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La decisión de la magistrada se produce horas después de la demanda que presentó la universidad este viernes contra la directiva que el Departamento de Seguridad Nacional emitió un día antes.

Una jueza federal de Boston, Massachusetts, bloqueó a la Administración del presidente, Donald Trump, de “implementar, instituir, mantener, o poner en efecto la revocación de” la certificación de Harvard para inscribir a estudiantes extranjeros, luego de que la institución presentara este viernes una demanda contra el Gobierno alegando que era una represalia inconstitucional por desobedecer las demandas políticas de la Casa Blanca.

La orden de restricción temporal de la jueza de distrito Allison D. Burroughs impide que el Gobierno pueda retirar la certificación de la universidad en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, que permite a la institución recibir alumnos con visas para estudiar en Estados Unidos.

Bajo la decisión de la jueza, los estudiantes extranjeros pueden continuar matriculados en la escuela. Una audiencia para el caso está programada para la próxima semana.

La universidad alegó en su demanda interpuesta este viernes que la acción del Gobierno viola la Primera Enmienda y tendrá un “efecto inmediato y devastador para Harvard y más de 7,000 titulares de visas”.

“De un plumazo, el Gobierno ha intentado borrar a una cuarta parte del alumnado de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la Universidad y a su misión”, afirma la universidad en su querella.

Harvard tiene inscritos a casi 6,800 estudiantes extranjeros tan solo en su campus en Cambridge, Massachusetts. La mayoría son alumnos de postgrado procedentes de más de 100 países.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la medida el jueves, acusando a Harvard de crear un campus inseguro al permitir que “instigadores antiestadounidenses y proterroristas” ataquen a estudiantes judíos en sus instalaciones. Además alegó que la universidad se coordina con el Partido Comunista Chino e indicó que la escuela recibió y entrenó a miembros de un grupo paramilitar chino en 2024.

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, calificó la demanda como un intento de “restringir los poderes constitucionales del presidente”.

“Es un privilegio no un derecho para las universidades inscribir a estudiantes extranjeros y beneficiarse de los pagos por sus altas matriculas para ayudar a financiar sus dotaciones multimillonarias”, aseguró en un comunicado el viernes. “La Administración Trump está comprometida a restaurar el sentido común en nuestro sistema de visas; ninguna demanda, ni ésta y otra, cambiará eso”, afirmó.

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