El Servicio de Inmigración creó una universidad falsa para detectar fraude de visas. Así afectó a jóvenes migrantes.

Yi Dong se encontró en un aprieto en el otoño de 2015. Después de graduarse de la Universidad de Syracuse, el joven chino de 27 años fue aceptado en un programa de maestría en ciencias de la computación en la Universidad del Norte de Nueva Jersey, o UNNJ. Le dijeron que el programa le permitiría permanecer en Estados Unidos con una visa de estudiante y continuar trabajando como programador de computadoras.

Pero estaba esperando un formulario de autorización de visa, y nadie en la escuela se comunicaba con él. Con su visa actual a punto de expirarse, Dong, que vivía en Brooklyn, Nueva York, decidió alquilar un automóvil y conducir hasta la universidad en Cranford, Nueva Jersey. Dentro de un edificio de tres pisos en un frondoso parque de oficinas, fue escoltado a la oficina de un hombre que se identificó como el Dr. Steve Brunetti, el presidente de la escuela.

Brunetti sacó el formulario del Gobierno, lo firmó y se lo entregó a Dong. Luego le dio al estudiante una camiseta de la UNNJ y tomó una fotografía que pronto se publicó en la página de Facebook de la escuela. “Me dijo que estaba orgulloso de sus alumnos”, recordó Dong. Durante los siguientes seis meses, Dong pagó más de 6,000 dólares en matrícula y honorarios de intermediarios, creyendo que estaba obteniendo créditos para su título al continuar trabajando en su proyecto de programación de computadoras. Había recibido permiso de la escuela para trabajar a tiempo completo antes de comenzar cualquier curso como parte de un programa autorizado por el gobierno que permite a los estudiantes extranjeros adquirir habilidades prácticas en sus campos de estudio.

Pero un día de abril de 2016, escuchó una noticia que, según dice, lo dejó anonadado: Brunetti no era un administrador real, y la Universidad del Norte de Nueva Jersey no era una escuela real. La universidad fue una artimaña que había puesto en marcha el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para atraer a gestores y reclutadores que se sospechaba participaban en el fraude de visas de estudiantes. Esa mañana de abril, los fiscales federales anunciaron cargos contra 21 personas que, según dijeron, estaban a cargo de organizar la matriculación de los estudiantes en la UNNJ en un esquema de “pago para quedarse” (otra persona más fue acusada más tarde, llevando el total a 22).

Las personas investigadas fueron acusadas de obtener de manera fraudulenta visas de estudiante para unos 1,000 ciudadanos extranjeros a cambio de sobornos o “comisiones”. Los fiscales dijeron que a los gestores se les dijo que no se ofrecerían clases y que la escuela existía solo para obtener estatus migratorio para ciudadanos extranjeros. Los estudiantes, dijeron los fiscales en ese momento, estaban de este modo involucrados en la estafa. Pero en los meses siguientes, surgió una narrativa diferente. Un grupo de estudiantes presentó una demanda federal alegando que resultaron dañados de modo colateral en la redada, engañados tanto por los gestores de sus casos como por los agentes encubiertos que se hicieron pasar por funcionarios de la universidad.

A medida que se desarrollaba el caso, los abogados del gobierno lucharon por mantener clara su versión sobre los estudiantes, y dijeron en una audiencia que, de hecho, eran “víctimas de fraude”. Luego presentaron documentos judiciales que revirtieron esa declaración. El operativo montado por ICE resultó en poco castigo para los gestores, todos los cuales se declararon culpables. Ninguno recibió sentencias de prisión; y más de la mitad fueron condenados a un año de libertad condicional.

Los estudiantes, mientras tanto, tuvieron sus vidas patas arriba. Aunque ninguno fue acusado penalmente, perdieron miles de dólares en “matrícula” o honorarios de intermediarios y de repente enfrentaron la amenaza de deportación, según documentos judiciales. Uno de ellos, un joven chino que se había alistado en el ejército de EE.UU., fue expulsado del servicio y pasó semanas en un centro de detención de inmigrantes. Su petición de naturalización fue denegada, pero pudo permanecer en EE.UU. mientras buscaba asilo.

Muchos otros se apresuraron a abandonar el país, incluida una mujer turca a la que se le prohibió regresar a EE.UU., donde su esposo vive desde junio de 2020. “Las personas que realmente se vieron perjudicadas por esto fueron todos los estudiantes”, dijo una de las abogadas que presentó la demanda, Elizabeth Montano, de la firma Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt, con sede en Miami. Las autoridades federales de inmigración lucharon contra la demanda durante años, pero finalmente llegaron a un acuerdo otorgado por la corte en enero. Según este acuerdo, que aún necesita la aprobación final de un juez, el gobierno pagaría 450,000 de dólares en honorarios legales pero no admitiría ninguna irregularidad.

Aquellos que permanecieron en EE.UU. tendrían la capacidad de volver a solicitar visas sin que la mancha del caso nuble sus posibilidades. Aquellos que regresaron a casa y desearon obtener visas para regresar estarían a merced de los funcionarios consulares locales. Si bien algunos de los inscritos en la UNNJ pueden haber ignorado a sabiendas las señales de alerta, varios abogados y expertos en inmigración cuestionaron hasta dónde llegaron las autoridades federales para atrapar a los estudiantes en la trampa, que se lanzó durante la Administración del expresidente Barack Obama.

“Creo que estuvo mal que el Gobierno hiciera esto”, dijo Allan Wernick, abogado de inmigración desde hace mucho tiempo y director de CUNY Citizenship Now, que brinda servicios legales a inmigrantes en centros en toda la ciudad de Nueva York. “Creo que realmente se están aprovechando de la gente. ¿Y qué estaban logrando?”, remarcó. Un portavoz de ICE se negó a comentar. “Como cuestión de política, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. no comenta sobre los procedimientos o resultados de los litigios”, dijo el portavoz. Un portavoz del Departamento de Justicia también se negó a comentar, citando el litigio.