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El futuro inmediato de miles de personas cuyos casos de asilo están siendo procesados bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’, es desconocido.
Si bien la Corte Suprema determinó a finales de junio que el gobierno puede “cancelarlo”, deberán cumplirse una serie de requisitos legales para proceder a desmantelarlo y crear un protocolo de reemplazo. “El fallo de la Corte Suprema es significativo por varias razones”, dice Stephen Yale-Loher, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.
En primer lugar, el máximo tribunal de justicia “preservó su derecho a decidir sobre los méritos de una controversia de inmigración, incluso si la ley de inmigración prohíbe que los tribunales inferiores emitan una orden judicial”.








































