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Univision Noticias

La larga cola de casos en la Oficina de revisión de Casos de Inmigración amenaza con causar severos daños al debido proceso migratorio de Estados Unidos. Y las razones que generaron el histórico atasco se vienen generando desde hace casi cuatro décadas.

El gigantesco atasco en la Corte de Inmigración (Oficina de revisión de Casos de Inmigración, EOIR), preocupa a jueces, abogados e inmigrantes por igual. Un reciente informe publicado por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, reveló que a finales de diciembre el número de expedientes acumulados era de 1,596,193, unos 400,000 más de los registrados a finales de diciembre del 2020, poco antes de la toma de posesión del presidente Joe Biden.

El informe del TRAC advierte que la larga fila de casos es la mayor cantidad en la historia de la EOIR y que, en vez de mejorar, desde 2001 el problema se ha venido agravando con el paso de los gobiernos de turno.

Si bien abogados señalan que en los últimos meses se han implementado medidas y programas para descongestionar el sistema, la acumulación persiste debido al alto aumento en el número de casos que siguen llegando a los tribunales y la poca capacidad de respuesta del gobierno para hallar una solución gradual y permanente.

Tras revisar el informe, asoman varias preguntas: ¿por qué el gigantesco atasco en la EOIR? ¿Sabía el gobierno de Biden y los anteriores a el sobre esta crisis? ¿Qué se ha hecho para reparar el problema?

Univisión Noticias habló con Dana Marks, una jueza de inmigración que recientemente anunció su retiro y presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración NAIJ), y la abogada Rebeca Sánchez-Roig, quien durante 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia. Estas son sus conclusiones.

Principal causa del atasco

Jueza Marks: La principal causa de la enorme acumulación de casos “es el hecho de que los tribunales de inmigración han sido utilizados como un peón en la lucha política por las políticas de inmigración” de los gobiernos de turno.

“A medida que entra en funciones cada nueva administración, se modifican las prioridades y los protocolos para reflejar las presiones políticas del momento”, agrega.

Sánchez-Roig: La abogada de inmigración y exfiscal Sánchez Roig explica que a finales de 2016 el número de casos ante los tribunales de inmigración era de aproximadamente 520,000. Y que la política de la Administración anterior (Donald Trump), en lugar de reducir la acumulación de casos en los tribunales, como dijo que haría, aumentó esos casos a más de 1 millón en 2019 debido al aumento en los arrestos y redadas de inmigrantes.

“De hecho, durante los primeros 100 días del presidente anterior, los arrestos de inmigrantes aumentaron aproximadamente un 38%. Estos arrestos, en combinación con las redadas de cientos de empresas dieron lugar a un aumento de la detención y un aumento del número de casos ante los tribunales porque los detenidos y/o arrestados fueron colocados en procedimientos de deportación”, agregó.

Errores base

Marks explica que el error de administrar la Corte de Inmigración a través de la política migratoria del gobierno de turno “no es la manera de administrar un sistema judicial”.

“Los jueces experimentados deben trabajar con administradores judiciales capacitados para abordar la clasificación de expedientes de una manera que maximice el tiempo judicial, en lugar de intentar crear una óptica que solo sirva para promover una agenda política”, precisó.

Sánchez-Roig, por su parte, señala que una de las políticas migratorias que contribuyó a la acumulación masiva de casos de inmigración “fue la insistencia de la Administración Trump de reabrir miles de casos de deportación que habían sido cerrados administrativamente por los jueces en uso de la capacidad de discreción de que disponían”.

“En 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, en un caso llamado Matter of Castro-Tum, determinó que los jueces de inmigración y la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA), no podían cerrar casos temporalmente utilizando un mecanismo llamado cierre administrativo”, agregó.

La decisión de Sessions afectó unos 350,000 casos que habían sido cerrados por los jueces.

Qué es el cierre administrativo

“El cierre administrativo no equivale a una decisión sobre un caso de inmigración, tampoco es una concesión de ayuda ni una orden de deportación, sino una forma de suspender los casos”, explica Sánchez-Roig.

“La decisión de Sessions eliminó la capacidad de los jueces de inmigración de utilizar una herramienta importante en el proceso de inmigración ante el tribunal que había estado en uso desde la década de los 80. Con esa decisión se incrementó notablemente al atraso de la Corte”, precisó.

Prioridades de distracción

Otros errores que han influido en el aumento de casos en la Corte de Inmigración son las prioridades establecidas por los gobiernos de turno.

“Ejemplos de esto, que abarca múltiples administraciones, es el cambio de casos para centrarse en el control fronterizo en lugar de casos expedientes pendientes más largos del interior del país cuando parece que hay una oleada de inmigrantes que llegan (en busca de asilo, un recurso legal disponible)”, dice Marks.

Agrega que “un factor adicional que contribuye es el hecho de que los tribunales de inmigración son tratados como hijastros dentro del Departamento de Justicia (DOJ)”, un problema que, añade, “durante décadas los Tribunales de Inmigración no han recibido suficientes fondos de manera oportuna para que no se acumulara un retraso” como el que estamos viendo.

Señales desatendidas

Tanto Marks como Sánchez-Roig coinciden en que, en las últimas dos o tres décadas, ha habido señales que no han sido tomadas en cuenta por los gobiernos y que advertían la crisis que ahora se está viendo.

