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Univision Noticias

Nadie conoce la hora ni la fecha, pero unos 700,000 dreamers esperan nerviosos un dictamen judicial que dedicirá la suerte de un programa humanitario temporal que aplazó sus deportaciones y les concede una autorización temporal de empleo que se renueva cada dos años.
Un viejo refrán dice que ‘la espera desespera’. Y así se encuentran miles de dreamers amparados de la deportación bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA), quienes aguardan la decisión de un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito sobre el futuro inmediato del beneficio migratorio.

El programa fue demandado el año pasado por una coalición de nueve estados encabezados por Texas, todos gobernados por republicanos, quienes alegan que el amparo es ilegal y el gobierno federal violó la Ley de procedimiento Administrativo (APA) al no tener en cuenta la opinión de los estados.

Los detractores de DACA también alegan que el programa usa recursos estatales para educación y salud, y viola la ley federal de inmigración.

El 16 de julio del año pasado el juez federal Andrew Hanen, de la corte federal del distrito Sur de Texas, dictaminó que DACA es «ilegal» y por tanto el gobierno debe abstenerse de emitir nuevos permisos para las personas que califican para el plan creado bajo el gobierno de Barack Obama. Sin embargo, la decisión no afecta a unos 700,000 beneficiarios que actualmente están protegidos por el programa.

En octubre, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito rechazó un primer pedido hecho por el gobierno de levantar las restricciones del programa demandado por la coalición integrada por Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Texas y West Virginia.

Pero luego el tribunal programó una audiencia para el pasado 6 de julio donde los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos. Dos meses después, la sentencia todavía no llega.

“Estamos esperando”: la situación de los dreamers

“La espera agota”, reconoce José Muñoz, portavoz de United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país. “Estamos esperando. Pero la espera nos tiene desesperados porque la incertidumbre agota”.

A pesar de ello, Muñoz dice que “cada día sin una decisión de la Corte es un día en que un joven dreamer con DACA puede seguir renovando sus protecciones”.

Las protecciones incluyen un amparo de deportación y una autorización temporal de empleo (EAD).

El activista dijo además que “estamos al tanto de lo que diga la Corte (de Apelaciones del 5º Circuito)”. Pero advierte que, tras el fallo del 16 de julio del año pasado, “existe temor” porque la prohibición de procesar nuevas solicitudes “está fresco en nuestras memorias”.

Muñoz también reiteró que “a raíz de la última decisión judicial, la mejor manera de salir de este limbo migratorio en que hemos estado por 10 años es que el Congreso por fin haga algo permanente por medio de una ley que regularice nuestras permanencias”, un deseo que por ahora deberá seguir postergándose por falta de voluntad política tanto de demócratas como republicanos, sobre todo en el Senado.

Mientras la Corte de Apelaciones del 5º Circuito analiza las evidencias presentadas el 6 de julio, el 24 de agosto el gobierno de Joe Biden anunció un nuevo DACA de 453 páginas que entrará en vigor a finales de octubre.

El nuevo reglamento reescribe la norma de 2012 con el objetivo de eliminar los fallos incurridos por el entonces gobierno de Obama, a quien los republicanos acusan de haber violado la APA al no publicar con tiempo la norma en el registro federal y tomar en cuenta el comentario público.

Además de los casi 700,000 dreamers amparados bajo el programa, el servicio de inmigración tiene unas 82,000 solicitudes de amparo de dreamers que se inscribieron por primera vez en el último año, pero no fueron procesadas tras la prohibición dictada por el juez Hanen el 16 de julio del 2021.

Hasta ahora el programa se rige por la norma anunciada en junio de 2012. En estos 10 años el programa ha amparado de la deportación a unos 800,000 jóvenes.

Desde entonces unos 100,000 soñadores han abandonado el beneficio migratorio ya sea porque regularizaron sus permanencias por vías legales disponibles, dejaron de renovar sus amparos y permisos de trabajo o fueron descalificados por violar los términos del reglamento.

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