El Congresista Salud Carbajal exige una investigación exhaustiva tras la detención indebida y las lesiones sufridas por un estudiante de la escuela de Santa Maria High School
SANTA BÁRBARA, California – El congresista estadounidense Salud Carbajal (demócrata por el distrito 24 de California) envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Venturella, exigiendo una investigación inmediata y exhaustiva sobre las operaciones federales de control migratorio en toda la Costa Central.
La exigencia de Carbajal surge a raíz de la detención y las lesiones sufridas el 21 de octubre por Erik Zepeda, de 20 años, ciudadano estadounidense y estudiante de la escuela secundaria Santa Maria High School, quien padece una discapacidad. Zepeda fue derribado, inmovilizado e interrogado por agentes del ICE mientras caminaba hacia la escuela. Fue hospitalizado y sometido a una cirugía debido a lesiones en la muñeca ocurridas durante su detención indebida. Según los informes, aunque Zepeda portaba una identificación, los agentes no solicitaron verla antes de emplear la fuerza.
«Escribo para exigir una investigación exhaustiva sobre las recientes operaciones federales de control migratorio en la Costa Central de California. Esto incluye la detención y las lesiones sufridas por uno de mis representados, Erik Zepeda, ciudadano estadounidense y estudiante de secundaria que se dirigía a su escuela en Santa Maria, California», escribió el congresista Carbajal. «Más allá de este incidente, he recibido informes alarmantes sobre ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos y lesionados, y he tenido conocimiento de familias y trabajadores agrícolas sin antecedentes penales que se han visto afectados por acciones agresivas de control migratorio en el interior del país».
Carbajal describe, además, el reciente aumento de la actividad del ICE en la Costa Central, incluido el incidente ocurrido el 5 de octubre en el Allan Hancock College.
«Según 805 UndocuFund, 114 personas fueron detenidas durante una operación de control que duró una semana, del 5 al 11 de octubre, en los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura. Los informes describen operativos realizados en lugares de trabajo, dentro de iglesias, en vecindarios, en calles concurridas y cerca de escuelas», añadió el congresista Carbajal.
«Apenas unas semanas antes, el 5 de octubre, agentes de inmigración detuvieron al padre de Mayrin —estudiante de Allan Hancock College— en el estacionamiento del campus, justo cuando ambos llegaban a la institución. Asimismo, los trabajadores agrícolas de toda la Costa Central han enfrentado severas operaciones de control migratorio en los campos donde realizan la extenuante labor que contribuye a alimentar a la nación».
Carbajal concluye la carta exigiendo una investigación exhaustiva sobre las recientes actividades del ICE.
«Un estudiante, ciudadano estadounidense, fue detenido y resultó herido mientras se dirigía a la escuela. Los trabajadores agrícolas de toda la Costa Central han sido objeto de medidas de control que los mantienen con el temor constante de ser detenidos mientras simplemente realizan su trabajo. Las explicaciones genéricas, que se limitan a afirmar que los agentes de inmigración están siguiendo las políticas de la agencia, resultan insuficientes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deben explicar lo sucedido, investigar posibles conductas indebidas y tomar medidas para evitar que estos incidentes vuelvan a ocurrir», concluyó el congresista Carbajal.
La carta completa está disponible AQUÍ y a continuación.
Estimado secretario Mullin y director interino Venturella:
Les escribo para exigir una investigación exhaustiva sobre las recientes operaciones federales de control migratorio llevadas a cabo en la Costa Central de California. Esto incluye la detención y las lesiones sufridas por uno de mis representados, Erik Zepeda —ciudadano estadounidense y estudiante de secundaria—, mientras se dirigía a pie a su centro educativo en Santa Maria, California. Más allá de este incidente, he recibido informes alarmantes sobre ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos y lesionados; asimismo, he tenido conocimiento de familias y trabajadores agrícolas, sin antecedentes penales, que se han visto afectados por agresivas operaciones de control migratorio en el interior del país. Lo que es más grave: me preocupa profundamente que un número creciente de personas esté siendo objeto de estas acciones debido a su raza, origen étnico o estatus migratorio percibido. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deben rendir cuentas ante el público y las comunidades a las que sirven, incluidos mis representados. Espero que esta investigación esclarezca lo ocurrido, determine cómo se ajustan estas operaciones a las protecciones constitucionales y precise qué medidas están tomando el DHS y el ICE para prevenir detenciones injustas y prácticas de control discriminatorias.
El 21 de octubre de 2026, agentes federales detuvieron a Erik Zepeda, un ciudadano estadounidense de 20 años y estudiante con discapacidad de la preparatoria Santa Maria, mientras caminaba hacia la escuela. Según informes de la prensa local, los agentes lo abordaron y lo inmovilizaron, lo interrogaron sobre su identidad y ciudadanía mientras se encontraba en su vehículo y lo liberaron cerca del lugar donde lo habían detenido. Continuó su camino a la escuela, donde el personal observó sus lesiones y llamó a una ambulancia. Fue hospitalizado y sometido a cirugía por las lesiones sufridas en sus muñecas a causa de su detención injustificada por parte del ICE. Los informes también indican que el estudiante portaba una identificación, pero los agentes no se la pidieron antes de detenerlo. La afirmación del ICE de que coincidía con la descripción de una persona buscada y que se resistió a las órdenes no resuelve las graves dudas que plantea este incidente. La detención de un ciudadano estadounidense que, según los informes, lo dejó hospitalizado y requiriendo cirugía, exige una investigación completa y transparente, así como la rendición de cuentas por cualquier mala conducta.
