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¿Por qué los desaparecieron?, ¿cómo fueron hallados en una barranca a 100 metros de profundidad?, ¿están o no relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación? Estas son algunas de las preguntas que han quedado abiertas luego de que, el martes, el gobierno de Jalisco diera a conocer el reporte forense de los cuerpos hallados en el que se confirmó que son los desaparecidos.
El gobierno del estado de Jalisco informó el martes que los restos humanos rescatados en 45 bolsas de plástico de una barranca del municipio de Zapopan pertenecen a las ocho personas denunciadas desaparecidas de dos supuestos call centers.
Mediante un sucinto comunicado de tres párrafos, el gobierno del estado dijo que los resultados forenses de los restos humanos de la barraca de Tempisque, en la colonia Mirador Escondido, el 1 de junio pasado, “corresponden a los jóvenes que laboraban en un centro de operaciones en Zapopan y que contaban con denuncia de desaparición”.
Entre el 20 y 22 de mayo, siete personas desaparecieron, sin que hasta este miércoles se hubiera dado a conocer la razón de manera oficial, de dos presuntos centros telefónicos instalados en las colonias Jardines Vallarta y La Estancia, del municipio jalisciense de Zapopan, colindante con Guadalajara, capital del estado.
Sin embargo, diversas interrogantes continúan abiertas alrededor de este caso, como cuál fue la razón de su desaparición y por qué los mataron.
¿Cuáles son las causas de la desaparición y muerte de los 8 trabajadores de los call centers?
Una de las dudas más importantes que las autoridades no han aclarado es quién y por qué los mataron.
Igualmente, queda abierta la interrogante de quién alertó a las autoridades de los restos humanos en bolsas en la barraca de Tempisque.
La falta de información ha llevado a que los familiares aseguren que los fallecidos han sido revictimizados.
El 3 de junio —en espera de la confirmación de la identidad de los restos hallados en la barranca— el gobernador del estado, Enrique Alfaro, declaró que los dos call centers realizaban operaciones ilícitas.
«Lo que sucedía en estos lugares se tiene que investigar y tenemos mucha información que nos hace pensar que esto no era un call center, eran centros donde se hacían otro tipo de actividades y hay quien dice que esto es revictimizar cuando lo que creemos es que tenemos que hablar y decir las cosas con la verdad y como son», expresó Alfaro.
Quienes señalaron la revictimización de las personas fueron sus familias y algunas organizaciones locales. Ellos exigieron en distintas manifestaciones que primero encontraran a los desaparecidos y luego los juzgaran.
¿Se logrará identificar a los cuerpos de los trabajadores y qué recibirán sus familiares?
Los siete desaparecidos fueron los hermanos Itzel Abigaíl Valladolid Hernández, de 27 años, y Carlos David Valladolid Hernández, de 23 años; Carlos Benjamín García Cuevas, de 31 años; Arturo Robles Corona, de 30 años; Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37 años; Mayra Karina Velázquez Durán, de 29 años; y Jorge Miguel Moreno Morales, de 28 años.
Una octava persona fue sumada al grupo unos días después, Juan Antonio Estrada, de 34 años, a quien su familia lo reportó como que tuvo un último contacto el 22 de mayo, el mismo día que seis de las otras personas desaparecieron; pero que tampoco se sabe si laboraba o no en alguno de los presuntos centros telefónicos.
A pesar de la confirmación del martes del gobierno de Jalisco, hasta ahora, de las ocho personas desaparecidas, únicamente uno de ellos ha sido identificado oficialmente. Se trata de Arturo Robles Corona, quien era originario de la Ciudad de México y tenía cuatro años radicando en Jalisco. Del resto, hasta el momento de la publicación de esta nota, nada se sabe.
De acuerdo con el diario mexicano La Jornada, varios parientes de las personas desaparecidas se quejaron de que no fueron informados de la identificación, “por lo que sigue siendo imprecisa la cantidad de cuerpos que serán entregados a sus seres queridos”.
¿Y las pruebas de los fraudes inmobiliarios?
Desde que se conoció el caso, las autoridades del estado prometieron a las familias que trabajarían de manera transparente y que harían llegar toda la información disponible.
El 26 de mayo, la Fiscalía del estado publicó un boletín en el que señalaban que la instalación de la calle Víctor Hugo de la colonia Jardines Vallarta “posiblemente estaba destinado a prestar servicio como call center de cobros de deudas a personas extranjeras, y a la venta de tiempos compartidos de hoteles por lo que esos datos también se indagan”.
Esta información hizo que distintos medios de comunicación apuntaran a un caso vinculado a Estados Unidos de estafas de venta de tiempos compartidos vacacionales operados por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyas víctimas eran ciudadanos estadounidenses y que fue alertado por el Departamento del Tesoro en marzo pasado.
Al respecto, el gobierno de Jalisco informó que ya trabajan en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para determinar si los supuestos call centers están vinculados o no a las denuncias presentadas por fraude.
El 30 de mayo, un par de días antes del hallazgo en la barranca del Mirador Escondido, la propia secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, aseguró durante la conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ya se investigaba el caso de las, aun entonces, siete personas desaparecidas en los call centers de Zapopan.
“Los primeros informes señalan que sí se trata de personas que estaban realizando algún tipo de fraude inmobiliario o algún tipo de extorsiones telefónicas”, indicó sin que hiciera referencia a los avances en el paradero de las personas no localizadas.
