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Los abogados del expresidente dijeron el jueves al juez que lleva el caso en Georgia que Trump no puede ser procesado porque lo que dijo sobre el fraude en las elecciones (aun siendo falso) está protegido por la Constitución.
Donald Trump quiere que la acusación de interferencia electoral que tiene en el condado de Fulton, Georgia, sea desechada sin llegar a juicio, argumentando que se le está penalizando el derecho a la libre expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución.
En una audiencia de cerca de dos horas que se realizó este jueves ante el juez Scott McAfee, del Tribunal Superior del Condado Fulton, se presentaron los argumentos a favor y en contra de una moción de Trump y otras dos de su coacusado David Shafer, que estuvo centrada en argumentos legales técnicos.
El juez no se pronunció ni dijo cuándo dará su resolución respecto a esas mociones, que ya fueron rechazadas en el caso federal sobre interferencia electoral que se le sigue en Washington DC.
La sesión marcó un regreso a la normalidad procesal tras la sacudida que sufrió el caso por afirmaciones de que la fiscal de distrito Fani Willis se benefició indebidamente de su relación romántica con Nathan Wade, fiscal especial contratado para el caso y que desembocaron en su alejamiento del caso.
¿Discurso político protegido o conspiración criminal?
«No se alega nada de hecho contra el presidente Trump que no sea el discurso político», le dijo al juez Steve Sadow, el abogado principal de Trump.
Sadow dijo que un presidente en funciones que expresa preocupaciones sobre una elección es «el culmen del discurso político» y que está protegido aun si lo que se dijo termina siendo falso.
A lo que el fiscal Donald Wakeford contestó diciendo que las afirmaciones de Trump no están protegidas por la Primera Enmienda porque son parte integral de una actividad delictiva.
«No es solo que hayan sido falsas. No es que el acusado ha sido llevado a un tribunal porque a la fiscalía no le gusta lo que dijo», señaló Wakeford, reconociendo que Trump es libre de expresar su opinión y realizar protestas legítimas.
«Lo que no tiene permitido es emplear su discurso, su expresión y sus declaraciones como parte de una conspiración criminal para violar el estatuto RICO de Georgia, hacerse pasar por funcionarios públicos, presentar documentos falsos, hacer afirmaciones falsas ante el gobierno».
La insistencia de Trump con la Primera Enmienda
Un argumento similar al que se escuchó en la corte de Atlanta este jueves, ya fue presentado por la defensa de Trump en el caso de interferencia federal en las elecciones contra Trump que lleva el fiscal especial Jack Smith.
Allí, la jueza Tanya Chutkan escribió en su fallo de diciembre que «está bien establecido que la Primera Enmienda no protege el discurso que se utiliza como instrumento de un delito».
Sin bien el juez McAfee no está obligado a seguir la línea establecida por Chutkan, muchos especialistas consideran que desechará la solicitud y permitirá seguir con el proceso.
Pese a ello, los abogados del expresidente insisten en el recurso, que se inscribe en la tradicional estrategia legal de Trump desde sus tiempos de empresario inmobiliario de plantear mociones para enlentecer la marcha de los casos en su contra.
En todos los casos que tiene abiertos ante la justicia federal y estatal, Trump ha dicho que equivalen a «interferencia electoral» porque le impiden poder dedicar todo su tiempo a la campaña.
El estado del proceso contra Trump en Georgia
La fiscal Willis está usando la amplia ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés) de Georgia para acusar a Trump y 18 personas más de participar en una conspiración generalizada para anular los resultados de la elección de 2020 en el estado.
Cuatro personas acusadas en el caso se han declarado culpables tras lograr acuerdos con los fiscales. Trump y los demás se declararon inocentes.
No se ha establecido ninguna fecha para el juicio. Willis ha pedido que el juicio comience en agosto, aunque la defensa del expresidente dice que debería realizarse después de las elecciones para no complicar la marcha de la campaña de Trump.
Unos días atrás, el juez McAfee desestimó seis de los 41 cargos de la acusación, incluidos tres contra Trump, al considerar que los fiscales no proporcionaron suficientes detalles sobre los presuntos delitos.
