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Mayda Cualio, una migrante guatemalteca, mostró a los agentes fronterizos que tenía una bala incrustada en el estómago y un embarazo de seis meses, pero no les convenció. Al cabo de unas horas, la retornaron a México y su intento de lograr asilo en Estados Unidos se desvaneció. Allí tocó fondo: por unas dos semanas, estuvo deambulando con su familia por las calles de México, durmiendo a la intemperie y subsistiendo con comida que le entregaban particulares.

Pero, finalmente, logró el auxilio que buscaba a través de una iglesia local y una abogada estadounidense. “La abogada ve los casos más delicados y esos son los que ella luego hace saber a Migración”, explica Mayda, ya en suelo estadounidense. “Y ya Migración le deja a uno saber qué día tiene que pasar a Estados Unidos”. Y así, ese día y a esa hora, la madre se presentó con sus hijos en el puente internacional de Hidalgo, entre Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas. Entró.

Ella es uno de los miles de casos humanitarios que el Gobierno de Biden ha procesado legalmente por los puertos de entrada, mientras que expulsa decenas de miles de manera casi automática bajo el argumento de la pandemia. En las últimas semanas, la Administración demócrata procesaba hasta 35 familias por día en toda la frontera.

A esta cifra, se le sumarán ahora 250 individuos al día, según avanzó CBS News y confirmó Noticias Telemundo con abogados involucrados en el proceso. “Una vez activado del todo el proceso y funcionando, un estimado de 250 individuos en situación particularmente vulnerable serán elegibles cada día para un procesamiento legal en los puertos de entrada, habiendo sido testeados de COVID-19 antes de su entrada a Estados Unidos”, dijo por email Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), a Noticias Telemundo.

¿Por qué están entrando migrantes? Esa cuota de migrantes aceptados en los puertos de entrada se negoció con varias organizaciones, incluidas ACLU y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP). Forman parte de una demanda colectiva para acabar con la aplicación del Título 42, que ha permitido que el Gobierno expulse de manera expedita a más de 100,000 migrantes al mes.

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