadores Dick Dirbin, Patrick Leahyv y Jeanne Shaheen, y los representantes Steny Hoyer, Rosa DeLauro y Matt Cartwright, el grupo pide incluir fondos para mejorar “los programas que facilitan la integración de nuevos ciudadanos estadounidenses”.
“Facilitar la naturalización genera beneficios económicos, incluidas tasas más altas de ingresos y aumento de las tasas de propiedad de vivienda, lo que fortalece los mercados inmobiliarios locales y la base imponible”, indican
Las organizaciones también recomiendan a los líderes del Congreso aumentar el presupuesto destinado a programas de representación legal para inmigrantes adultos y Menores No Acompañados que se encuentran en proceso de deportación.
El grupo advierte que los $50 millones asignados por la Cámara al Departamento de Justicia para este propósito “no son suficientes para satisfacer el alto nivel de necesidad” y señalan que este “será un factor crítico de inversión inicial en este tipo de programas”.
