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En el informe realizado por WOLA y Kino Border Initiative denuncian que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiene «un problema persistente de abusos a los derechos humanos», y que prácticamente no rinde cuentas por ello.
Un nuevo informe realizado por dos organizaciones defensoras de derechos humanos documenta miles de abusos contra migrantes cometidos por agentes federales de EEUU en la frontera con México en los últimos años.
El informe fue realizado por la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización que promueve los derechos humanos en las Américas; y la Iniciativa Kino para la Frontera (Kino Border Initiave, KBI, por sus siglas en inglés), una organización católica binacional de protección de migrantes que opera en las áreas de «los dos Nogales» (Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, México).
Ambas organizaciones denuncian que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la mayor agencia civil de seguridad del gobierno federal, tiene «un problema persistente de abusos a los derechos humanos», y que prácticamente no rinde cuentas por ello.
En el informe se ofrecen vastos ejemplos de presuntos abusos y de politización en el comportamiento de agentes federales desde el año 2020, que en algunos casos tiene como resultado la pérdida de vidas,.
La investigación destaca que mientras los casos más graves, como las muertes de migrantes, ocurren con menos frecuencia, hay muchos otros ejemplos de crueldad y victimización que ocurren a diario.
«Casos de alto perfil de uso indebido de fuerza letal, peligrosas persecuciones de vehículos o negligencia fatal ocurren en medio de un contexto cotidiano de conducta cruel, deshumanizante e incluso racista. El personal de CBP y de la Patrulla Fronteriza utiliza rutinariamente la violencia física, incluso con mujeres y niños, sin una justificación de defensa propia. Regularmente intimidan a los migrantes con un lenguaje abusivo, incluso racista o sexista. Deportan y expulsan a personas en condiciones que saben que son peligrosas. Separan familias. Confiscan y no devuelven documentos importantes y pertenencias valiosas. Se niegan a proveerles alimentos, agua y asistencia médica. Falsifican documentos. Cometen discriminación racial. Acosan sexualmente a los migrantes y a sus propios compañeros. Violan la privacidad y las libertades civiles, y adoptan puntos de vista politizados e insubordinados».
Ejemplos de abusos y denuncias en el informe: los de impacto y los sistémicos
El informe, que según sus autores es un producto de años de trabajo documentando violaciones de derechos humanos de agentes del orden de EEUU contra migrantes, recoge denuncias y sucesos de distintos grados registrados en la frontera.
Los ejemplos más claros e impactantes, que por lo general se encuentran entre los pocos casos que se investigan, son los que tienen un desenlace fatal. En el informe se recogen al menos 13 casos de muertes de migrantes en las que «hay razones para creer que los agentes de CBP o de la Patrulla Fronteriza pueden haber (1) usado fuerza letal en circunstancias en las que no está claro si enfrentaban una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales, o (2) fallado en evitar la muerte de una persona bajo su custodia».
Entre estos casos figuran como ejemplos las muertes del mexicano David Ángel Villalobos Baldovinos el 23 de octubre de 2020, a quien le disparó un agente de la Patrulla Fronteriza tras una presunta pelea en el puerto de entrada de San Ysidro, o la del cubano Diosmani Ramos, el 29 de enero de 2021, a quien también le disparó un agente de la Patrulla Fronteriza al salir del río Bravo en Hidalgo, Texas, porque llevaba una piedra en la mano. En el caso de Ramos, su pareja denunció que el agente le había disparado una segunda vez, después de que ya él se encontraba herido en el suelo.
El informe también recoge otros casos de migrantes que, si bien no murieron, sí fueron seriamente lesionados por agentes de CBP o la Patrulla Fronteriza, sin indicios de que estos enfrentaran una real amenaza para su vida o su seguridad. Entre los ejemplos que mencionan en este apartado está el caso de Marisol García Alcántara, una migrante indocumentada mexicana de 37 años, madre de tres hijos, que viajaba en el asiento trasero de un vehículo contra el cual un agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona, disparó el 16 de junio de 2021, hiriendo a la mujer.
Sin embargo, a pesar de haber sido herida y operada por tener alojados fragmentos de bala en el cerebro, García fue deportada sin dar testimonio ni declaraciones y sin que ninguna agencia investigara su caso.
