Publicidad

Salvadoreños y hondureños aspiran a que cambie la situación política en Estados Unidos o cambien las leyes de inmigración; sus vidas dependen del vaivén humanitario o caprichoso del mandatario en turno. A Honduras le preocupa la crisis humanitaria y la probable separación de miles de familias

Rosa García nació en San Miguel, El Salvador y vive en Estados Unidos desde 1986. Dice que después de 23 años de residir en Los Ángeles merece la oportunidad de tener residencia permanente como anhelan miles de sus compatriotas que han contribuído a la economía del país y han demostrado tener un carácter moral ejemplar.

Rosa, beneficiaria del TPS, limpia las casas de los millonarios en Hollywood, pero desde hace un año no trabaja y no tiene los $630 necesarios para renovar su TPS. Su plazo de estadía legal en Estados Unidos vencerá el 2 de enero de 2020, y, de no tener vigente su TPS, quedará por fuera de la extensión del TPS anunciada el 1 de noviembre por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

“Uno siempre está pensando en lo que va a pasar si se acaba el TPS, pero no me importa si me tengo que ir”, dijo Rosa, de 43 años. “Y si me deportan, me harían un favor porque ya tengo mi casita donde vivir, allá en mi tierra”.

Hace poco más de un mes, el DHS dio a conocer la extensión de la validez de la documentación relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los beneficiarios de TPS de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán hasta el 4 de enero de 2021.

La extensión de la documentación relacionada con TPS cumple con los requerimientos preliminares del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en la demanda Ramos v. Nielsen, y otros dos mandatos preliminares del Distrito Este de Nueva York y el Distrito Norte de California.

Si el gobierno de la administración del presidente Donald Trump prevalece en esta causa, la terminación de TPS para Nicaragua y Sudán entraría en vigor no antes de 120 días de cualquier mandato de apelación ante el tribunal de distrito.

La terminación de TPS para El Salvador entraría en vigor no antes de 265 días de cualquier mandato de apelación ante el tribunal de distrito del caso Ramos. Ello permitiría una transición ordenada de terminación para los beneficiarios afectados de TPS.

“Esta extensión significa 12 meses de tranquilidad durante las fiestas decembrinas, pero también una fecha de caducidad”, expresó Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización sin fines de lucro defensora de las comunidades centroamericanas de Los Ángeles.

Añadió que activistas y abogados de inmigración están pendientes de la apelación del gobierno de Donald Trump para contradecir el fallo del juez, y predijo que la decisión del mandatario seguirá el mismo camino de DACA y la batalla por la cancelación del TPS culminará en la Suprema Corte de Justicia.

Publicidad

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.