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FUENTE UNIVISIÓN

El máximo tribunal de justicia del país aceptó revisar dos casos relacionados con la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump, uno sobre los fondos para construir el muro en la frontera con México y otro sobre un programa que obliga a los migrantes esperar en México la resolución de sus casos de asilo en EEUU.

La Corte Suprema de Justicia anunció este lunes que escuchará dos apelaciones sobre inmigración, una relacionada con fondos para la construcción del muro en la frontera con México y otro sobre el programa MPP, que obliga a extranjeros solicitantes de asilo permanecer en territorio mexicano hasta que sus casos sean resueltos por los tribunales estadounidenses. Tanto la construcción del muro como el programa de asilo (Programa de Protección del Migrante -MPP-), constituyen la base de la política de ‘tolerancia cero’ del presidente Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

El mandatario ha buscado desde un comienzo el freno a la inmigración tanto legal como indocumentada, señalando -en el segundo caso- que los extranjeros que vienen al país en busca de refugio están abusando de lo que llama “lagunas” en la ley vigente. La primera demanda El primer caso corresponde al uso de $2,500 millones de fondos militares para la construcción de nuevos tramos del muro fronterizo que Trump durante la campaña presidencial anterior prometió construir en la frontera con México, que tiene una extensión de más de 2,000 millas (3,200 kilómetros).

El dinero asignado proviene del desvío de recursos del Departamento de Defensa que corresponden a fondos de pensiones y salarios militares, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien encabezó la demanda. El grupo de derechos civiles ha señalado que el Congreso “negó explícitamente” la autorización para el uso de estos fondos. Tras el rechazo del legislativo, se produjo la demanda conocida como Sierra Club v. Trump, presentada por la ACLU en nombre de Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur. Batalla jurídica «Todo el mundo sabe que Trump no logró que el Congreso financiara su obsesión por el muro xenófobo y todos los tribunales inferiores que han examinado el caso han descubierto que el presidente no tiene autoridad para gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes en la construcción», dijo Dror Ladin, abogado principal del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. «Esperamos presentar el mismo caso ante la Corte Suprema y finalmente poner fin a la toma de poder inconstitucional de la administración», agregó.

Un tribunal de distrito y un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, fallaron que el intento del presidente de eludir al Congreso y transferir $ 2,500 millones en pagos militares y fondos de pensiones para la construcción del muro fronterizo es ilegal. El tribunal de distrito bloqueó la construcción del muro, orden que ratificó el 9o Circuito, apuntó la ACLU. “Sin embargo, debido a una suspensión anterior de la Corte Suprema en la orden del tribunal de distrito, la administración Trump ha continuado la construcción utilizando fondos no autorizados por el Congreso”, precisó. La ACLU dijo además que la construcción del muro fronterizo “está profanando tierras ancestrales y funerarias, destruyendo paisajes protegidos y amenazando la vida silvestre”.

El gobierno no cede Si bien hasta ahora ningún tribunal inferior ha dictado un fallo en firme y la Corte Suprema aún no ha decidido el resultado final del caso, el gobierno sigue eludiendo deliberadamente la decisión del Congreso de no financiar la construcción del muro, añade la ACLU. “Ningún tribunal ha sugerido que el Sierra Club y SBCC no enfrentan lesiones reales por las acciones de Trump”. agrega. Los demandantes señalan que el gobierno sostiene que ninguna parte lesionada, ni los clientes de la ACLU, ni los estados afectados, ni siquiera el Congreso, “pueden acudir a los tribunales para impugnar las acciones de la administración”. Pero recuerdan que la Corte de Apelaciones del 9º Circuito rechazó enérgicamente ese argumento en junio, advirtiendo que «este es un caso poco común en el que el poder judicial puede tener que intervenir para determinar dónde se encuentra la autoridad entre las fuerzas democráticas en nuestro esquema de gobierno».

La ACLU explica que el tribunal concluyó que el Congreso «se negó a proporcionar fondos adicionales para proyectos en otras áreas, y se negó a proporcionar los $ 5,700 millones solicitados por el presidente”, por lo que ahora corresponde a los tribunales “hacer cumplir las prioridades del Congreso”. El MPP El segundo programa que revisará la Corte Suprema corresponde al denominado Programa Permanecer en México o Programa de Protección del Migrante (MPP), activado en enero de 2019 y que obliga a los solicitantes de asilo esperar en territorio mexicano hasta que sus casos sean resueltos por los tribunales de inmigración estadounidenses. Hasta la tercera semana de marzo, antes del cierre de la frontera por la pandemia del coronavirus, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había dicho que más de 62,000 migrantes, la mayoría de ellos originarios de Centroamérica, habían sido retornados tras pedir asilo en la frontera. Tras el cierre decretado por el covid-19, el número de casos de asilo bajó considerablemente, de acuerdo con las autoridades de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP).

La Corte Suprema, como suele hacerlo cuando notifica que revisará casos, no hizo comentarios al respecto. El calendario de la Corte Suprema se encuentra repleto, por lo que ambos casos no serán escuchados hasta 2021. El curso del proceso En febrero una corte de apelaciones bloqueó el programa indicando que estaba en desacuerdo tanto con la ley federal como con los tratados internacionales y causaba «daños extremos e irreversibles». Pero la Corte Suprema en marzo suspendió ese dictamen mientras consideraba escuchar una apelación, permitiéndole al gobierno seguir implementándolo. Peticionarios de asilo afectados por el MPP y grupos legales, representados por la ACLU, denunciaron en julio que la disputa jurídica sigue y que el gobierno, utilizando la pandemia del covid-19, cerró la frontera a los solicitantes de asilo. El gobierno argumenta que la suspensión actual del MPP constituye una “respuesta temporal a la pandemia», pero los demandantes alegan que las restricciones impuestas en la frontera perdurarán mucho más allá de la emergencia de salud pública. Abogados y activistas advierten además que los más de 62,000 casos que aguardan en México la resolución de sus peticiones de asilo deben enfrentar además un gigantesco atasco en las cortes de inmigración con más de 1.2 millones de casos acumulados y unos 480 jueces.

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