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Un juez federal se basó en un tecnicismo para desestimar el martes la solicitud de grupos de derechos civiles para frenar la puesta en práctica de la parte de la nueva y restrictiva ley migratoria de Florida, SB 1718, que criminaliza el transporte de personas que han entrado irregularmente en Estados Unidos.
El juez de distrito Roy Altman resolvió casi inmediatamente sobre la solicitud de suspensión temporal de la sección 10 de la SB 1718 argumentando que tanto el gobernador Ron DeSantis como otros afectados por la demanda, entre ellos fiscales de Florida, no habían sido adecuadamente notificados.
También dijo que, una vez resulta esa cuestión, podría volver a ser presentada la moción de los activistas de los derechos de los inmigrantes que consideran que el veto al transporte a los inmigrantes establecido en la ley de Florida los pone en peligro al impedirles acudir a citas médicas, reunirse con familiares o ir al trabajo.
La demanda, introducida con carácter de urgencia mientras la Corte de Distrito del Distrito Sureste de Florida, fue presentada por una coalición integrada entre otros por el Southern Poverty Law Center (SPLC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, el Americans for Immigrant Justice (AIJ) y el American Immigration Council (AIC).
La ley antiinmigrante de Florida fue promulgada por el gobernador DeSantis (republicano) y entró en vigor el pasado 1 de julio.
El 17 de julio las mismas organizaciones introdujeron una primera demanda contra la SB 1718 centrando los alegatos “en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley (SB 1718) que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido ‘inspeccionados’ por el gobierno federal desde entonces”.
Esa demanda, además, denuncia que es “inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y que el uso que hace Florida del término ‘inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”.
Los demandantes actuaron en contra de la SB 1718 a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, “incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente dentro y fuera de Florida contra el gobernador DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y las oficinas del fiscal general del estado para los 20 circuitos judiciales de Florida”, se lee en un comunicado.








