“Hubo muchos años en los que no hubo fondos suficientes para el número adecuado de jueces de inmigración y personal de apoyo”, dice la presidenta honoraria de la NAIJ. “En 2000, el Departamento de Justicia dijo que los Tribunales de Inmigración de todo el país no tendrían papeles para 2001, pero les tomó 20 años asignar fondos suficientes y finalmente acercarse a cumplir esa tarea”.

“Todavía estamos lidiando con miles de archivos en papel, porque incluso con la capacidad sin papel disponible en el futuro, los archivos más antiguos no han sido escaneados. Cada una de estas fallas contribuyó a una acumulación cada vez mayor”, añade. “Luego, el hecho de que haya una acumulación socava aún más el funcionamiento efectivo de la Corte, exacerbando el problema hasta que la Corte, en estos momentos, se encuentra en un punto crítico”, precisó.

La verdadera historia

Los tribunales de inmigración y el debido proceso migratorio estadounidense no son como muchos inmigrantes piensan. “Parece haber una gran idea errónea entre los inmigrantes de que el proceso de inmigración ya sea administrativo o judicial, es un proceso rápido y eso no es cierto”, advierte Sánchez-Roig.

“Eso no es verdad. Debemos comenzar con la realidad, de que en Estados Unidos el proceso legal puede ser bastante lento por muchas razones”, agrega.

La abogada explica que “con respecto a los tribunales de inmigración, estos no son tribunales del Artículo III, sino que históricamente no existían tribunales de inmigración. Las personas que escuchaban los casos de inmigración se llamaban Sspecial Inquirí Officers (Oficiales Especiales de Investigación) y eran empleados del servicio de inmigración de ese entonces (INS)”.

A su vez, la Corte de Inmigración, que tiene la autoridad delegada para realizar procedimientos judiciales de inmigración, revisión de apelaciones y audiencias administrativas, “se creó el 9 de enero de 1983 mediante una reorganización interna del DOJ que combinó la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) con la función de Juez de Inmigración previamente realizada por los Oficiales de Investigación Especiales del INS”, agrega.

Sánchez-Roig indica además que “si bien esta reorganización separó al EOIR del INS (el antiguo servicio de inmigración hasta 2003), pero no creó una estructura judicial e independiente como la de los tribunales del Artículo III”. Es decir, “los jueces de inmigración son empleados del DOJ y no están bajo el sistema de tribunales de Estados Unidos (U.S. Courts) y, por lo tanto, están sujetos a la política del presidente y el fiscal general de turno”.

“Nuestros tribunales federales existen hace 233 años y son un organismo independiente. Los tribunales de inmigración existen hace sólo 39 años y no son un organismo independiente. Aquí comienza el problema de la acumulación extraordinaria de casos”, advierte.

¿Hay soluciones?

Marks dice que la única solución duradera a este problema “es que el Tribunal de Inmigración sea eliminado del DOJ y reorganizado como un Tribunal del Artículo I, como el Tribunal Fiscal”.

“Esto aislaría a la Corte de las presiones políticas que resultan en cambios en los expedientes y la falta de recursos adecuados para las Cortes de Inmigración”, agrega. “Pero eso está en manos del Congreso”.

Por su parte, Sánchez-Roig precisa que si el atasco sigue creciendo, “significa que los demandados ante los tribunales tendrán que esperar mucho más tiempo para que se escuchen sus casos”. Y este escenario “les atrasa el debido proceso, y por lo tanto, la justicia”.

Indica además que como resultado de los crecientes atrasos, “cientos de miles de los inmigrantes quedarán en un estado de limbo legal por más de tres años en promedio, con otros muchos más (si la acumulación sigue creciendo)”. Y que los tribunales con más volumen de casos atrasados ​​“están experimentando tiempos de espera de cinco a seis años”.

“Estos tiempos de espera dejan a las familias de los solicitantes de asilo varadas durante años en situaciones peligrosas o difíciles, y desmejoran la contratación de abogados pro-bono”, subraya.

A la lista de consecuencias o daño colateral causado por los atrasos, Sánchez-Roig agrega:

· Algunas personas, que podrían haber tenido beneficios migratorios disponibles, ya no los tendrán debido al paso del tiempo entre los muchos factores:

· Los largos tiempos de espera tienen otros efectos nocivos para los solicitantes de asilo, entre ellos prolongan la separación de las familias de refugiados, por años, dejando a los hijos y cónyuges de algunos refugiados zozobrados en situaciones peligrosas en el extranjero;

· Algunos casos podrían beneficiarse de la demora al aumentar la cantidad de beneficios que tienen en su favor; o por un cambio negativo en la política de su país si solicitan asilo.

Por último, Sánchez-Roig dice que “en este momento hay unos 70 tribunales de inmigración y menos de 600 jueces de inmigración. Cada uno de esos jueces necesitaría manejar más de 2,667 casos sólo para abordar la acumulación actual. Eso significa que cada juez tendría que adjudicar un promedio de 222 casos por mes durante 12 meses, o casi 8 casos por día sólo para manejar el atraso. Eso es imposible. Quienes pagan el precio de una institución mal estructurada y negativamente impactada por la política son los inmigrantes”, apuntó.

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