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La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, envió este jueves una extensa carta a tres presidentes republicanos de comités de la Cámara de Representantes, afirmando que se están extralimitando en su búsqueda de información relacionada con la investigación judicial al expresidente Donald Trump por el pago a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016, para lo que pidieron que el fiscal preste testimonio en el Congreso.
Leslie B. Dubeck, consejera legal del fiscal, afirma en la carta que los representantes se están embarcando en unas indagaciones “sin precedentes en un procesamiento judicial en marcha a nivel local”, que “sólo se iniciaron después de que Trump creara una falsa expectativa de que podría ser arrestado al día siguiente y sus abogados les urgieron a intervenir”, según informan los periodistas Summer Concepcion y Ali Vitali de la cadena de noticias NBC News.
Esta carta es la respuesta a una comunicación enviada a principios de semana por los republicanos, y está dirigida al presidente del Comité Judicial, Jim Jordan; el del Comité de Control, James Comer; y el del Comité de Administración de la Cámara, Bryan Steil.
El requerimiento enviado por los republicanos, según el fiscal, “busca información no pública sobre una investigación criminal pendiente, que es confidencial bajo la ley estatal”. “Está claro que el Congreso no puede tener ninguna tarea legislativa legítima relacionada con la supervisión de los fiscales locales que aplican la ley estatal”, agregó el fiscal, que considera que los requerimientos de la Cámara “sugieren” que las indagaciones “responden solo al engrandecimiento” de sus promotores o a un ánimo de “castigar” a la Fiscalía por su investigación, y por tanto “son indefendibles”.
La Fiscalía dijo además que quiere tener la oportunidad de reunirse con personal de los comités “para comprender mejor qué información puede proporcionar que esté relacionada con un interés legislativo legítimo y pueda compartirse de forma coherente con las obligaciones constitucionales del fiscal del distrito”.
El gran jurado no se reúne el jueves sobre Trump
El gran jurado que analiza en Nueva York si se deben imputar cargos criminales al expresidente Donald finalmente no tratará este caso sino otro en su reunión de este jueves en la corte de Manhattan, según informó la cadena de noticias NBC News citando tres fuentes familiarizadas con el tema.
Los miembros del gran jurado se reúnen lunes, miércoles y viernes, pero el fiscal del distrito de Manhattan no les convocó el miércoles. El caso parece de todas formas encaminarse hacia la votación final que decida si el gran jurado valida imponer cargos a Trump.
Trump aseguró el pasado fin de semana que iba a ser arrestado el martes, después de que se conociera que las fuerzas del orden preparan planes de seguridad para afrontar posibles protestas de seguidores del expresidente. En las últimas horas el expresidente se defendió de nuevo en su red social Truth asegurando: “Todo el mundo dice que aquí no hay delito. ¡No hice nada malo!”. “Todo fue inventado por un loco convicto con cero credibilidad”, agregó, en referencia a su exabogado Michael Cohen, condenado precisamente por los pagos a la actriz porno y ahora testigo de la Fiscalía.
Cheques firmados por Trump
El caso gira en torno al pago de 130,000 dólares que Cohen hizo a la actriz días antes de las elecciones de 2016, según el abogado por indicación del exmandatario porque Daniels iba a hacer pública una supuesta aventura sexual con el empresario en 2006 (que él niega).
Cuando ya estaba en la Casa Blanca, Trump devolvió el dinero a Cohen. El pago a cambio de silencio no es un delito, pero sí podría serlo cómo documentó ese gasto la Organización Trump.
Según Mark Pomerantz, un exfiscal que trabajó en el caso y publicó recientemente un libro en el que narra su experiencia, Cohen presentó facturas falsas en 2017 haciendo referencia a un “acuerdo de retención” y solicitando el cobro de 130,000 dólares. El abogado recibió posteriormente una serie de cheques firmados por el propio Trump cuando ya era presidente.
El problema legal, según Pomerantz, es que no había ningún acuerdo de retención: la operación se llevó a cabo para encubrir el pago a cambio del silencio de Daniels. En consecuencia, la presunta documentación falsa de “gastos legales” que aparece en los libros de la Organización Trump podría desembocar en una acusación invocando la ley estatal de Nueva York que considera un delito la falsificación de registros comerciales.
Este delito es técnicamente menor, pero el gran jurado evalúa si los registros falsos fueron creados con la intención de cometer y ocultar otro delito, lo que elevaría el caso a delito grave. En este caso, no está claro cuál es el segundo delito que la Oficina del Fiscal del distrito de Manhattan argumenta. Algunos comentaristas jurídicos han sugerido que tal vez el fiscal sólo persiga el delito menor. Otros han argumentado que sería una enorme pérdida de tiempo y recursos, y daría a Trump el poder de pintar el caso como débil.
Si el gran jurado no vota a favor de procesar a Trump por un delito grave, podría ordenar al fiscal acusarle por el delito menor.
Trump ha tachado la investigación de motivada políticamente porque Bragg es demócrata, pero los argumentos de sus abogados ante el tribunal serán probablemente diferentes y podrían girar en torno a la intención de Trump en el momento en que se realizaron los pagos. La ley de Nueva York requiere una “intención de defraudar” para que un jurado pueda condenar por un cargo de registros comerciales falsos. Los abogados podrían argumentar que nunca hubo intención de defraudar a la Organización Trump.
En teoría, es posible que Trump pudiera terminar en la cárcel si es imputado y condenado. La acusación de falsificación de registros comerciales en primer grado es un delito grave que puede acarrear hasta cuatro años de cárcel. En realidad, no es seguro que Bragg recomiende que Trump cumpla condena. En última instancia, si es declarado culpable, será un juez quien decida la pena adecuada.
