Univision Noticias
El plan, que no necesita ser sometido al voto del Congreso, presiona al gobierno de Joe Biden para eliminar medidas punitivas incluidas en la actual política fronteriza, también desafía a los republicanos, quienes culpan a la Administración de impulsar una política de puertas abiertas y de haber agravado la crisis que se vive en la frontera con México.
Al respecto, Menéndez dijo que su propuesta incluye “maneras legítimas y humanas” de atender el problema y aporta soluciones dentro del marco legal. “Los procesos legales no son fronteras abiertas”, precisó.
A su vez, Menéndez, quien en 2013 integró el Grupo de los Ocho (que redactó una propuesta de reforma migratoria aprobada por la Cámara Alta, pero que se estancó en la Cámara de Representantes por falta de apoyo republicano), dijo que los permisos de trabajo recomendados para indocumentados e inmigrantes que ingresen por vías legales, “serán utilizados por extranjeros que ocuparán puestos laborales que los estadounidenses no quieren desempeñar”, y que los estados y empresarios “necesitan con urgencia. Eso tampoco se trata de fronteras de puertas abiertas”.
Los cuatro pilares del proyecto
El proyecto migratorio de Menéndez se basa en cuatro pilares que, asegura, ayudarán a gestionar “de manera efectiva” la migración en el hemisferio, además de establecer políticas fronterizas que mantengan el orden y la seguridad, no solo para beneficio de estados Unidos, sino también para migrantes y refugiados o buscadores de asilo.
Indicó que “si nuestros colegas (republicanos) quieren solución, debemos ordenar y actuar conforme lo permite la ley y el debido proceso”, y dijo que “tenemos el momento en el cual hay que buscar soluciones”. Y que si todo lo que se hace se critica (califica) como fronteras abiertas, entonces “nunca vamos a encontrar una solución”.
De acuerdo con el documento, al que Univision Noticias tuvo acceso en exclusivo, el plan se basa en cuatro puntos:
1) crea nuevos caminos legales y amplía las vías existentes para reducir la presión en la frontera sur;
2) expande la asistencia humanitaria para integrar mejor a los migrantes y refugiados en países de las Américas;
3) aumenta los recursos en la frontera para procesar a los solicitantes de asilo y deportar individuos sin reclamos legales para permanecer en Estados Unidos;
y 4) intensifica los esfuerzos para contrarrestar a las organizaciones delictivas transnacionales involucradas en la trata y el tráfico de personas.
Cómo ejecutar los pilares del plan
En cuanto a la creación de nuevos caminos legales de inmigración, el documento incluye la creación de un programa de libertad condicional para personas que puedan ocupar puestos que enfrenten escasez de mano de obra según lo determinen los gobernadores de los estados, tanto para personas que migran como para personas indocumentadas que ya están en el país.
También recomienda ampliar el acceso al programa de visas H-2 (trabajadores no profesionales tal como campesinos) en América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta las protecciones laborales en EEUU y el alcance de los empleadores en relación con estas visas.
Recomienda la reasignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Honduras, El Salvador, Nicaragua, y emitir una nueva designación de TPS para Guatemala a efecto de ampliar la elegibilidad y aumentar los períodos de tiempo.
Menéndez también incluye un aumento en el número de procesamientos de refugiados y continuar usando la libertad condicional humanitaria para más refugiados y migrantes originarios de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
A su vez, propone aumentar el número de agentes de asilo del servicio de inmigración en las fronteras para “aumentar las entrevistas de miedo creíble” así como extender el alcance de la aplicación CBP One más allá del norte de México, y que más personas puedan acceder a los programas legales de ingreso y una oportunidad de presentarse en un puerto de entrada autorizado.
La iniciativa también recomienda ampliar el programa piloto de patrocinio privado (advance parole, anunciado el 5 de enero) de refugiados para migrantes Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití y que puedan acceder inmigrantes del resto de Centroamérica.
Del aumento de recursos
En cuanto al aumento de recursos en la frontera, el plan incluye procesar y deportar (expulsar) de manera expedita a personas que no tienen un reclamo legal para permanecer en Estados Unidos, y trabajar con el Congreso para aumentar los recursos y partidas presupuestarias necesarias para llegar a cabo mejoras en la frontera.
A la pregunta si habló con el presidente Biden sobre el plan migratorio, Menéndez respondió que “no con él directamente. Pero sí con miembros de su Administración. Hablamos respecto a distintos elementos de este plan”.
“Lo que decidimos hacer es presentar un estudio estableciendo todos los elementos de lo que pudiera ser la política (migratoria de la frontera), poniendo todo a la misma vez para ver lo que pudiera tener aceptación por parte de la Administración. Y sobre aquello que no tenga aceptación por parte del gobierno, ver lo que hace falta de elemento legislativo”, agregó.
Además de señalar que el plan se complementa con el Acuerdo de Los Ángeles firmado el año pasado por Estados Unidos y representantes de los países de América que asistieron a la Cumbre de California, y con las políticas desarrolladas por el gobierno de Biden, Menéndez dijo que, “lo significativo es que el plan que estamos proponiendo es que la Administración tiene el gran poder Ejecutivo de hacer solo esto, no tiene que esperar al Congreso para pasar leyes y adquirir los elementos de que estamos hablando (y con ello revertir la crisis migratoria de la frontera”, concluyó.
La estrategia de Biden
Biden ha insistido, desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 2021, en que su política de inmigración cumple con lo autorizado por el Congreso. En el caso del asilo, la ley señala que son los tribunales de inmigración quienes deciden el futuro de los peticionarios.
Si bien el gobierno ha modificado temporalmente algunos reglamentos otorgando poderes discrecionales especiales para que sean agentes de asilo del servicio de inmigración quienes decidan si otorgan o no el beneficio legal y con ello descongestionar la Corte de Inmigración, que tiene más de 2.1 millones de casos acumulados, Menéndez insiste en el retiro de medidas punitivas y el respeto íntegro al debido proceso para todos los inmigrantes que llegan a la frontera huyendo de sus países de origen.
