Publicidad

Univision Noticias

Funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad, el principal foro del presidente para toma de decisiones, teme que el desarme del Programa de Protección del Migrante (MPP) desescadene una crisis sin precedente en la frontera con México.

Un reporte del diario The Wall Street Journal publicado el viernes revela las divisiones en el gobierno de Joe Biden respecto a desmantelar o mantener vigente el Programa de Protección del Migrante (MPP), ante la posibilidad de que se produzca una avalancha de solicitantes de asilo en la frontera con México.

El 30 de junio la Corte Suprema de Justicia, en una decisión 5-4 escrita por el juez principal, John Roberts, indicó que la decisión del gobierno de Biden de terminar con el programa, también conocido como ‘Quédate en México’, “no viola la ley de inmigración, específicamente la Acta de Inmigración y Nacionalización (INA)”.

Un mes después y a pesar de que el máximo tribunal de justicia dejó abierta la puerta para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo desmantele, el protocolo sigue vigente, pero altos funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) “expresan preocupación” ante un posible aumento en el número de migrantes si se cancela, reportó el viernes el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Fecha incierta

El 12 de julio, dos semanas después del dictamen de la Corte Suprema, Univision Noticias reportó que había varios pasos que dar después del dictamen. Y que el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, había advertido dos semanas antes a la cadena de noticias CBS que, antes de proceder a la eliminación del protocolo, “hay que esperar a que llegue el dictamen al juzgado de distrito que emitió una medida cautelar impidiéndonos terminar ‘Quédate en México’”.

El tribunal citado por Mayorkas es la corte del Distrito Norte de Texas que, en agosto del año pasado y en respuesta a una demanda entablada por los estados de Texas y Missouri (ambos gobernados por republicanos), ordenó al gobierno restaurar el MPP. En la decisión, el tribunal consideró que el gobierno «falló en analizar muchos factores críticos» como beneficios del programa y que ponerle fin había sido ilegal y dañino”.

De acuerdo con las explicaciones de Mayorkas, el tribunal de distrito del norte de Texas debe revisar la sentencia de la Corte Suprema y proceder a levantar su “orden” que emitió en agosto del 2021 y que estipuló la restauración del programa. «Hay que esperar a que llegue ese fallo al juzgado de distrito que emitió una medida cautelar impidiéndonos terminar ‘Quédate en México’. Por lo tanto, tenemos varias semanas antes de que ese tribunal levante su orden judicial y, hasta entonces, estamos obligados, por el fallo del tribunal de distrito, a continuar implementando el programa y lo haremos de conformidad con la ley», indicó.

La espera señalada por Mayorkas sigue vigente y nadie sabe hasta cuándo. El WSJ dijo, citando fuentes familiarizadas con el asunto, que el tema “se está analizando” en el CNS de la Casa Blanca, “donde algunos altos funcionarios han expresado dudas”.

El periódico indicó además que, de acuerdo con un comunicado del CNS, la política del MPP “fue defectuosa, inhumana e ineficaz, y es por eso que esta administración se movió dos veces para terminarla y luchó hasta la Corte Suprema para terminarla”.

La nota agrega que “damos la bienvenida a la decisión de la Corte Suprema y esperamos continuar con nuestros esfuerzos para terminar (MPP) una vez que sea legalmente permisible hacerlo”.

El documento no cita fecha. Pero si refleja razones para ser cautelosos, entre ellas que la publicidad sobre el desmantelamiento del programa atraiga más personas a cruzar la frontera ilegalmente, indicaron fuentes al diario.

Junto con el MPP, el gobierno de Joe Biden cuenta con el Título 42 del Código de Estados Unidos como herramientas para deportar aceleradamente a extranjeros en la frontera con México. Ambas políticas fueron activadas por el gobierno de Donald Trump, la primera como parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ y la segunda debido a la pandemia del coronavirus.

El WSJ señala además que la vigencia tanto del MPP como del Título 42 siguen siendo las únicas “herramientas disuasorias” que el gobierno de Biden puede utilizar para manejar el alto flujo de migrantes originarios de Cuba y Venezuela que buscan asilo, países que no aceptan a ningún ciudadano deportado de los Estados Unidos.

