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El caso es el primero de este año relacionado con armas de fuego que revisarán los jueces de la Corte Suprema. La ley bajo escrutinio ha bloqueado cerca de 77,800 ventas de armas de fuego en los últimos 25 años, pero grupo defensores de la Segunda Enmienda alegan que es inconstitucional.
La Corte Suprema escucha este martes los argumentos de denunciantes y defensores de una ley federal de 1994 que prohíbe tener armas a las personas sobre las que pesan órdenes de alejamiento por violencia doméstica.
Se trata del primer caso relacionado con armas de fuego que llega este año a los jueces de la Corte Suprema, que el año pasado en New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen ya amplió los derechos sobre las armas y cambió la forma en que los tribunales evalúan si las restricciones violan el derecho constitucional a “poseer y portar armas” de la Segunda Enmienda.
El caso es particularmente llamativo por el protagonismo en él que tiene ZackeyRahimi, implicado en varios tiroteos y acusado por violencia doméstica. Un juzgado de apelaciones anuló su condena señalando que la ley sobre la que se le juzgó es inconstitucional a la luz de la decisión de la Corte Suprema en el caso Bruen.
El controversial caso ha ganado la atención de organizaciones defensoras del derecho a las armas como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), la Fundación Segunda Enmienda y el Phyllis Schlafly Eagles, que buscan aportar opiniones en el desarrollo del proceso.
La norma en cuestión ha bloqueado cerca de 77,800 ventas de armas de fuego en los últimos 25 años, según Shira Feldman, directora de litigios constitucionales del grupo de prevención de la violencia armada Brady.
“Está en juego una ley que funciona y que ha sido apoyada tanto por republicanos como por demócratas en el Congreso”, dijo Feldman.
En defensa de la ley, el gobierno cuenta con el apoyo de organizaciones que promueven el control de armas como Survivor Justice Action, que preside Ruth Glenn.
Ella misma fue víctima de violencia doméstica. En junio de 1992, cuando salía de un túnel de autolavado recibió tres disparos, dos en la cabeza, y fue dada por muerta.
El autor de los disparos, su exmarido, tenía una orden judicial de alejamiento. Pero en aquel momento no existía ninguna ley federal que le prohibiera tener un arma.
Glenn sobrevivió de algún modo al tiroteo sin daños cerebrales y fue dada de alta del hospital al cabo de tres días. Pero ella y su hijo vivieron atemorizados durante varios meses, antes de que el agresor se quitara la vida con la misma pistola.
“No habría podido acceder al arma si tuviéramos las leyes actuales en vigor”, dijo Glenn a la AP.
Lo que muestran las estadísticas sobre armas y violencia doméstica
La mayoría de los homicidios de cónyuges, parejas, hijos o familiares han sido cometidos utilizando armas de fuego, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
El 57% de esos homicidios fue cometido con armas de fuego en 2020 , un año en el que se produjo un aumento general de la violencia doméstica durante la pandemia de coronavirus.
Setenta mujeres al mes, de media, mueren tiroteadas por sus parejas, según el grupo de control de armas Everytown for Gun Safety.
Sin embargo, un arma es algo más que una fuente potencial de violencia, afirma Glenn, que recuerda cómo su marido la amenazó en repetidas ocasiones a ella y a su hijo David, entonces adolescente.
“Creo que a veces lo olvidamos y vemos el arma de fuego como una herramienta letal, que lo es sin duda. Pero también es aún más poderosa como herramienta de control”, dijo Glenn.
Cómo llegó el caso Rahimi a la Corte Suprema
El caso de Rahimi llegó a la Corte Suprema después de que la fiscalía recurriera una sentencia que anulaba su condena por tenencia de armas mientras estaba sujeto a una orden de alejamiento.
Rahimi, de 23 años, estuvo implicado en cinco tiroteos a lo largo de dos meses en Arlington (Texas) y sus alrededores, según señaló el juez del Quinto Circuito de Apelaciones Cory Wilson.
Cuando la policía lo identificó como sospechoso y se presentó en su casa con una orden de registro, Rahimi admitió que tenía armas en la casa y que estaba sujeto a una orden de alejamiento por violencia doméstica que prohibía la posesión de armas, escribió Wilson. Portaba una pistola Glock y un rifle.
Pero aunque Rahimi no era “un ciudadano modelo”, escribió Wilson, la ley en cuestión no se justifica a la luz de la historia de Estados Unidos, donde según alegó, no hay ninguna referencia de una norma análoga en los siglos XVIII y XIX. El juez Clarence Thomas expresó una opinión similar en el caso Bruen el año pasado.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que inicialmente impuso restricciones a Rahimi, dio marcha atrás tras la decisión del caso Bruen, al considerar que la ley federal violaba la Segunda Enmienda.
El gobierno pidió entonces a la Corte Suprema que se pronunciara al respecto. Rahimipermanece en la cárcel del condado, a la espera del resultado de los cargos penales estatales pendientes.
Paradójicamente, en una carta escrita a mano desde la cárcel, Rahimi se disculpó por ir por “un camino equivocado” y afirmó que al cumplir su condena ya no portaría armas. Añadió que quería mantenerme “alejado de todas las armas de fuego”.
El gobierno defiende
una ley de control de armas que podría perjudicar a Hunter Biden
El caso de Rahimi y el tema de la violencia doméstica pueden ofrecer al gobierno la situación óptima para defender las restricciones de armas, considera Hashim Mooppan, exfuncionario del Departamento de Justicia en la administración Trump.
“Si el gobierno pudiera haber elegido un caso para ser el primer caso post-Bruen, creo que habrían elegido este”, dijo Mooppan, citado por la AP.
La decisión de la Corte Suprema en el caso Rahimi podría tener amplias repercusiones, incluso en el enjuiciamiento de Hunter Biden. El hijo del presidente ha sido acusado de comprar un arma de fuego mientras era adicto a las drogas, pero sus abogados han indicado que impugnarán la acusación como inválida tras la decisión Bruen.
Jacob Charles, profesor de Derecho de la Universidad Pepperdine de Malibú, citado por la AP, afirma que la decisión del caso Bruen provocó una convulsión en el panorama jurídico, con sentencias que dan por anuladas más de una docena de leyes.
Entre ellas figuran las restricciones de edad, la prohibición de las ‘armas fantasma‘ de fabricación casera y la prohibición de poseer armas a los condenados por delitos no violentos o por consumo de drogas ilegales.
El caso de Rahimi “tiene el potencial de ser bastante impactante”, considera Charles. Aunque es posible que el alto tribunal se pronuncie únicamente sobre el caso Rahimi, parece que “la corte se está dando cuenta de que va a seguir teniendo estos casos si deciden de forma tan estrecha”.
Con información de AP.
