Univision Noticias
Un grupo de representantes demócratas presenta este jueves al pleno nuevamente una iniciativa de ley para modificar la denominada Ley del Registro, un viejo recurso legal migratorio que por ahora permite a ciertos indocumentados que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 1972 pidan la residencia legal permanente.
La nueva iniciativa no busca, como se ha intentado en otras ocasiones, determinar una nueva fecha de registro de permanencia en el país, sino establecer que los indocumentados que lleven al menos 7 años de permanencia no autorizada, carezcan de antecedentes criminales y no sean inadmisibles para permanecer en el país, califiquen para tramitar la green card (tarjeta verde).
Se estima, que si el plan es aprobado, unos 8 millones de indocumentados calificarían para regularizar sus permanencias.
El plan, que además abre un camino a la ciudadanía para quienes se beneficien del ajuste de estatus cinco años después de recibir la residencia, será presentado este jueves (9 de marzo) por los representantes demócratas Zoe Lofgren (California9, Norma Torres (California), Lou Correa (California), Grace Meng (Nueva York), Adriano Espaillat (Nueva York) y Jesús “Chuy” García (Illinopis).
Por qué lo hacen
“Durante décadas, los inmigrantes que contribuyen significativamente a nuestras comunidades y nuestra economía han sido relegados a un limbo legal”, dijo Lofgren, miembro principal del Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento de la Ley de Inmigración de la Cámara de Representantes y ex abogada de inmigración.
“Mientras que los republicanos extremos del MAGA hacen docenas de viajes a la frontera y realizan otras acrobacias políticas, mis colegas y yo nos estamos enfocando una vez más en la acción de inmigración al reintroducir esta legislación de registro de sentido común que es simplemente una actualización de la ley que se implementó por primera vez en 1929”, agregó.
Activistas que respaldan la iniciativa dijeron que ya es hora de modificar la ley del Registro “es hora de que se cumpla una de las promesas que hizo durante su campaña a nuestra comunidad el presidente Joe Biden”, dijo a Univision Noticias Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de Los Ángeles (CHIRLA).
“Mientras los republicanos de la Cámara continúan fabricando una narrativa antiinmigrante fronteriza falsa y difundiendo una retórica que genera miedo, otros en el Congreso buscan presentar soluciones prácticas y reconocer a los inmigrantes como la fuerza contribuyente que representan para nuestra nación”, señaló Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización.
El último intento
En julio de 2022 y tras reiterados fracasos de incluir la propuesta en el debate sobre el presupuesto que al final fue rechazado por la principal asesora del Senado, la parlamentarian Elizabeth MacDonough, un grupo de representantes demócratas se preparó durante semanas para presentar un proyecto similar al de ahora: cambiar la fecha de la Ley del Registro.
Pero para convertirse en realidad, la bancada demócrata de la Cámara de Representantes no solo debía aprobarlo (tenían los votos para hacerlo), sino convencer al Senado donde demócratas y republicanos tenían 50 votos cada uno, se requerían 60 y no todos los demócratas estaban de acuerdo con la iniciativa.
Los republicanos, por su parte, habían advertido que no respaldarían ningún tipo de beneficio migratorio hasta que el gobierno pudiera fin a la crisis que se vive en la frontera con México, situación que en los meses siguientes empeoró significativamente.
El 29 de septiembre del 2021 MacDonough dijo a un panel de asesores que el cambio de fecha de la Ley del Registro (en ese momento parte de una propuesta migratoria bautizada como Plan B), “nuestro análisis de este tema es en gran medida igual que la propuesta de LPR (residencia legal permanente)” presentada en primera instancia y que fue rechazada 10 días antes.
“Si bien esta propuesta de registro no es una política de inmigración completamente nueva, aún se distingue del texto de PRWORA (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996) en que es un ajuste de estatus a través de una enmienda a la INA (Ley de Inmigración) y no es independiente de los diversos programas de beneficios del gobierno”, agregó.
La respuesta añadió que “el cambio de estatus a LPR sigue siendo un cambio de por vida en circunstancias cuyo valor supera ampliamente su impacto presupuestario”. MacDonough también dijo en aquella ocasión que la legalización de millones de indocumentados propuesta por los demócratas “aumentaría el déficit en unos $131,000 millones durante al menos una década.