Ambas políticas permiten la expulsión o envío de extranjeros a territorio mexicano. Quienes están bajo el MPP deben esperar en ese territorio la resolución de sus casos de asilo en tribunales de inmigración estadounidenses. Los expulsados bajo el título 42 pueden tener un castigo o prohibición de hasta cinco años para volver a intentar el cruce, a menos que evidencien -y el argumento sea escuchado por las autoridades federales estadounidenses- un miedo o temor creíble de perder la vida si son deportados.

Las fuentes también señalaron preocupaciones de que, si se pone fin al MPP por completo, trastorne las negociaciones de inmigración con el gobierno mexicano, que preferiría que el programa se mantuviera vigente.

El gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha emitido comentarios al respecto. Las negociaciones entre ambos gobiernos permite tener control sobre los movimientos migratorios en la frontera común entre ambos países y temen que la cancelación del protocolo dispare el flujo de personas.

Cuesta arriba

Hasta ahora, las razones para mantenerlo vigente pesan más que los motivos para desmantelarlo. Y entre las respuestas que debe preparar el gobierno de Joe Biden está, por ejemplo, qué hará con todas aquellas solicitudes de asilo que fueron procesadas bajo el MPP y regresados a México a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales de inmigración estadounidenses.

“Los migrantes que esperan en México deben permanecer tranquilos por el momento”, dijo a principios de julio la publicación Political IQ. Y el consejo permanece vigente.

Sin embargo, el juez de distrito de Texas que en agosto pasado detuvo la cancelación del MPP, no puede simplemente reinstaurarlo, según Jeremy McKinney, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“La mayoría (de los magistrados) dijo que este juez de Texas no tenía derecho a obligar a la Administración Biden a volver a implementar el programa”, dice McKinney sobre el fallo de la Corte Suprema.

Entre las posibles decisiones, añade McKinney, la corte de Distrito del Norte de Texas podría dictaminar que la Casa Blanca violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) porque no envió correctamente el memorando de Trump que puso en marcha el MPP. Pero advierte que, si el juez determina que el remedio para esa violación es volver a implementar el programa, “eso está fuera de los límites según la mayoría de esta Corte Suprema”.

Si en la revisión la Corte de Texas vuelve a fallar que el gobierno debe detener a los inmigrantes en la frontera y regresarlos al otro lado o ponerlos en libertad condicional caso por caso, se agotarían los recursos disponibles para procesarlos, advierte el presidente de AILA. Y si el gobierno de Biden vuelve a apelar, “el statu quo se mantendría mientras tanto”, sin volver a implementar el “Quédate en México”, advierte McKinney.

Por su parte, los funcionarios del NSC también han argumentado que poner fin al programa “podría provocar de inmediato más litigios por parte de Texas y otros estados liderados por republicanos que podrían obligar al gobierno a reiniciar rápidamente el programa”, dijo e WSJ.

Ante este escenario incierto, abogados consultados por Univision Noticias reiteran a quienes están siendo procesados bajo el MPP, armarse de paciencia.

“Hay que esperar lo que decida la Corte de Texas una vez revise la decisión de la Corte Suprema. Y mientras tanto estar pendientes de todas las directivas e instrucciones que emita el DHS a través de las agencias de inmigración vinculadas al proceso de asilo”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

AILA, por su parte, sostiene que el MPP “fue una política cruel e inhumana implementada por la Administración Trump para dificultar que las personas ejerzan su derecho de asilo”.

Agrega que el fallo de la Corte Suprema de finales de junio “fue una reprimenda directa a las órdenes de los tribunales inferiores y afirmó que la Administración Biden no violó la ley de inmigración cuando eliminó esta política inmoral”.

“La política de MPP, así como el Título 42, han sido una mancha en los valores de Estados Unidos y en los derechos básicos del debido proceso al negar los derechos humanos básicos a miles de personas y que han condujo a cientos de muertes de personas, incluidos niños, que simplemente buscaban seguridad”, dice Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.

El DHS dice que “continuaremos nuestros esfuerzos para terminar el programa tan pronto como sea legalmente permitido”.

Agrega que “también continúa haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración en la frontera y administra las consecuencias para aquellos que ingresan ilegalmente, y continuará con la ejecución ordenada por la corte de la orden de salud pública del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”.

Abogados consultados por Univision Noticiass también señalaron que el gobierno debe ampliar su capacidad de respuesta paras atender el reto del eventual desmantelamiento del MPP. Y que el Congreso debería aprobar fondos adicionales para hacer frente al procesamiento de miles de peticiones de asilo pendientes y las que vendrán en el futuro inmediato.

Publicidad

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.