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Univision Noticias

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), García Luna fue titular de la ahora desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

En 2006, ya en el período de Calderón Hinojosa, fue nombrado secretario de Seguridad Pública y pronto se convirtió en la principal figura operativa en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Entonces había recibido varios premios internacionales por su trabajo policiaco, que lo posicionaron como el zar antidrogas más destacado de México en los últimos años.

De hecho, una de las estrategias de su defensa legal fue solicitarle al juez Brian Cogan, el mismo que enjuicio al ‘El Chapo’, admitir como pruebas las estrechas relaciones de su cliente con altos funcionarios del gobierno de EEUU, incluyendo congresistas, gobernadores, secretarios de Estado y expresidentes.

«García Luna era un socio confiable”, dice una carta firmada por César de Castro, el principal abogado de García Luna, quien propuso presentar fotos y la transcripción de las conversaciones que su defendido sostuvo con el expresidente Barack Obama y Hillary Clinton, exsecretaria de Estado.

En otro momento, De Castro le pidió al juez Cogan prohibir que la Fiscalía presentara como evidencia, documentos e información relacionadas con la fortuna que este acumuló fuera de su cargo.

“El gobierno no puede establecer una conexión entre los presuntos sobornos que recibió García Luna cuando era funcionario del gobierno de México antes de 2012 y el exponer la acumulación de riqueza o lujos después de 2012, cuando él formaba parte de un negocio privado”, escribió el litigante.

Este jueves, a través de una orden, el juez Cogan prohibió a los fiscales que se indique que ese lujo haya sido “financiado con dinero del cartel”, tras dejar el gabinete de seguridad de México en 2012, “cuando no hay evidencia de que sea el caso”.

Referente a las fotos con exfuncionarios de EEUU, el magistrado permitió que la defensa use, en argumentos iniciales y finales, esas imágenes en las que aparece el acusado, “para mostrar evidencia relacionada con su historial”.

Cuando se establecían las limitantes del proceso, los fiscales solicitaron prohibir a la defensa de García Luna presentar argumentos referentes al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue acusado de narcotráfico y más tarde exonerado por el Departamento de Justicia, durante el gobierno de Donald Trump, en medio de un conflicto diplomático con México.

“En noviembre de 2020, el procurador general de Justicia de Estados Unidos (William Barr) solicitó la anulación de los cargos contra Cienfuegos, lo cual es irrelevante a este caso para que el gobierno estadunidense deseche los delitos en contra de otro funcionario mexicano (García Luna), ya que es un caso diferente”, indicaron los fiscales.

En otro memorando, el Departamento de Justicia señala que entre 2008 y 2013 el exfuncionario mexicano “sometió a un periodista a una campaña de acoso y amenazas de varios años como resultado de la investigación del periodista sobre el acusado”.

Además, indicó, en 2009 o 2010 gastó parte de los sobornos que recibió del narco pagándole a “una organización de noticias” para evitar que “publicaran noticias negativas sobre él”. No se reveló el nombre de la empresa, ni cuánto dinero le habría dado.

“La evidencia de los esfuerzos del acusado por silenciar a periodistas ayuda a explicar cómo pudo ayudar corruptamente al Cartel de Sinaloa durante años sin ser detectado ni arrestado”, indican los fiscales.

Hace unos meses, el gobierno de México mostró la supuesta estructura criminal que operaba García Luna, integrada por un grupo de funcionarios policiales autodenominados ‘Los doce apóstoles’, que al ocupar cargos en la Secretaría de Seguridad Pública se hicieron llamar ‘Los siete jinetes del Apocalipsis’. Varios de ellos fueron acusados de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa.

En su país, García Luna tiene carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito, tráfico de armas y ejercicio indebido de atribuciones por contratos que habría hecho en prisiones federales.

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