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Un elemento a destacar en el informe es la inclusión de una categoría de abuso de la fuerza «especialmente controvertida», como son las persecuciones arriesgadas y temerarias a alta velocidad de agentes fronterizos a vehículos sospechosos de transportar a migrantes indocumentados. Este tipo de eventos ocasionó la muerte de 23 personas en 2021 y 21 en 2022, denuncian las organizaciones.
También se incluyen denuncias de uso indebido de la fuerza a la hora de controlar multitudes, como las polémicas imágenes que dieron la vuelta al mundo en septiembre de 2021, cuando agentes a caballo cargaron amenazadoramente contra un grupo de migrantes haitianos, incluidos menores, en medio de una crisis migratoria en Del Río, Texas.
Pero a pesar de estos ejemplos que encabezan titulares o generan investigaciones internas por su gravedad e impacto, este informe hace incapié en los casos de violencia sistemática y discriminación que ocurren a diario sin mayores repercusiones, y que, de no ser por la iniciativa de las propias víctimas, sus defensores, o algunos medios de comunicación, las oficinas de responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional probablemente nunca las conocerían.
«Estos casos no implican la pérdida de vidas, pero sí implican sufrimiento y peligro infligido por CBP y personal de la Patrulla Fronteriza. Parte de este sufrimiento es grave, incluidos los daños corporales y el maltrato de menores. Gran parte son actos “cotidianos” de crueldad y victimización que apuntan a una toxicidad generalizada dentro de la cultura organizacional de las agencias federales de aplicación de la ley en la frontera».
Ejemplos de esta violencia cotidiana se suscitan muchas veces a la hora del encuentro con la Patrulla Fronteriza y su detención. Un proceder denunciado en varias ocasiones son los llamados “traslados bruscos”, definidos como “la práctica de operar intencionalmente un vehículo de una manera que causa daño físico, miedo u otras molestias a sus pasajeros”.
El informe menciona una caso reportado por KBI y NETWORK y ocurrido el 17 de abril de 2021, cuando una familia salvadoreña (una mujer con sus dos hijos de un año, su hermano, su prima y la hija de su prima) se detuvo una vez en territorio estadounidense al avistar un vehículo de la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, cuando el agente se bajó, lo hizo directamente aputándole con un arma a la mujer y llamándoles «terroristas», «ratas» y «criminales». Ellos solo conseguían llorar y decir que querían pedir asilo, pero el agente seguía apuntándoles con el arma, hasta que un segundo agente se acercó para calmar a su compañero y desescalar la situación, pero aún así, cuando la mujer repitió su solicitud de asilo, los agentes la ignoraron y les dijeron que no hablaban español.
Otros casos de violaciones de derechos humanos tienen que ver con las condiciones en las que son mantenidos bajo custodia los migrantes, a veces en frío intenso, hacinados, y sin condiciones básicas de higiene y privacidad. También se registra con frecuencia la negativa a brindarles alimentos, agua o atención médica, lo que en algunos casos ha sido mortal o, por ejemplo, ha causado pérdidas de embarazos. Defensores de migrantes también denuncian que agentes federales bloquean el acceso de los solicitantes de asilo a un abogado mientras están bajo custodia.
El informe también asegura que aunque en números mucho menores con respecto a los de la administración de Trump, bajo custodia de CBP y la Patrulla Fronteriza se sigue separando a familias.
«Los niños siguen siendo separados de abuelos, tíos, primos adultos, tutores legales y otros cuidadores que no forman parte de una familia nuclear tradicional, o de los padres, si los agentes descubren que fallan en una verificación de antecedentes o desean procesarlos», alega la publicación.
Datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU muestran que 102 niños migrantes fueron separados de sus padres durante el año fiscal 2022 y abogados y organizaciones defensoras aseguran que el número real es mayor. También se separa a parejas y a hermanos adultos.
La impunidad de los abusos en la frontera
De acuerdo con este informe, la gran mayoría de estos casos de abusos, aún después de ser denunciados, no suelen recibir atención, ser investigados o señalar responsablidades y culpables. El proceso de respuesta fue «opaco, desconcertante y lento». Solo el 1% de las quejas dio lugar a medidas disciplinarias.
Entre 2010 y 2022 KBI rastreó 78 denuncias presentadas en nombre de inmigrantes que sufrieron algún tipo de abuso. De estas, el 95% no dio lugar a una investigación o a medidas disciplinarias. El 35% se registraron en una base de datos sin que se tomaran medidas, el 25% de los casos se reconocieron pero quedaron en el camino, el 14% se cerraron por litigios en curso o recomendaciones previas, el 10% se cerraron por falta de pruebas o porque se determinó que no se violaron las políticas y el 4% condujo apenas a recomendaciones que no está claro que luego se sigan en la práctica. En algunos de los casos llevó hasta dos años que las autoridades emitieran algún tipo de respuesta.
Recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en la frontera
El informe identifica varios puntos que suelen fallar dentro del proceso de rendición de cuentas y ofrece más de 40 recomendaciones para intentar solucionar estos errores, incluida la reforma de los procesos de recepción e investigación de denuncias; mayor supervisión del Congreso; un sitio web para rastrear el estado de las quejas; y transparencia general.
«Algunas de estas recomendaciones son técnicas y pretenden agilizar procedimientos innecesariamente engorrosos. Otras son presupuestarias y se centran en la escasez de recursos. Algunas exigen un cambio cultural, cambios de personal y un enfoque fundamentalmente distinto a la supervisión. La mayoría requerirían poca o ninguna legislación por parte de un Congreso que se encuentra estancado», alega el informe, que insiste en que es de «suma importancia que existan mecanismos para exigir responsabilidades a quienes violan los derechos humanos».
«Una frontera entre Estados Unidos y México bien gobernada y que trate con humanidad a las personas migrantes y solicitantes de asilo es posible y no debería considerarse una aspiración inalcanzable», alega la publicación.
