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Para Inés Martínez, apuntarse al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue un rayo de esperanza durante la pandemia de coronavirus. Siete meses después de presentar su solicitud, Martínez esperaba unirse al programa federal que ha permitido estudiar y trabajar sin miedo a la deportación a más de 600,000 adolescentes y adultos jóvenes que carecen de estatus legal tras haber sido traídos a Estados Unidos de niños, también conocidos como dreamers. “Tenía mucha confianza en que me aprobarían, porque soy una buena candidata.

Yo califico para el programa”, dijo Martínez, de 19 años. Se sintió más confiada el mes pasado cuando los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) le pidieron que acudiera a tomarse los datos biométricos, uno de los últimos pasos en el proceso de solicitud, en el que las autoridades registran fotos y huellas dactilares de los solicitantes.Lo único que se interponía entre Martínez y conseguir un trabajo fue una carta oficial de aprobación de la agencia de inmigración.

Estaba ansiosa por trabajar para terminar de pagar su auto y ahorrar dinero para transferirse del community college a una universidad y obtener un título en comunicaciones y estudios internacionales. Pero nunca recibió su carta de aceptación de DACA. Un juez federal de Texas dictaminó el pasado viernes que el programa es ilegal, y permitió seguir procesando los permisos ya concedidos pero prohibió al Gobierno aprobar nuevas solicitudes, dejando a Martínez y otros miles en suspenso.

Después de invertir tanto tiempo, dinero y esfuerzo, «que esto suceda ya dos veces es simplemente devastador», dijo Martínez, quien vive en California. La primera vez fue cuando se le impidió presentar una solicitud luego de que el expresidente Donald Trump cancelara DACA en 2017 (la Corte Suprema anuló posteriormente esa decisión).

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración recibieron más de 50,000 solicitudes de DACA de enero a marzo después de que, tras el dictamen de la Corte Suprema, el Gobierno comenzara a aceptar nuevas peticiones. Pero la mayoría de las solicitudes nunca se procesaron porque la pandemia afectó la capacidad limitada en medio de una mayor demanda, según USCIS.

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