Lamentablemente, los informes sobre el uso excesivo de la fuerza, la violación de los derechos constitucionales y la discriminación racial basada en el estatus migratorio percibido van más allá de este incidente. Según 805 UndocuFund, 114 personas fueron detenidas durante una operación policial de una semana de duración, del 5 al 11 de octubre, en los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura. Los informes describen acciones policiales en lugares de trabajo, iglesias, vecindarios, calles concurridas y cerca de escuelas. Tan solo unas semanas antes, el 5 de octubre, agentes de inmigración detuvieron al padre de Mayrin, estudiante del Allan Hancock College, en el estacionamiento del campus cuando ambos llegaban a la universidad. Los trabajadores agrícolas de la Costa Central también han enfrentado severas medidas policiales en los campos donde realizan el arduo trabajo que contribuye a alimentar a la nación.
Estamos presenciando una creciente ola de retórica que busca enfrentar a los vecinos entre sí, presentando a los seres humanos no como individuos con sueños y derechos, sino como números y piezas de negociación política. Seguimos escuchando a personas que avivan las llamas de la división y afirman que todas estas acciones se justifican porque están dirigidas a delincuentes.
Sin embargo, los datos disponibles no respaldan esta afirmación. Según el análisis de octubre de 2026 del Migration Policy Institute (MPI), el DHS llevó a cabo aproximadamente 980.000 deportaciones y retornos durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump, incluyendo expulsiones formales, otros retornos y salidas clasificadas como voluntarias. El MPI descubrió que solo alrededor del 20% de las personas incluidas en ese total tenían antecedentes penales. Entre los inmigrantes que habían vivido en Estados Unidos durante al menos dos años antes de ser deportados, el 71% no tenía antecedentes penales. Estos hallazgos plantean interrogantes importantes sobre si las personas a las que se dirige la deportación se corresponden con el enfoque declarado del gobierno en individuos que representan una amenaza para la seguridad pública y tienen antecedentes penales.
Para comprender mejor estos incidentes y garantizar la implementación de las salvaguardias adecuadas, solicito respuestas por escrito a las siguientes preguntas:
Investigación sobre la detención del estudiante de Santa María: ¿Cuál es la versión del DHS y del ICE sobre el incidente del 21 de octubre que involucró a Erik Zepeda? ¿Qué medidas se están tomando para investigar el uso de la fuerza, la decisión de detener al estudiante y el proceso utilizado para verificar su identidad y ciudadanía? ¿Sabían los agentes, o tenían motivos para saber, que tenía una discapacidad? ¿Qué protocolos se aplican en tales circunstancias? Por favor, conserve y proporcione las grabaciones pertinentes de las cámaras corporales, las grabaciones de los vehículos, los informes de incidentes y demás registros, de conformidad con la legislación aplicable.
Operaciones de control migratorio en la Costa Central: ¿Cuántas operaciones de control migratorio han llevado a cabo el DHS y el ICE en los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura desde el 20 de enero de 2025? En particular, para la operación del 5 al 11 de octubre, proporcione el número de personas detenidas, los lugares y las circunstancias de dichas detenciones, las agencias involucradas y el número de personas liberadas sin acciones ni procedimientos adicionales.
Detención de ciudadanos estadounidenses: ¿Cuántos ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por ICE en todo el país y en California desde el 20 de enero de 2025? Para estos casos, proporcione información sobre las circunstancias de la detención, su duración, el uso de la fuerza, la documentación que ICE y el DHS requieren para verificar la ciudadanía estadounidense y si se presentaron denuncias.
Medidas de protección contra la discriminación racial: ¿Qué políticas y medidas de protección tienen implementadas el DHS y ICE para evitar que las personas sean objeto de discriminación por motivos de raza, etnia o estatus migratorio percibido? ¿Cuántas denuncias por discriminación racial o aplicación discriminatoria de la ley se han recibido desde el 20 de enero de 2025 y cuántas han dado lugar a investigaciones o a la constatación de mala conducta?
Verificación de identidad y protocolos de discapacidad: ¿Qué procedimientos deben seguir los agentes para verificar la identidad de una persona y su estatus migratorio?
Protocolos de verificación de identidad y discapacidad: ¿Qué procedimientos deben seguir los agentes para verificar la identidad y la ciudadanía de una persona antes o durante su detención? ¿Qué directrices adicionales se aplican al interactuar con personas con discapacidad o con capacidad limitada de comunicación verbal, incluyendo cómo deben evaluar los agentes si una persona comprende las órdenes y puede cumplirlas?
El presidente John F. Kennedy afirmó en su discurso a la nación sobre los derechos civiles en 1963: «[…] los derechos de cada persona se ven mermados cuando los derechos de una sola persona se ven amenazados».
Más de 60 años después, esta afirmación sigue siendo igual de válida. La Constitución y la Corte Suprema de los Estados Unidos han confirmado que muchas protecciones constitucionales fundamentales se extienden a todas las personas que se encuentran en los Estados Unidos, no solo a los ciudadanos. Nuestro gobierno tiene la responsabilidad de defender dichas protecciones y hacer honor a la promesa de nuestra nación de garantizar libertad y justicia para todos. La aplicación de las leyes de inmigración debe llevarse a cabo de conformidad con la Constitución y respetando tanto el espíritu como la letra de la ley.
Un estudiante, ciudadano estadounidense, fue detenido y resultó herido mientras se dirigía a la escuela. Los trabajadores agrícolas de toda la Costa Central se han enfrentado a medidas de control migratorio que les generan el temor de ser detenidos mientras simplemente realizan su trabajo. No bastan las explicaciones genéricas que alegan que los agentes de inmigración están siguiendo las políticas de la agencia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deben explicar lo sucedido, investigar posibles conductas indebidas y tomar medidas para evitar que estos incidentes vuelvan a ocurrir. Quedo a la espera de su respuesta.
