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Telemundo Noticias

La pausa en las deportaciones por 100 días de la Administración Biden ha ofrecido un soplo de esperanza a los inmigrantes que viven refugiados en iglesias santuario de todo el país para evitar su deportación. Algunos llevan años recluidos e incluso se han visto obligados a criar a sus retoños en los dominios del templo religioso. José Chicas, inmigrante salvadoreño de 55 años, regresó el viernes a su casa después de pasar pasar más de tres años en una iglesia de Carolina del Norte. «Tres años y siete meses.

Es fácil de decir, pero no fácil de creer», le dijo a su esposa al salir, según recoge ABC News. «Me asusté un poco porque no quiero ir a mi país. Mi esposa y mi familia están aquí», agregó. Chicas huyó de la guerra en El Salvador durante la década de 1980. Fue detenida en Texas en 1985 después de cruzar la frontera con México y fue puesto en libertad bajo fianza. En la década siguiente, fue condenado por conducir la influencia de sustancias (DUI, por su sigla en inglés) y abuso doméstico y rehizo su vida. Pero en junio de 2017, bajo la Administración del republicano Donald Trump, se vio obligado a refugiarse dentro de la Escuela de Conversión, una pequeña casa en los terrenos de una iglesia bautista en Durham.

En ese momento, enfrentaba una orden de deportación tras saltarse una cita en la corte de inmigración donde se le emitió una orden final de deportación. Ese año, su solicitud de asilo fue denegada. Bajo la Administración del presidente demócrata Barack Obama, esta población no se consideró una prioridad para la deportación debido a sus antecedentes penales limpios o casos comprensivos. Chicas jamás pensó que pasaría tanto tiempo encerrado. «No tenía idea de en qué me estaba metiendo. Pensé que serían tres o cuatro meses», declaró a CNN esta semana en una entrevista telefónica mientras empacaba y se preparaba para irse. Pero los meses se convirtieron en años. Ahora está agradecido de que las políticas del Gobierno de Biden le den otra oportunidad para pasar más tiempo con su familia. «Va a ser un cambio hermoso», afirmó.

No está claro qué pasará después de los 100 días de pausa en las deportaciones, pero Chicas confía en el nuevo presidente: «Tiene un corazón diferente al que acaba de irse y encontrará una solución para ayudar a millones de inmigrantes indocumentados», asintió. Francisca Lino, mexicana de 50 años, vivió en un apartamento encima de una iglesia de Humboldt Park, Chicago, durante tres años y medio hasta el sábado por la noche, que salió rumbo a su casa en Romeoville, según The Chicago Tribune. Lino, madre de seis, es otra de los muchos inmigrantes que el Gobierno sabía que vivían en el país ilegalmente y se les permitía quedarse, siempre que se comunicaran con los funcionarios de inmigración cada seis meses o un año.

Pero sintió miedo cuando la Administración Trump anunció en 2019 que los funcionarios federales comenzarían deportaciones a gran escala en las principales ciudades de Estados Unidos, incluida Chicago. Los tres años y medio en el santuario fueron muy difíciles, declaró Lino en una conferencia de prensa el sábado. Lino no pudo estar ahí cuando su hija dio a luz a su nieto. «Ella dijo que está feliz y que siente que puede salir de aquí sin miedo, no como hace un año», tradujeron para Lino. «Y dice que ahora que puede irse a casa y abrazar a sus hijos», añadió. Lino cruzó ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en 1999 y fue detenida. Le tomaron las huellas digitales y la devolvieron tras unas horas. Después de unos días, hizo un segundo intento y cruzó con éxito. Finalmente se instaló en Bolingbrook con su esposo, Diego Lino.

Lino fue arrestada en 2005 durante una entrevista para obtener su tarjeta de residencia porque su solicitud no revelaba que había sido arrestada anteriormente en la frontera, según señaló su abogado Christopher Bergin, que afirmó que Lino fue víctima de fraude notarial y que había sido honesta con los funcionarios de inmigración desde el principio. Se le entregó un aviso de deportación en marzo de 2017, durante un registro programado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y se le dijo que regresara a la oficina de inmigración el 23 de agosto con un pasaje de avión. Lino le pidió a su esposo que la llevara a la iglesia de Humboldt Park, de la que había sido miembro durante 15 años, para refugiarse. Durante la Administración Trump, mientras el Gobierno intensificaba sus medidas contra la inmigración ilegal, un número creciente de inmigrantes indocumentados buscó protección en las iglesias. Una política de ICE impide a la agencia a detener a cualquier persona en «lugares sensibles» – escuelas, hospitales o lugares de culto – excepto en circunstancias atenuantes.

En 2018, alrededor de 50 personas vivían en santuarios dentro de iglesias en todo el país, según Church World Service. Demanda a ICE Un grupo de mujeres inmigrantes refugiadas en templos religiosos presentaron una demanda contra ICE por las multas, en su opinión «abusivas», que les han impuesto por no acatar las órdenes de deportación. Apoyadas por grupos de derechos de los inmigrantes como Austin Sanctuary Network (ASN) y Free Migration Project (FMP), estas inmigrantes consideran que las multas por miles de dólares son una represalia contra los líderes del movimiento del santuario, especialmente mujeres. En declaraciones recogidas en un comunicado, Peggy Morton, líder del ASN, indicó que han sido «testigos a la horrible crueldad» de oficiales migratorios que han vigilado sus iglesias e impuesto en represalia «multas grandísimas», y han contribuido a la creación de «trauma» innecesario en estos migrantes.

El grupo de líderes presentó su demanda contra el ICE y varios de sus oficiales bajo la primera y octava enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que protegen los derechos a la libertad de religión y prohíben que el Gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles, respectivamente. También se basan en la ley de restauración de la libertad religiosa (RFRA), pues, en su opinión, la decisión de tomar santuario es un «acto de fe». Desde el verano de 2019, el ICE comenzó a mandar cartas a líderes en santuario con gran visibilidad pública amenazando con imponer multas de hasta medio millón de dólares. Finalmente los avisos fueron retirados, pero en 2020 comenzaron a multar a varios inmigrantes, que actualmente enfrentan infracciones de aproximadamente 60,000 dólares, según el comunicado. «Documentos recientemente recibidos gracias a una petición hecha por la Ley de Libertad De Información (FOIA, por su sigla en inglés) han demostrado que estas multas son parte de un esfuerzo coordinado por muchos años por oficiales de la Administración Trump y el ICE para perseguir y acosar las líderes en el movimiento santuario», aseguran los demandantes.

Vicky Chávez, una de las demandantes y que vive en Salt Lake City, Utah, indicó que las multas por «decir la verdad son injustas y una manera de callarnos».Otra de las firmantes de la demanda judicial, Hilda Ramírez, líder del movimiento santuario en Austin, estado de Texas, dijo sentirse «asustada y ansiosa» por la elevada cantidad que le pide el ICE, lo que en su opinión es una «extorsión». Sentimientos similares a los de Edith Espinal, quien está en santuario en Columbus (Ohio) y recuerda que en un primer momento experimentó «tanto miedo y coraje». David Bennion, director ejecutivo de Free Migration Project, dijo en el mismo comunicado que «buscar santuario es una defensa sagrada de los derechos humanos fundamentales». Entre otras formas de reparación, las demandantes piden que el ICE no pueda aplicar multas civiles, así como una disculpa formal por el daño que su persecución les ha causado. «Las multas civiles del ICE fueron diseñadas para callar a las líderes y son transparentemente punitivas», dijo Elena Hodges, del NYU Law Immigrant Rights Clinic.

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