Univision Noticias
En la actualidad, la ley permite que extranjeros que están en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972 de manera ininterrumpida califican para pedir la residencia. El plan demócrata sustituye la fecha a cambio de un mínimo de permanencia de 7 años.
Pero para convertirse en realidad, la bancada demócrata de la Cámara de Representantes no solo deberá aprobarlo, sino convencer al Senado. Y la mañana de este martes una fuente conocedora de las conversaciones dijo a Univision Noticias que el proyecto, que todavía no ha nacido, tiene “ningún” chance de ser debatido o enviado al pleno.
La modificación de la fecha de la Ley del Registro ya fue considerara el año pasado por el Senado en los esfuerzos para convencer a la principal asesora de la Cámara Alta (Parlamentarian), Elizabeth MacDonough, para incluirla en una enmienda dentro del paquete de gasto social que aún no ha sido aprobado.
La opinión de MacDonough
El 29 de septiembre MacDonough dijo a un panel de asesores que el cambio de fecha de la Ley del Registro (en ese momento parte de una propuesta migratoria bautizada como Plan B), “nuestro análisis de este tema es en gran medida igual que la propuesta de LPR (residencia legal permanente)” presentada en primera instancia y que fue rechazada 10 días antes.
“Si bien esta propuesta de registro no es una política de inmigración completamente nueva, aún se distingue del texto de PRWORA (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996) en que es un ajuste de estatus a través de una enmienda a la INA (Ley de Inmigración) y no es independiente de los diversos programas de beneficios del gobierno”, agregó.
La respuesta añadió que “el cambio de estatus a LPR sigue siendo un cambio de por vida en circunstancias cuyo valor supera ampliamente su impacto presupuestario”. MacDonough también ha dicho que la legalización de millones de indocumentados propuesta por los demócratas “aumentaría el déficit en unos $131,000 millones durante al menos una década”.
El nuevo plan
A pesar del rechazo de septiembre, los demócratas de la Cámara Baja insistirán con el plan a menos de cuatro meses de la elección de medio término del primer martes de noviembre, cuando los electores acudan a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Un comunicado de la Coalición por los Derechos Humanos de Los Ángeles (CHIRLA) señaló que el nuevo proyecto de ley, denominado ‘Renovación de las Disposiciones de Inmigración de la Ley de Inmigración de 1929’, será presentado en una conferencia de prensa el miércoles por los representantes demócratas por California Zoe Lofgren, Norma Torres y Lou Correa, junto con Grace Meng y Adriano Espaillat (Nueva York) y Jesús “Chuy” García (Illinopis).
La iniciativa establece 7 años de elegibilidad de presencia física permanente en Estados Unidos para calificar a la residencia legal permanente. “Incorpora un componente continuo para que no se requiera legislación futura para actualizar el registro de Ley de Inmigración (INA)”, señala un borrador compartido con la publicación Latino Rebels el fin de semana.
“La presencia de siete años asegura que el registro no se vuelva obsoleto con el tiempo”, indica el aviso difundido por CHIRLA. La organización dijo que el plan puede favirecer hasta unos 8 millones de indocumentados.
Una segunda fuente en el senado indicó que, “para tener éxito en el pleno se requieren 60 votos. Eso significa que como mínimo hacen falta 10 votos republicanos que no tenemos. Y tampoco están garantizados los 50 votos demócratas”, indicó, en referencia a la postura crítica del senador Joe Manchin (West Virginia).
La Ley de 1972
Un informe del American Immigration Council (AIC) señala que la Ley del Registro (Registry) “permite a ciertos no ciudadanos que llevan tiempo viviendo en Estados Unidos, pero que son indocumentados o están presentes en el país bajo algún tipo de estatus migratorio temporal, ‘registrarse’ para recibir el estatus de Residente Legal Permanente (LPR)”.
Para calificar, el extranjero debe demostrar que se encuentra en territorio estadounidense al menos desde el 1 de enero de 1972 o antes, tener buen carácter moral y residencia continua desde su ingreso.
“Nada de órdenes de deportación, ni salidas voluntarias, ni crímenes, ni faltas, ni nada que los convierta en inadmisibles”, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.
“Hace muchos años que no tengo un caso de estos. Se usó mucho con la Amnistía de (Ronald) Reagan y desde entonces no la he visto. Pero está vigente”, indica.
“Si logran aprobarla y modifican la fecha de registro (de la entrada al país), sería una solución beneficiosa para miles de indocumentados y personas con acción diferida o titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS)”, agrega.
El nuevo plan no incluye una fecha específica, sino un tiempo mínimo de permanencia de siete años.
La actual fecha de registro, el 1 de enero de 1972, “se fijó en 1986”, explica el AIC. Y añade que “esta fecha es ahora tan lejana que pocas personas son elegibles”.
Sin embargo, señala, “el Congreso tiene el poder de adelantar la fecha nuevamente en cualquier momento, lo que potencialmente permitiría que millones de no ciudadanos se conviertan en LPR y, en última instancia, en ciudadanos estadounidenses”.
Los requisitos
Los requisitos actuales de la Ley del Registro indican que el beneficiario no necesita de un patrocinador, un examen médico y una declaración jurada de apoyo financiero. Y además deben cumplir con las siguientes condiciones, a saber:
- Haber entrado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972;
- Permanencia continua desde esa fecha;
- Buen carácter moral;
- No es inadmisible en Estados Unidos (no ha cometido crímenes que lo conviertan en inamisible);
- Presentar un formulario I-485) de ajuste de estatus y la tarifa determinada por el servicio de inmigración.
El AIC dijo que “pocos años después de que la fecha de registro se adelantó por última vez en 1986, decenas de miles de no ciudadanos se convirtieron en residentes permanentes”.
Según datos del gobierno, 58,914 personas se beneficiaron del registro entre los años fiscales 1985 y 1989. “Pero a medida que la fecha del registro se remontaba al pasado, cada vez menos personas eran elegibles para postularse”, agregó.