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El análisis de tres grupos no partidistas sugiere que el movimiento negacionista de las elecciones está vivo y coleando en los parlamentos de todo el país.
Por Adam Edelman – NBC News
Legisladores de 38 estados han presentado este año casi 200 proyectos de ley que permitirían a los Gobiernos estatales “subvertir” las elecciones, según un informe elaborado por tres grupos no partidistas que hacen un seguimiento de este tipo de proyectos.
El análisis realizado por States United Democracy Center, Protect Democracy y Law Forward reveló que los legisladores -en su mayoría republicanos- presentaron 185 proyectos de ley en sus sesiones legislativas estatales desde el 1 de enero hasta el 3 de mayo que aumentarían el riesgo de subversión al politizar, criminalizar o interferir en las elecciones.
Esta cifra es similar a la de las sesiones de los dos últimos años, que los grupos también han analizado. Quince de los proyectos de ley presentados este año ya han sido aprobados.
NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, obtuvo el informe antes de su publicación el jueves por la mañana.
Sus conclusiones sugieren que el movimiento de negación de las elecciones está vivo y coleando en las cámaras estatales de todo Estados Unidos -a pesar de que un número abrumador de negacionistas electorales (candidatos que se han hecho eco de las continuas afirmaciones falsas del expresidente Donald Trump de que las elecciones de 2020 le fueron robadas) perdieron sus elecciones al Senado y a la Secretaría de Estado en las elecciones de mitad de mandato del año pasado- y que los intentos de facilitar la anulación de las elecciones persistirán si no se pone freno a este tipo de legislación.
El análisis definió la subversión electoral como el resultado de cualquier proyecto de ley que propusiera una de estas cinco acciones: usurpar el control sobre los resultados electorales, exigir auditorías electorales o revisiones de resultados partidistas o poco profesionales, apoderarse del poder sobre las responsabilidades electorales, crear cargas inviables en la administración electoral o imponer sanciones penales o de otro tipo desproporcionadas.
“Los legisladores intentan dificultar el trabajo de los funcionarios electorales de confianza y facilitar que los políticos partidistas anulen la voluntad de los votantes. Aunque muchos puedan pensar que esta amenaza ha disminuido tras las elecciones de mitad de mandato, lo cierto es que no ha sido así”, declaró a NBC News Maya Ingram, asesora principal de desarrollo de políticas del Centro para la Democracia de Estados Unidos. “De hecho, los legisladores están ideando nuevas formas de interferir en las elecciones”.
Los autores del análisis escribieron que muchos de los proyectos de ley están diseñados “para inyectar confusión y retrasos en el proceso electoral, lo que aumenta la probabilidad de intentos de subversión y puede dar lugar a la desinformación, erosionando aún más la confianza pública y la confianza en los resultados de las elecciones”.
Según los autores, los escenarios resultantes de muchas de las leyes propuestas son más peligrosos en elecciones reñidas, porque los “actores partidistas” podrían utilizarlos para explotar la confusión sobre los resultados “para afirmar que no se puede determinar la verdadera voluntad de los votantes” y para “maquinar el resultado de su elección”.
Por ejemplo, los legisladores republicanos de Texas propusieron un proyecto de ley -HB 5082- que otorgaría a los funcionarios estatales la autoridad para ordenar nuevas elecciones en condados cuya población supere el millón de habitantes si existe una “buena causa” para concluir que el 2% de los colegios electorales se quedaron sin papeletas y no recibieron recambios. Tales condados -como el de Harris, que incluye Houston- albergan a una gran parte de los votantes demócratas del estado.
Los republicanos de Arizona presentaron un proyecto de ley -HB 2078- que, si se promulga, permitiría a los candidatos, a los presidentes de los partidos políticos de los condados y a ciertos comités estatales de medidas electorales solicitar investigaciones postelectorales que, según la ley, darían lugar a auditorías por parte del secretario de Estado.
Aunque, en teoría, estas auditorías deberían ser sencillas, los detractores del proyecto de ley de Arizona, y de proyectos similares, señalan que el año pasado se presentaron a las elecciones a secretario de estado en 12 estados personas que negaban las elecciones, entre ellas Mark Finchem en Arizona. Aunque Finchem perdió, el escenario suscitó una enorme preocupación sobre cómo podría llevarse a cabo una auditoría de este tipo con un negacionista electoral supervisándola.
Mientras tanto, los proyectos de ley patrocinados por el Partido Republicano en Arizona, Carolina del Sur y Virginia proponían prohibir el uso de máquinas de tabulación electrónica de votos e instituir, en su lugar, el recuento directo, una práctica que, según los expertos, lleva mucho más tiempo que la tabulación mecánica y es mucho más propensa a errores.
Entre las leyes que se han promulgado está la SB 222 -aprobada y convertida en ley por los republicanos de Georgia-, que convierte en delito grave que los trabajadores electorales locales o los funcionarios del gobierno acepten fondos privados, incluidas subvenciones, para sufragar los costes electorales. Los republicanos de Arkansas, Idaho y Montana promulgaron leyes similares en sus últimas sesiones legislativas.
Y en Florida, el gobernador Ron DeSantis, que aspira a la nominación del Partido Republicano a la presidencia, firmó un proyecto de ley que amplía los poderes del fiscal estatal para perseguir el fraude electoral, a pesar de que estos delitos son extremadamente raros.
La Legislatura también aumentó el presupuesto para la policía electoral de DeSantis, a pesar de las críticas generalizadas sobre sus arrestos de dos docenas de personas acusadas de no ser elegibles para votar cuando votaron en las elecciones de 2020, a pesar de que la administración de DeSantis también les dijo que podían votar legalmente.
Es casi seguro que esas leyes afectarán el comportamiento de votación y cómo se administran las elecciones en esos estados y en otros donde se han promulgado leyes.
“Las decisiones que los estados tomen hoy determinarán cómo se administrarán las elecciones en 2024”, explicó Ingram, del Centro para la Democracia de Estados Unidos. Añadió que “incluso cuando estos proyectos no se convierten en ley, mantienen vivas las mentiras y las teorías conspirativas y sostienen el movimiento negacionista de las elecciones”.
