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Univision Noticias

La jueza Dolly Gee fijó plazo al gobierno para hacer que se respete el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la privación de libertad de mejores de edad en cárceles federales. La medida también busca protegerlos del covid-19.

Una jueza de distrito de California ordenó este viernes que el gobierno libere a los menores detenidos en tres centros familiares de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y cumpla con lo estipulado por un acuerdo judicial vigente desde 1997.

La jueza Dolly Gee denunció además la detención prolongada de familias que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo tras huir de sus países.

La orden protege a todos los menores detenidos por más de 20 días, plazo máximo estipulado por el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad en centros de detención federales.

«El fallo es importante porque la jueza Gee está buscando proteger a los niños y a sus padres del covid-19», dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). «Y demuestra la independencia de los tribunales de justicia ante el ejecutivo», agregó.

A la fecha la pandemia del coronavirus ha infectado a 2,467,658 personas en Estados Unidos y causado 125,046 muertes.

El plazo

El fallo determina que ICE debe poner en libertad a más tardar el 17 de julio a los menores y sus padres detenidos en centros ubicados en los estados de Texas y Pensilvania, que operan bajo el mando de ICE.

Muchos de los detenidos llegaron al país en 2019. “Llevo 290 días aquí con mi hija de 15 años”, dijo a Univision Noticias María, una inmigrante de origen hondureño detenida en el centro de detención familiar Dilley, en las afueras de San Antonio (Texas).

María, cuyo nombre es otro, pero pidió mantener su verdadera identidad bajo reserva, dijo que desde que fue detenida en la frontera y pedir asilo, fue enviada a ese centro de ICE. Dijo que espera acudir a una cita ante un juez de inmigración que decidirá su futuro inmediato y el de su hija en Estados Unidos.

Detalles del fallo

Los centros de detención familiar «están ‘en llamas’ y no hay más tiempo para medias tintas», escribió la jueza Gee, según un reporte de The Associated Press.

Desde que el país entró en cuarentena la tercera semana de marzo, los más de 32,000 inmigrantes detenidos en las cárceles de ICE a nivel nacional, entre ellas los centros familiares, claman por ser liberados para protegerse del covid-19.

Pero la agencia ha señalado que está dando prioridad a detenidos mayores que no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, y también a inmigrantes vulnerables y mujeres embarazadas.

Al 24 de junio en los centros de detención de ICE había 23,429 detenidos, se han llevado a cabo 8,858 pruebas de covid-19 y se registran 2,572 casos positivos de la enfermedad.

El centro familiar de Dilley no reporta casos positivos de covid-19. Pero el South Texas ICE Processing Center, situado en la misma zona, registra 47 casos, de acuerdo con la base de datos de ICE publicada en su sitio de internet.

Los detenidos

En mayo ICE dijo que estaba deteniendo a 184 niños en los tres centros de detención y que estaban separados de otro grupo de unos 1,000 bajo custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), catalogados como menores No Acompañados (UAC).

La cifra total de menores ha caído significativamente desde principios del gobierno de Trumpporque el DHS está deportando a la mayoría de quienes intentan cruzar la frontera o les exige que esperen sus casos de inmigración en México, bajo el amparo del Programa de Protección del Migrante, que hasta el 18 de marzo había devuelto a más de 62,000 muchos de ellos menofres de edad.

Pero la mayoría de los padres que están encarcelados con sus hijos, como el caso de María, se niegan a firmar documentos para que sus hijos sean entregados a patrocinadores. “Eso es una deportación forzada y no lo vamos a permitir”, dijo la inmigrante hondureña vía telefónica.

Organizaciones y activistas insisten en que ICE debe liberar a todas las familias y evitar que se contagien por covid-19 y pongan en riesgo sus vidas.

La batalla de Gee

La jueza Gee ha librado una larga batalla legal en defensa del cumplimento del Acuerdo Judicial Flores de 1997. El 24 de julio y el 21 de agosto de 2015, durante el gobierno de Barack Obama, Gee ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio de ese año por la Casa Blanca, cuando iban más de 46,000 arrestos de niños no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza y un número similar de unidades familiares.

A finales de septiembre de ese año la cifra superó los 68,000. El gobierno liberó a más del 95% de las familias detenidas con una orden para presentarse ante una corte de inmigración y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país.

El resto permaneció en centros de detención habilitados por ICE para disuadir a otros migrantes que hicieran el viaje en busca de asilo.

Los Menores No Acompañados (UAC) fueron entregados bajo la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

Intento fallido

Tres años más tarde, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, solicitó a la corte presidida por Gee, como parte de la implementación de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, que deje sin efecto el Acuerdo Judicial para que permitiera la detención de familias migrantes y menores por tiempo indefinido.

La jueza denegó el pedido y describió la solicitud como «un intento cínico» de deshacer un añejo acuerdo judicial. Y dijo además que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de menores que cruzaron la frontera de sin documentos en busca de asilo.

Sessions pidió a Gee alterar el acuerdo de 1997 después de que Trump diera marcha atrás marcha atrás a su política de ‘tolerancia cero’ que causó indignación cuando los niños pequeños eran separados forzosamente de sus padres tras levantarles a estos cargos criminales por ingreso ilegal al país, siendo que la presencia indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil.

Sessions fue despedido por Trump en noviembre de 2018 por desacuerdos, entre otros motivos, por el manejo de la política de tolerancia cero en la frontera con México.

El gobierno de Trump apeló los fallos emitidos anteriormente por la jueza Gee ante la Corte de Apelaciones del 9o Circuito. Abogados dijeron que no se descarta que el caso llegue a la Corte Suprema como ha ocurrido con otras medidas destinadas a poner freno a la inmigración indocumentada.

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