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Milenio Noticias

El gobierno mexicano presentó el lunes en la Corte Federal de Distrito de Arizona una demanda en contra de cinco distribuidores de armas, a los cuales señala por participar en el tráfico de armas estilo militar y municiones junto a los cárteles mexicanos.
La administración federal busca que se emitan varias medidas para reparar los daños causados, entre ellas, que entreguen las ganancias que habrían generado por la venta de armas que terminaron en manos de sicarios mexicanos, ingresos que, asegura, son vitales para la sobrevivencia de varias de estas empresas.
En total, presentó 13 cargos relacionados con negligencia, alteración del orden público, enriquecimiento injusto y violación de diversas leyes, entre ellas la ley contra el crimen organizado RICO.
A través de diferentes estudios, el gobierno mexicano determinó que «cada acusado es probable que haya lavado decenas de miles de dólares, sino cientos de miles de dólares de dinero de cárteles de la droga». El gobierno mexicano detalla que “en los últimos cinco años, cada uno de los acusados se encuentra entre las 10 distribuidoras con el mayor número de armas recuperadas en México y rastreadas hacia un distribuidor en Arizona.”
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