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El régimen de aislamiento en las cárceles de ICE está dejando “un legado de daños”, escribieron los abogados en un informe entregado a los miembros del Comité Judicial del Senado. La petición se basa “en las experiencias de varios miembros de AILA” con clientes que han estado sujetos a confinamiento solitario mientras esperaban audiencias de inmigración, a veces durante meses.
En un escrito hecho llegar a los miembros del Comité Judicial del Senado durante una audiencia para hablar sobre los daños causados por el confinamiento solitario de inmigrantes indocumentados en cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) reiteró el llamado a eliminar esta práctica debido a los daños que causa a los afectados.
En la misiva de cuatro páginas, la asociación, que agrupa a unos 16,000 abogados de inmigración y profesores de derecho en universidades a lo largo y ancho del país, expresa su “profunda” preocupación sobre este asunto que ya ha sido ventilado en varias otras audiencias en los últimos sin cambios significativos.
El régimen de aislamiento en las cárceles de ICE está dejando “un legado de daños”, escribieron los abogados y señalaron que el contenido de la carta y la petición se basa “en las experiencias de varios miembros de AILA” con clientes que han “estado sujetas a confinamiento solitario mientras esperaban audiencias de inmigración”.
Agrega el informe que durante la audiencia “se plantearon profundas preocupaciones sobre el problema específico que enfrenta el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que
está utilizando ampliamente el confinamiento solitario sin medidas de protección adecuadas”, un método que “está causando un daño tremendo a las personas, incluidas muchas que padecen problemas de salud mental y otras condiciones vulnerables”.
Piden apoyo a métodos alternativos
No solo el confinamiento solitario preocupa a los abogados de AILA. La carta también menciona lo que definen como “un problema más amplio con la estrategia del DHS”, en referencia al “uso generalizado e innecesario de la detención física” se inmigrantes.
“AILA hace un llamado al Congreso y al gobierno de Joe Biden para que se distancien de la detención en el trabajo para lograr el cumplimiento de las leyes de inmigración”, señalan.
También precisaron que la detención de inmigrantes “es excepcionalmente costosa y no puede justificarse cuando el Congreso debería financiarla”, recomendando en su efecto “alternativas efectivas a la detención que faciliten los objetivos de aplicación del gobierno sin privar a las personas de su libertad”, en referencia a las prioridades de detención, enfocadas únicamente en aquellos extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza de Estados Unidos.
AILa define el confinamiento solitario en centros de detención de inmigrantes como el aislamiento de una persona durante 22 horas o más al día sin contacto humano significativo, una práctica para la cual ICE no utiliza el término “confinamiento solitario”, pero establece políticas empleando en su lugar el término «segregación».
El escenario actual
Las políticas actuales de ICE y los estándares de detención “permiten el uso de medidas administrativas y segregación disciplinaria”, explica AILA. Y señala que en 2012 el Congreso celebró la primera audiencia sobre el confinamiento solario cuando en ese momento ICE registró “la mayor capacidad de detención de la historia del país con financiación para un promedio diario de 34,000 camas.
En los doce años transcurridos desde esa primera audiencia, el Congreso ha aumentado los fondos para la detención de inmigrantes en las cárceles de ICE “y actualmente financia a la agencia para detener a 41,500 personas diariamente”, precisó AILA.
El informe también detalla que, en 2023, ICE mantuvo bajo custodia a 273,220 no ciudadanos. Y que los abusos contra los derechos humanos experimentados por los no ciudadanos detenidos por ICE “están bien documentados y demuestran que la agencia ha utilizado la detención a un nivel inaceptablemente alto, a menudo innecesariamente, causando graves penurias, daños e incluso la muerte a las personas bajo custodia de la agencia federal.
Informe lapidario
Para justificar las afirmaciones, AILA cita una reciente publicación de un informe elaborado por Médicos por los Derechos Humanos (PHR), trabajo elaborado por estudiantes y profesores del Programa Clínico de Inmigración y Refugiados de la
Facultad de Derecho de Harvard y miembros del Laboratorio de Inmigración Peeler de la Facultad de Medicina de Harvard, donde se demuestra “la enorme amplitud del uso del régimen de aislamiento” utilizado por el gobierno.
El citado informe encontró que entre 2018 y 2023, ICE realizó más de 14,000 colocaciones en confinamiento solitario y el tiempo medio que una persona estuvo confinada en régimen de aislamiento fue de 27 días, “lo que supera con creces el umbral de 15 días que las Naciones Unidas consideran ‘tortura’.
El reporte del PHR denunció además que, cerca de 700 extranjeros privados de libertad en cárceles de ICE fueron puestos en régimen de aislamiento durante períodos de al menos 90 días, y otros 42 permanecieron bajo este régimen más de un año.
AILA dice que los informes “han detallado los daños físicos y mentales experimentados por las personas en régimen de aislamiento y confinamiento”. Y que estos hallazgos “son impactantes y deberían obligar a la Administración y a los legisladores tomar medidas inmediatas para investigar y detener estas prácticas que causan dolor y sufrimiento”.
Las recomendaciones de AILA
El informe de AILA sobre la audiencia ante el Comité Judicial urge al Senado “a continuar con la supervisión que se necesita con urgencia del régimen de aislamiento y prácticas de detención de inmigrantes”.
Agrega que, simultáneamente, “también debería seguir financiando alternativas a la detención (ATD), en particular aquellos que utilizan un modelo de gestión de casos basado en la comunidad, al tiempo que reducen la financiación para detención similar a una cárcel”.
A su vez, recomiendan, “el Congreso debería asignar fondos para garantizar la representación legal de personas en procesos que no pueden permitirse un abogado”.
“Si bien el gobierno tiene un interés de poder legítimo “en garantizar el cumplimiento de las leyes de control de inmigración, las prácticas de detención del DHS son totalmente inaceptables y no pueden quedar sin control”, puntualiza el informe.
Ante este escenario, los abogados de AILA instaron al Congreso y a la Administración Biden a actuar sin demora para implementar políticas “más humanas, justas y eficientes”.
Entre las recomendaciones, AILA incluyó establecer un grupo de trabajo interinstitucional encargado de reformar las políticas y
práctica para garantizar la drástica reducción del régimen de aislamiento.
El grupo, sugiere, debe estar integrado por el liderazgo del DHS “y las agencias de supervisión, como la Oficina de Derechos y Libertades Civiles (CRCL) y Oficina de Detención de Inmigración
Defensoría del Pueblo (OIDO)”. Y en segundo lugar, “el DHS debería realizar una investigación sobre el uso del régimen de aislamiento en todas sus instalaciones y elaborar un informe en no menos de tres meses”.
