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Univision Noticias
Un juez de distrito de Ohio falló el martes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene autoridad para modificar las leyes de aprehensión, detención y deportación de extranjeros aprobadas por el Congreso. Por tanto, las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, centradas en aquellos extranjeros peligrosos o con antecedentes criminales graves, no tienen validez.
Las prioridades de deportación fueron anunciadas en enero de 2021 y ajustadas el 30 de septiembre en un memorando firmado por el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas. El documento, en resumen, instruye a las agencias y a los oficiales de inmigración cómo debían evaluar y decidir los diferentes casos para proceder a la expulsión de un extranjero.
El juez Michael J. Newman no aceptó las explicaciones dadas por los abogados del DHS y concedió la demanda a los estados demandantes, Arizona, Montana y Ohio, los tres gobernados por republicanos, quienes argumentaron que:
1. Las prioridades eran ilegales porque el ejecutivo cambió leyes de inmigración, algo que solo le compete al Congreso. Únicamente se puede hacer en el marco del debido proceso legislativo; y
2. Las prioridades fueron caprichosas y arbitrarias porque el Ejecutivo no tomó en cuenta, ni consideró los daños que causa a los Estados la presencia de extranjeros criminales con orden de deportación que fueron permitidos permanecer en Estados Unidos porque no constituyen una prioridad de expulsión.
La orden de Newman El juez Newman dictó que el secretario del DHS y todos los funcionarios y agentes de ese departamento “tienen prohibido” hacer cumplir la Sección 2 del memorando del 30 de septiembre, es decir, priorizar las deportaciones de extranjeros indocumentados con orden de deportación. Eso significa que el gobierno debe proceder con las deportaciones y no puede “autorizar la liberación de, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano (extranjero indocumentado) con una orden final de deportación”. Tampoco puede dilatar o suspender la expulsión de un individuo en la medida “en que no haya otra disposición” establecida en la ley de inmigración.
Y agregó que “esta Orden no limita ni impide que el DHS haga cumplir o implemente la orientación permanente en una forma no prohibida en el presente”. La decisión de la corte se aplica a nivel nacional y en todos los lugares, territorio o jurisdicción donde el DHS tiene autoridad para hacer cumplir la guía del 30 de septiembre de 2021, “a menos que la Corte de Apelaciones del 6to Circuito o la Corte Suprema establezcan lo contrario”, precisó. ¿Cuáles son las prioridades? “La decisión del juez de Ohio creó un conflicto serio porque empuja al DHS a actuar en un escenario donde todos los extranjeros indocumentados con una orden de deportación son prioridad para ser deportados”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Y todos sabemos que el DHS no puede cumplir el fallo porque no tiene los recursos para hacerlo. El dictamen es una razón política porque el DHS no puede deportar a todos los que tengan una situación indocumentada o irregular en Estados Unidos”, agregó. Barrón dijo además que, “en este punto, las expectativas es que haya más litigio.
Es humanamente imposible y al mismo tiempo inhumano cumplir la totalidad del fallo. Por esa razón, en enero del año pasado el gobierno de Biden estableció prioridades. El gobierno dijo: primero los delincuentes, los depredadores, los criminales. Todos ellos antes que los demás”. En noviembre del año pasado, el secretario Mayorkas dijo ante los miembros del comité judicial del Senado que el ministerio bajo su mando no tenía ni la infraestructura, ni los recursos para ir por los 1.2 millones de inmigrantes indocumentados que en ese momento tenían una orden final de deportación que no se había ejecutado.
Y que por tal motivo se fijaron prioridades. También advirtió que no estaba seguro si la totalidad de las órdenes de deportación existentes habían sido emitidas correctamente “en el marco del debido proceso migratorio”. En abril de 2021 la Corte Suprema fallo que los Avisos o Notificaciones de Comparecencia (NTA) incompletas o con información errónea no eran válidos, decisión que favorece a miles de indocumentados que recibieron una orden de deportación inválida y pueden seguir luchando por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
Los argumentos del fallo Abogados consultados por Univision Noticias señalan que, tras el fallo, el ejecutivo deberá publicar una lista con nuevas prioridades de deportación “de acuerdo con la decisión de la Corte de Ohio”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. En esa política, agrega, “deberá detallar que hará con los miles de inmigrantes indocumentados que están detenidos y qué procedimiento llevará a cabo con los inmigrantes que tienen una orden de deportación”, agregó. La nueva publicación, regla o memorando de instrucción “debe estar acorde con la decisión de la corte”, apuntó Guerrero.
Y recordó que “cada gobierno en turno tiene la facultad, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), de dictar su política migratoria. “Lo que no puede hacer es cambiar la ley del Congreso, como señala el fallo”, precisó. “La ley solo puede cambiarse en el marco del debido proceso legislativo. Y en cuanto a la arbitrariedad y capricho señalado en el fallo, pues deberá analizar cuál es el impacto negativo que pueden tener los estados con la no deportación de algunos extranjeros y/o la liberación de no ciudadanos que no constituyan una prioridad de expulsión”.
A la pregunta respecto a cuáles son las prioridades de deportación en este momento estando canceladas las prioridades, Guerrero dijo que “todo depende de la discrecionalidad de los agentes federales de inmigración. Cualquier persona detenida en estos momentos o que tenga una orden de deportación final, puede ser expulsada del país”.
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