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Un juez federal suspendió el viernes las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, enfocadas solo en aquellos indocumentados que han cometido delitos graves y representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Se trata del segundo fallo desde que las prioridades fueron anunciadas en febrero del año pasado, poco después de la llegada de Biden a la Casa Blanca.
El juez federal Drew Tipton, de la Corte Federal de Distrito del Sureste de Texas, falló a favor de una demanda entablada por los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, quienes alegan que la política de deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
“El Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos. Pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso”, escribió el juez Tipton. “Usando las palabras ‘discreción’ y ‘priorización’, el Poder Ejecutivo reclama la facultad de suspender los mandatos estatutarios. La ley no sanciona este enfoque”, agregó.
Otra derrota para Biden
La decisión del tribunal representa un nuevo golpe a la política migratoria de Biden, quien desde que llegó a la Casa Blanca hace 17 meses, ha intentado sin éxito desmantelar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
El exmandatario, a golpe de memorandos y ‘ordenes ejecutivas (unos 400), cambió la política migratoria sin la autorización del Congreso. Entre los principales cambios se cuenta el cambio de prioridades de deportación, la implementación del Título 42 por la pandemia y el Programa Permanecer en México (MPP).
Las tres políticas permanecen activas por orden de los tribunales de justicia tras demandas entabladas por estados gobernados por republicanos, quienes favorecen la política migratoria de Trump.
“Básicamente volvemos a la política anterior donde los oficiales de inmigración deben enforzar la ley y proceder a la deportación de extranjeros que tienen una orden de deportación o antecedentes criminales”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
“Quienes tengan orden deportación actualmente están en riesgo de ser deportados. Y los inmigrantes detenidos esperando juicio, si no califican para salir libre bajo fianza, permanecerán detenidos”, agregó.
La política anterior mencionada por Guerrero corresponde a las prioridades de deportación determinadas por el gobierno anterior el 25 de enero de 2017.
En ella, se estipulaba que un extranjero acusado por cualquier delito, aunque el caso no haya sido resuelto por los tribunales, estaba sujeto a ser detenido y deportado.
Texas y Luisiana alegan que la guía de prioridades de deportación del gobierno, publicada el año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), impide que la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) haga cumplir la ley.
Texas aplaude el fallo
Tras la sentencia emitida por Tripton, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en su cuenta de a red social Twitter que el fallo significaba “otra gran derrota en la Corte federal” para el gobierno de Biden.
“Trató (el presidente) de desechar la ley de inmigración, diciendo que el DHS no tenía que detener a criminales ilegales. El tribunal ahora dice que debe hacerlo. Siempre mantendré la línea con los demócratas y el estado de derecho”, puntualizó.
Ella sentencia, Tripton escribió que las prioridades de deportación del DHS generó en gran medida la “incertidumbre que normalmente acompaña a la cancelación (vacatur) de cualquier regla”, y que uno de los principales argumentos del DHS fue que había capacitado a sus agentes en la nueva regla, pero ese entrenamiento tuvo como premisa “un malentendido fundamental de la ley federal”.
El fallo señala además que la interpretación adoptada por el gobierno “produjo un daño irreparable a los Estados”, uno de los principales argumentos utilizados por los estados republicanos para atacar la política migratoria de Biden y favorecer la de Trump.
Esta no es la primera vez que Tripton falla en contra de la política migratoria de Biden. El año pasado detuvo una moratoria de deportaciones de 100 días decretada por el gobierno.
Batalla judicial
En diciembre del año pasado la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, basado en Nueva Orleans, ordenó revisar nuevamente la política de deportaciones, enfocadas en aquellos indocumentados con delitos criminales graves que amenazan la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Las pautas habian sido bloqueadas en marzo, pero reactivadas en septiembre.
Los demandantes, Texas y Louisiana, alegaron que el gobierno había modificado parte de la política migratoria que alteró las prioridades de ICE que había decretado el expresidente Trump el 25 de enero de 2017.
También señalaron que los funcionarios federales de inmigración ya no buscaban la custodia y deportación de la mayoría de los extranjeros que están finalizando sus sentencias de cárcel por cargos criminales.
La orden emitida por el tribunal sembró incertidumbre entre la comunidad inmigrante. “Nos parece un gran error, un problema serio porque este gobierno está tratando de enfocar los recursos en personas que afectan a este país y no en aquellos que están trabajando por el bien de Estados Unidos”, dijo entonces Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.
Para Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California, la decisión tomada por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito se interpretó como “la intención de poner una traba para contener el avance del plan del presidente”.
“Quieren que las prioridades se congelen mientras el caso escala hasta la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
Gálvez dijo además que “el presidente tiene pleno poder ejecutivo discrecional para decidir adónde van los recursos del gobierno sobre las leyes de inmigración”, y señaló que el presidente “no está diciendo que todos los indocumentados no pueden ser deportados, sino que aquellos que no representan una amenaza a la seguridad pública, fronteriza y nacional pueden tener recibir una deportación diferida. Es él (el presidente) quien tiene la potestad de decir cuando serán deportados”.
Se espera que el gobierno, a través del Departamento de Justicia, apele la decisión de Tripton.
