Publicidad

Telemundo Noticias

Con los ojos rojos y la respiración agitada, el hondureño Enemías Manuel hablaba sin parar. Describía lo que minutos antes había sucedido con esa precisión de los sobrevivientes. Decía que estaba “revuelto” con otros menores, migrantes como él, en una celda llena de mayores. Todos juntos, sin espacio personal y mucho menos distanciamiento social. Cuando fueron a cenar, se desató el infierno. “Nada más vimos humo de la celda de mayores que salió, entonces nosotros rompimos la puerta porque la policía no llegó a abrir la puerta, rompimos puertas para salir para poder salir y librarnos de la muerte”, decía el joven migrante en un video tomado el 31 de marzo, luego de una protesta en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, al sureste de México.

En ese incidente falleció Héctor Barrientos, un migrante guatemalteco de 42 años, quien había solicitado refugio ante las autoridades mexicanas. Aunque logró salir de las instalaciones, se asfixió por el humo. Este caso, y muchos otros, forma parte de la investigación realizada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil y albergues en el Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas. “Lo que se ha notado por parte de las autoridades mexicanas ha sido un descuido y una irresponsabilidad para proteger el derecho a la salud de las personas migrantes y refugiadas”, afirmó Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en una conferencia de prensa. En el documento se denuncia que, desde enero hasta agosto, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a 50,000 personas.

Aunque es una cifra inferior a las 141,844 registradas el año pasado durante el mismo periodo, los expertos advierten que es muy preocupante por la crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19. Los expertos indicaron que unas 11,000 mujeres y 7,442 menores de edad han sido detenidos. El informe menciona que, a principios de la pandemia, habían más de 60,000 personas bajo el programa Quédate en México (oficialmente, Migrant Protection Protocols), una iniciativa que obliga a los solicitantes de asilo que presentan su petición de protección en Estados Unidos a esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano. Víctimas del COVID-19 Según cifras oficiales, hasta el 11 de octubre se habían registrado 541 casos y 33 fallecimientos por coronavirus entre las personas migrantes en México. Las regiones más afectadas eran Ciudad de México (143 casos), Nuevo León (57) y Chihuahua (42). Las comorbilidades más importantes detectadas fueron la hipertensión y la obesidad.

Sin embargo, estos datos son generales, no se especifica el porcentaje de personas confinadas en los centros gubernamentales que han sido examinados por el coronavirus. “Es importante pensar que este subregistro es consistente, o incluso puede ser mayor, al subregistro a nivel nacional”, afirma Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras que también participó en el informe, “pero los informes que han pedido los jueces no han recibido una respuesta clara en cuanto a cifras y cumplimiento de las recomendaciones”. A partir de decenas de entrevistas con personas migrantes, personal de los albergues y expertos, la investigación concluye que las estaciones migratorias del país “son espacios inseguros y coadyuvantes al contagio del virus entre la población allí recluida”, sobre todo porque condiciones como el hacinamiento que se registra en muchos de esos espacios “impiden el distanciamiento social, la adecuada higiene y otras prácticas preventivas y de atención médica”.

Las autoridades mexicanas han afirmado que en las 59 estaciones y estancias migratorias manejadas por el Instituto Nacional de Migración “no se registra una sobrepoblación y se cuenta con insumos necesarios para atender de manera adecuada a las personas extranjeras”. Sin embargo, existen múltiples denuncias al respecto y el incidente de Tenosique, así como las protestas y motines registrados en instalaciones de Tapachula, Chiapas; Villahermosa, Tabasco; Hermosillo, Sonora y Piedras Negras, Coahuila, son considerados como una muestra de la inconformidad y el peligro que corren las personas migrantes en esos espacios estatales. Las condiciones precarias en las instalaciones oficiales de migrantes ya habían sido denunciadas en un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019, pero los especialistas aseguran que la actual crisis ocasionada por la pandemia ha empeorado esa situación. Según las cifras oficiales más recientes, México ha registrado 829,396 contagios y más de 84,898 fallecimientos por coronavirus.

Problemas en la atención médica y alimentación El informe afirma que, antes de la crisis del coronavirus, solo el 40% de las estaciones migratorias contaba con personal médico y resalta que solo en las instalaciones de Saltillo, se prestan servicios asistenciales durante las 24 horas. “Hemos visto que no hay chequeos frecuentes de temperatura, además se sigue presentando mucho hacinamiento en las estancias provisionales. El suministro de jabón es muy limitado, no hay agua para beber y faltan cubrebocas”, comenta Alejandra Macías, directora de Asylum Access México que ha realizado varias visitas a las instalaciones estatales. Además, las asociaciones involucradas en la investigación explican que, en la mayoría de los casos, los albergues de migrantes no reciben ayuda del Gobierno mexicano por lo que esas instituciones no están preparadas para atender al flujo de personas que constantemente transitan por las diversas regiones durante esta temporada de pandemia. Por eso no cuentan con los insumos necesarios de equipos de protección personal como cubrebocas, guantes, caretas o sustancias para desinfectar los espacios donde albergan a las personas migrantes.

Para poder subsanar las necesidades de alimentación han tenido que recurrir a las donaciones de otras asociaciones y establecer alianzas con productores agrícolas y otras organizaciones. Sin embargo, los expertos afirman que eso no garantiza que las personas migrantes y refugiadas reciban una dieta equilibrada que les permita, entre otras cosas, mantenerse en buenas condiciones de salud en el contexto de la pandemia de COVID-19. Retrasos e ineficiencia Las organizaciones que desarrollaron esta investigación han promovido ocho recursos de amparo en seis ciudades del país con el fin de mejorar la situación de las personas recluidas en los centros estatales y, pese a la receptividad de algunas instancias, consideran que los “mecanismos internos para garantizar los derechos de personas migrantes sujetas a detención no son eficientes”. Solo en el mes de junio, Asylum Access México interpuso en la ciudad de Tijuana 71 quejas en representación de 113 personas por la ausencia de respuestas sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

Los retrasos constantes en el procesamiento de las peticiones legales de estas personas son otro elemento que afecta su estancia en el país. “Ellos salen de sus países porque sufren violencia, persecución y sus vidas están en riesgo», concluye Macías, «las personas que requieren protección internacional tienen derecho a no ser sancionadas por la entrada irregular a México”.

Publicidad

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.