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Univision Noticias

El acuerdo judicial puso fin a un programa secreto elaborado por el gobierno de Donald Trump y facilitará que familiares en Estados Unidos reclamen la custodia de menores no acompañados y esperar en libertad la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.

Un acuerdo judicial entre el gobierno, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y abogados permitirá acelerar el proceso de reunificación de menores no acompañados detenidos en la frontera y procesados bajo el Acuerdo Judicial Flores de 1997.

La ACLU dijo que “el acuerdo establece un conjunto de presuntos plazos para que el gobierno programe citas de toma de huellas dactilares y complete el procesamiento de huellas dactilares para padres y patrocinadores que buscan reunirse con niños bajo custodia del gobierno”.

“Siete días hábiles para una cita y 10 días hábiles para el procesamiento” de las reunificaciones familiares, indica el acuerdo.

El grupo de derechos civiles dijo que el estándar “se aplicará a todos los niños a nivel nacional bajo la custodia de la Oficina de Reunificación de Refugiados (ORR)”, dependencia que opera bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

“La agencia también deberá publicar periódicamente informes sobre su proceso y resultados durante este período, rastreando, por primera vez, cuánto tiempo lleva la toma de huellas dactilares en toda la agencia”, indica el acuerdo.

El Acuerdo Judicial Flores de 1997 señala que los menores no acompañados no pueden ser deportados, sino que un juez de inmigración debe decidir sus futuros en Estados Unidos. Agrega que los menores no pueden ser privados de libertad por más de 72 horas en instalaciones de la Patrulla Fronteriza y deben ser entregados bajo la custodia del HHS, quien luego los remite a la ORR.

Programa secreto de Trump

El acuerdo anunciado por la ACLU puso fin a un programa secreto elaborado en 2018 por el entonces gobierno de Donald Trump en el marzo de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) elaboró un plan para revisar a fondo los antecedentes de familiares que reclaman la custodia de menores no acompañados que se encuentran bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

En diciembre de 2019 la agencia dijo a Univision Noticias que estaba “brindando asistencia al HHS para garantizar que los niños extranjeros no acompañados no sean colocados con potenciales patrocinadores sin una suficiente verificación” de antecedentes.

ACLU dijo que el gobierno de Trump “usó la verificación de antecedentes con huellas dactilares para retrasar la liberación de los niños inmigrantes detenidos por las autoridades migratorias”.

La verificación de antecedentes llevada a cabo por ICE se hizo por medio de datos biométricos almacenados en bases de datos de agencias del gobierno federal que participaron en el proceso migratorio. Pero la agencia nunca detalló qué tipo de crímenes o faltas descalificaban al familiar que reclamaba una custodia, ni el tipo de castigo o sanción que pudieron enfrentar si el sistema creado arrojaba una alerta.

El acuerdo

ACLU dijo que en el acuerdo con el gobierno participaron además el Centro Nacional para la Ley de la Juventud y el bufete de abogados Morrison Foerster. El documento judicial se conoce como ‘Duchitanga versus padres y patrocinadores debido a los nuevos requisitos de verificación de antecedentes de huellas dactilares’.

“La política de huellas dactilares mantuvo a los niños detenidos durante largos períodos lejos de sus padres, agregando semanas y meses a su tiempo bajo custodia del gobierno”, dijo el grupo de derechos civiles.

“Al mismo tiempo, la ORR adoptó nuevas políticas para compartir huellas dactilares y otra información con ICE con fines coercitivos, disuadiendo a los padres y patrocinadores de reunirse con sus hijos”, agregó.

La organización dijo además ante la amenaza de una orden judicial preliminar, “el gobierno federal revocó prácticamente todas las políticas de toma de huellas dactilares cuestionadas en el caso”. Señaló además que “desde entonces, los retrasos en la toma de huellas dactilares se han eliminado en gran medida. Y el gobierno ha abierto nuevos sitios de toma de huellas dactilares en todo el país y ha reducido los requisitos de toma de huellas dactilares para que coincidan con las políticas anteriores a 2018”.

