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Univision Noticias

La semana pasada, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al gobierno estadounidense por cortar y remover los alambres de púas cerca de Eagle Pass.

La jueza Alia Moses, del Distrito Oeste de Texas, ordenó este lunes al gobierno de Joe Biden que deje de cortar la alambrada instalada por el estado de Texas para desalentar la inmigración de indocumentados hasta tanto se realice una audiencia de medida cautelar preliminar.

La orden temporal es el resultado de una demanda interpuesta por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, el 24 de octubre en la que argumentaba que los funcionarios federales pretendían tener autoridad para destruir la propiedad estatal “para permitir que los extranjeros entraran y fueran procesados”.

En la demanda Paxton pidió que se prohíba a las autoridades federales en la frontera que corten o remuevan las cercas de alambre que el gobierno de Texas colocó a lo largo del Río Grande, cerca de Eagle Pass.

Paxton explicó que, al cortar el alambre de púas, el “gobierno federal no solo ha destruido ilegalmente la propiedad del estado de Texas, sino que también ha interrumpido los esfuerzos de disuasión” del gobernador Greg Abbott para detener la inmigración indocumentada.

Las consideraciones de la jueza en el caso

Moses considera que el estado de Texas ha cumplido los cuatro requisitos necesarios para que se le conceda una suspensión temporal de la acción del gobierno federal.

Moses fijó una audiencia de medida cautelar preliminar sobre la petición del estado para el 7 de noviembre en Del Rio. Sin embargo, la orden de Moses prevé una excepción que permitiría cortar y retirar el alambre.

“La corte concederá las medidas cautelares solicitadas, con una importante excepción para cualquier emergencia médica que, con toda probabilidad, provoque lesiones corporales graves o la muerte de una persona, a falta de embarcaciones u otros aparatos de salvamento disponibles para evitar tales emergencias médicas antes d e llegar a la barrera de alambre“, escribió la jueza en el escrito judicial.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó la semana pasada que los agentes fronterizos “tienen la responsabilidad, en virtud de la legislación federal”, de proteger a los inmigrantes para que no resulten heridos, independientemente de su situación legal.

Enfrentamiento entre gobierno federal y gobierno estatal

Este verano, el gobierno estatal de Texas instaló una línea de boyas con cuchillas sobre el Río Grande para impedir el paso de migrantes por el río. Ante esta medida el gobierno de Joe Biden, demandó al gobierno de Texas y pidió a la corte que obligara a Abott a retirar las boyas y generando un conflicto legal a escala nacional.

Durante el juicio, el gobierno de Texas defendió la instalación de las boyas acusando a la administración demócrata de no defender la frontera sur ante una “invasión”, por lo que dijo haberse visto obligado a tomar medidas por su propia cuenta para “defenderse”.

Finalmente, en septiembre una corte de apelaciones concedió al gobierno de Texas la suspensión temporal de la resolución de un juez que ordenaba mover las boyas flotantes instaladas en el río Grande.

“Aquí hay una guerra, no entre México y EEUU, sino entre el gobierno federal y estatal y se siente como estar en medio de ese fuego cruzado”, comentó Jessie Fuentes un residente de Texas a EFE.

A través de la llamada operación “Lone Star”, en la que el gobierno estatal ha inyectado más de $4,500 millones 2021 (según la estimación de medios locales), Abott no solo fortificó la frontera en ciudades como Eagle Pass, sino que también la militarizó.

Decenas de efectivos de la Guardia Nacional del estado, al igual que agentes del Departamento de Seguridad Pública patrullan día y noche las orillas del río, montados en camionetas, tanques, helicópteros y lanchas.

Toda esta seguridad no ha impedido que decenas -incluso cientos- de migrantes crucen el río Grande, cada día y se entreguen a las autoridades migratorias estadounidenses, pero sí lo ha hecho más complicado y arriesgado.

Los propios agentes estatales denunciaron en unos correos filtrados a medios estadounidenses a mediados de año que se han encontrado a migrantes con profundos cortes en la piel por la alambrada, además de cadáveres en el río junto a áreas donde estaban la boyas.

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