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Por Valerie González – The Associated Press
El Gobierno del republicano Donald Trump presentó una moción este jueves para poner fin al conocido como Acuerdo Flores, que, desde la década de 1990, brinda protección a los niños migrantes bajo custodia federal.
Esta medida limita en la mayoría de los casos a 72 horas el plazo durante el que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) puede mantener detenidos a menores que viajan solos o con familiares, y garantiza las condiciones de seguridad y salud bajo custodia federal.
El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda por presunto maltrato generalizado en la década de 1980 provocó una supervisión especial de los menores.
Es es la segunda vez que Trump intenta poner fin a esta política. En agosto de 2019, en su primer mandato, el Gobierno solicitó a un juez la disolución del acuerdo. Su moción fue revocada en diciembre de 2020 por una Corte de Apelaciones, justo al final de su presidencia, y el caso no llegó hasta la Corte Suprema.
Ya con el demócrata Joe Biden en la Casa Blanca se levantaron las protecciones de supervisión para los niños migrantes del Departamento de Salud con nuevas directrices el año pasado.
El Departamento de Seguridad Nacional (que incluye a la CBP) sigue sujeto al acuerdo. Los niños que cruzan la frontera suelen ser liberados junto sus familias o enviados a albergues operados por el Departamento de Salud; los plazos varían según el número de personas que cruza la frontera al mismo tiempo.
Incluso con el acuerdo vigente se han registrado casos en los que el Gobierno no ha proporcionado condiciones adecuadas para los niños bajo custodia, como en un caso en Texas, donde casi 300 tuvieron que ser sacados de un centro de la Patrulla Fronteriza tras recibir informes de que recibían comida, agua y saneamiento inadecuados.
Monitores designados judicialmente supervisan el acuerdo e informan a la jueza del Distrito Central de California, Dolly M. Gee, sobre las instalaciones que lo incumplen. La CBP estaba a punto de reanudar su propia supervisión, pero en enero un juez federal dictaminó que no estaba lista y extendió el uso de los monitores designados por el tribunal por otros 18 meses.
