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En cuanto a la crisis migratoria que se vive en la frontera con México, problema que fue advertido por expertos de la Universidad de California en 2013 y recién reconocido por el gobierno de Washington en julio de 2014, AILA dijo que apoya la financiación de los esfuerzos de modernización de la frontera y mejora de la infraestructura “apuntando a la sostenibilidad y mejora a largo plazo”.
La carta indica que medidas presupuestarias que se centran en “oleadas” de emergencia sin abordar también las mejoras de infraestructura necesarias a largo plazo, “perpetúan un ciclo interminable”, y que para hallar solución debe mejorarse todo el sistema migratorio y no solo una parte del problema.
“La realidad es que los patrones migratorios y de desplazamiento en toda la región han cambiado”, precisan. “Además de la financiación a corto plazo, la financiación debe proporcionarse a largo plazo” para responder en el marco del debido proceso a las peticiones de no ciudadanos que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos en busca de un recurso legal disponible, como el asilo.
“Con ese fin, el Congreso también debe financiar adecuadamente a USCIS y al Departamento de Estado para garantizar la suficiente contratación de agentes de asilo y para abordar los retrasos existentes en materia de asilo y visas”, recomiendan.
Los abogados agregan que el Congreso incluso “debe invertir en una visión a largo plazo acerca de cómo recibimos y procesamos a los no ciudadanos en la frontera mediante el establecimiento de una Oficina de Protección al Migrante, instancia que se encargará de coordinar la capacidad de detección y protección en áreas de alto volumen en la frontera con México”.
Esta nueva oficina, añaden, “podría establecer centros de recepción a corto plazo para gestionar el procesamiento eficiente a través de agencias al mismo tiempo que proporciona orientaciones legales, acceso a asesoramiento y apoyo social de
organizaciones sin fines de lucro con experiencia en atender a esta población”, puntualizan.
Las recomendaciones de AILA al Congreso también incluyen:
- Financiar programas que reduzcan el uso de la detención y se opongan a los aumentos de la capacidad de detención de la oficina de Inmigración y aduanas (ICE);
- Reducir las partidas presupuestarias destinadas a la detención de no ciudadanos. (La detención es costosa, inhumana e insegura, y está plagada de una supervisión ineficaz que ha demostrado ser incapaz de prevenir los abusos de los no ciudadanos);
- Invertir en el Programa Alternativas de Detención (ATD) para que inmigrantes esperen en libertad la resolución de sus casos de en los tribunales de inmigración. (El ATD tiene un costo de $8 por día por cada inmigrante liberado en comparación con el costo de la detención que tiene un costo diario de $157.20 por cama);
- Apoyar programa que otorga asesoría legal a no ciudadanos en procesos de deportación y/o asilo;
- Mejoras en las operaciones y procedimientos judiciales;
- Mejoras en el sistema de Notificaciones de Comparecencia (NTA);
- Mejorar el presupuesto de la Corte de Inmigración (EOIR) para la contratación de más jueces y la creación de nuevos tribunales);
- AILA recomienda específicamente al Congreso proporcionar fondos para un programa piloto de representación legal para personas que no pueden pagar un abogado y programas relacionados como el Programa de Orientación Jurídica.
