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El ‘advance parole’ anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero fue demandado por una veintena de estados republicanos encabezados por Texas. Alegan que el gobierno creó un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.
El juicio que decidirá el futuro del programa de reunificación anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero comenzará el 24 de agosto. Hasta entonces, inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que buscan entran a Estados Unidos deberán podrán seguir aplicando al perdón humanitario por medio de un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El juez federal Andrew Drew Tipton, de la Corte Federal de Distrito en Victoria, sur de Texas, fijó para esa fecha el inicio de la causa, entablada la última semana de enero por una veintena de estados encabezados por Texas, todos ellos gobernados por republicanos.
A finales de febrero Tipton decidió no aceptar, por el momento, el pedido de los demandantes, quienes pidieron a la corte suspender el “advance parole” del 5 de enero mientras el tribunal tomaba una decisión final.
El programa o perdón humanitario de Biden forma parte de una estrategia para permitir la entrada legal de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al país, las cuatro principales nacionalidades de extranjeros que en los últimos años han llegado a la frontera en busca de asilo, generando una crisis humanitaria sin precedentes.
El reglamento del ‘advance parole’ indica que los ciudadanos de los cuatro países señalados que no tengan visa solo pueden entrar a Estados Unidos por medio de un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Una vez conseguido el aval del gobierno, los beneficiarios deben ingresar a Estados Unidos vía aérea con un pasaporte vigente. Llegados a un puerto de entrada, son inspeccionados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), agencia que les da admisión para que puedan permanecer en el país durante dos años y gestionar un permiso de trabajo.
Durante el tiempo de permanencia autorizado los titulares deben ajustar su estatus por cualquier vía legal vigente, tal como el asilo. De no hacerlo, deberán salir del país o serán deportados.
‘Advance parole’ para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos: la demanda
El grupo de demandantes del `advance parole’, programa que permite la entrada de hasta 30,000 refugiados mensuales de los cuatro países señalados, presentó a la corte de Victoria una demanda de 39 páginas en la que se alega que el gobierno, a través del DHS, “bajo el pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera entre puertos de entrada, ha creado efectivamente un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso”.
Los demandantes señalan, además, que el poder de libertad condicional del DHS “es excepcionalmente limitado” y advierten que ha sido restringido por el Congreso “varias veces y puede usarse solo caso por caso derazones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”.
A pesar de estas limitaciones, los estados contrarios al programa humanitario indicaron que “el plan del DHS permite que extranjeros puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no hay otra base legal para que lo hagan”.
“El programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo”, se lee en el escrito.
En la demanda participan los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming.
El ‘advance parole’ para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos sigue vivo… por ahora
A finales de febrero, cinco semanas después de presentada la demanda, el juez Tipton decidió no aceptar en ese momento el pedido de los 20 estados republicanos, quienes en enero pidieron suspender el ‘advance parole’ mientras la corte toma una decisión final.
Los fiscales generales del grupo de demandantes alegan además que, el gobierno de Biden creó un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.
De acuerdo con el fallo de febrero, la decisión final sobre el programa humanitario de Biden sería tomada en las próximas semanas o meses, una vez concluidas las audiencias programadas por el tribunal de Victoria.
La primera de ellas se llevó a cabo el 3 de marzo donde los abogados, tanto del gobierno como de los 20 estados demandantes, presentarán argumentos orales.
El juez Tipton estipuló en la decisión donde fija el comienzo del juicio que “las partes comparecerán en persona para una conferencia previa al juicio final el día 23 de agoto a las 13 horas (local)”.
La decisión agrega que “el juicio comenzará el 24 de agosto de 2023 a las 9:00 AM en Victoria, Texas”. Y que, a más tardar el 29 de septiembre, “las partes presentarán propuestas, determinaciones de hecho y conclusiones de derecho con citas al expediente del juicio. Si las Partes desean presentar cualquier memorando de derecho posterior al juicio, deberán hacerlo a más tardar en esta fecha”, precisó.
Qué deben hacer por ahora los beneficiarios del ‘advance parole’
Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias indicaron que, mientras el programa siga vigente, los beneficiarios del perdón humanitario del gobierno “pueden seguir participando” y completando los pasos para conseguir la aprobación de un patrocinador por parte del DHS.
“Todas las personas que no han aplicado todavía pueden hacerlo, tienen tiempo, el programa sigue vigente”, dijo José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida.
“A la misma vez, quienes ya se postularon y están esperando que los llamen, no dupliquen la aplicación porque perderá su caso. Sigan esperando, tengan paciencia”, indicó.
Asimismo, Guerrero recomendó que, “si al patrocinador le negaron la solicitud, pero considera que sí califica y tiene evidencia adicional que entregar al DHS, vuelva a postularse como patrocinador y entregue la evidencia adicional para reforzar su caso”.
En el caso de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela que quieran venir a estados Unidos y de patrocinadores que tengan problemas legals o antecedentes criminales, “antes de entrar en contacto con el gobierno busquen consejo legal para determinar si el problema afectará el proceso”, puntualizó Guerrero.
El DHS reiteró que las personas que no tengan una visa de ingreso y tampoco un patrocinador, deben ingresar a la aplicación móvil CBP One y postular a cualquier programa legal vigente. Una vez cumplidos los requisitos, debe esperar una autorización para presentarse en un puerto de entrada.
También advirtió que quienes sean hallados en la frontera y no tengan una causa legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados de manera expedita.
