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SAN DIEGO (AP) – Un juez federal ha rechazado una política fronteriza fundamental de la administración Trump que niega el asilo a las personas que viajan a través de otros países para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México sin buscar protección en esos países. El juez de distrito de EE. UU. Timothy Kelly dictaminó que las autoridades violaron los procedimientos de elaboración de normas federales al no buscar la opinión pública antes de que la política entrara en vigencia en julio de 2019. El impacto del fallo de Kelly se ve disminuido por una medida relacionada con la pandemia de coronavirus que se impuso en marzo para expulsar rápidamente a las personas que cruzan la frontera ilegalmente y bloquear a los solicitantes de asilo en los cruces oficiales. En mayo, la administración extendió la medida indefinidamente, basándose en una ley de salud pública poco conocida para prevenir la propagación de la enfermedad. La administración podría apelar. Cuando se le pidió que comentara el miércoles, el Departamento de Justicia dijo en un comunicado que el fallo de la corte se basó en reclamos procesales y no en la sustancia de la política. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que estaba totalmente en desacuerdo con la decisión y que estaba considerando opciones.

Kelly, quien fue designado por el presidente Donald Trump, dictaminó el martes en Washington que los funcionarios de Seguridad Nacional no justificaron por qué evitaron buscar y responder a los comentarios públicos como se requiere en la elaboración de normas. En una línea similar el mes pasado, la Corte Suprema se negó a permitir que la administración pusiera fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia para proteger a 650,000 jóvenes de la deportación, decidiendo el caso por pasos procesales. En su fallo de 52 páginas, Kelly desestimó los argumentos de que se necesitaban medidas rápidas para evitar un aumento dramático de solicitantes de asilo en la frontera, diciendo que faltaban pruebas. Tampoco estuvo de acuerdo con que la administración estuviera justificada bajo su autoridad para establecer una política exterior. En septiembre, la Corte Suprema levantó un alto a nivel nacional a la política que fue impuesta por un juez federal en otro caso que se encuentra actualmente ante un panel en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. Kelly dijo que no le conmovió la acción del tribunal superior, que no proporcionó una explicación.

«En el fondo, la Corte puede deducir poco de la orden de un párrafo de la Corte Suprema, aparte de que la mayoría de los jueces creían que los factores que merecían una suspensión estaban satisfechos», escribió Kelly. La administración ha sido implacable en la reescritura de las reglas de asilo, diciendo que el sistema está plagado de abusos. La regla en cuestión niega el asilo a las personas que pasan por otro país en el camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México sin primero buscar protección en ese país y se les niega.

Los críticos de la política de la administración elogiaron el fallo, con Mitchell Reich, un abogado de Hogan Lovells que argumentó el caso, calificándolo como una «victoria masiva para los solicitantes de asilo y el estado de derecho». «El juez Kelly concluyó acertadamente que la administración no hizo su tarea al emitir esta regla», dijo Reich. «No tuvo noticias de las partes interesadas, y no dio ninguna explicación remotamente satisfactoria para ignorar los procedimientos administrativos normales». La demanda fue presentada por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes del Área Capital, Centro de Derechos Humanos, Centro de Educación e Inmigración y Derechos Humanos (RAICES) y nueve solicitantes de asilo. Se consolidó con un caso presentado por el Centro de Justicia de Tahirih.

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