“Este acuerdo evitará que las administraciones actuales o futuras restablezcan estas políticas dañinas de toma de huellas dactilares y los retrasos” que dificultan las reunificaciones familiares, apuntó.

El programa secreto

La colaboración entre ICE y el HHS entre 2018 y 2019 fue parte de un plan secreto que elaboró la Casa Blanca y que fue denunciado por el diario The Washington Post a finales de 2019.

El periódico dijo entonces que altos funcionarios del HHS habían rechazado el intento, pero terminaron por ceder y permitir que los agentes de ICE recopilen huellas digitales y otra información biométrica de los adultos que reclaman la custodia de niños no acompañados en los centros administrados por la ORR.

Organizaciones y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes temieron en aquella ocasión que bajo el programa “ICE localice, arreste y deporte a migrantes que reclamen una custodia”.

ICE dijo en ese momento a Univision Noticias que la colaboración con el DHS ayudaba “a mejorar los procedimientos de investigación de antecedentes para garantizar que los menores no sean colocados involuntariamente con adultos que no son elegibles para el patrocinio debido a criminalidad u otros factores negativos”.

«Lo que estamos haciendo es trabajar para mejorar el proceso de investigación de antecedentes para proteger a los menores de ser colocados de manera inapropiada en situaciones en las que pueden estar en mayor riesgo o daño”, indicó.

La agencia también dijo que “los posibles patrocinadores que hayan proporcionado información precisa y no tengan factores descalificadores, no tendrían motivos para temer que se mejoren los procedimientos de verificación para identificar a las personas que han presentado información fraudulenta o falsa”.

Una de las razones dadas por ICE en 2019 para justificar el programa secreto era que el HHS utilizaba una base de datos con un sistema “no gubernamental” para llevar a cabo las verificaciones de antecedentes de los posibles patrocinadores de niños migrantes no acompañados.

Las justificaciones

Además, dijo, “el HHS no tiene un mecanismo para identificar documentos fraudulentos o documentos obtenidos por fraude”, y que el propósito de la colaboración “es ayudar a disminuir estas vulnerabilidades en los procedimientos de detección y verificación del HHS, aumentando así el bienestar y la seguridad de los menores”.

The Washington Post, sin embargo, reportó una razón diferente cuando denunció el plan. Dijo que él había sido ideado en secreto por Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Trump y gestor de la polémica política migratoria de ‘tolerancia cero’.

ICE dijo en su respuesta a Univision Noticias que la versión del diario “simplemente no era exacta”. Y también advirtió que las mejoras en el programa de verificación de antecedentes y el intercambio de información entre ambas dependencias, “pueden dar lugar a una permanencia un poco más larga de los niños migrantes no acompañados bajo custodia de ORR”.

Un caso

ACLU mencionó uno de los casos afectados que formó parte de la demanda contra el programa. Se trata de Blanca Ortiz, cuyos dos hijos fueron puestos bajo la custodia de la ORR en julio de 2018 y permanecieron detenidos durante casi cuatro meses debido a la política de huellas dactilares de la administración Trump.

“Siempre recordaré los meses en que el gobierno me mantuvo separada de mis dos hijos. No hay dolor más grande que se pueda causar que cuando separas a un niño de su madre”, dijo Blanca. “Después de mis citas de huellas dactilares, cada vez que le preguntaba a la trabajadora social de mis hijos cuánto tiempo tardaría en recibir los resultados, ella decía lo mismo: que el proceso era lento y que no estaba en sus manos. Mis hijos sufrieron tremendamente mientras estaban bajo custodia. Nunca, nunca quiero volver a pasar por esto, y no quiero que esto le pase a nadie más. Es inhumano”, dijo la mujer.

“Cuanto más tiempo se detenga a los niños, más probable es que sufran daños psicológicos irreversibles, revivan el trauma, se atrasen en la escuela y, para aquellos que cumplen 18 años bajo custodia, corren el riesgo de ser transferidos a un centro para adultos”, dijo Bobby Hodgson, abogado supervisor de ACLU de Nueva York. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer para proteger a los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno, pero este acuerdo es un paso valioso”, precisó.

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