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La carta de los parlamentarios exigía la entrega de información sobre la investigación, así como comunicaciones internas y el testimonio de Bragg ante el Congreso,a la vez que criticaba la supuesta motivación política de la investigación, a la que describe como un “abuso sin precedentes de la autoridad del fiscal”.
En su respuesta, Dubeck cita jurisprudencia y argumentos legales para sustentar su posición de que las solicitudes de los parlamentarios republicanos constituyen una » incursión ilegal en la soberanía de Nueva York».
Según la consultora de la fiscalía, la Constitución no le da autoridad al Congreso para supervisar la aplicación de las leyes locales y recordó que el Congreso no es una entidad del Poder Ejecutivo con poderes para hacer cumplir la ley, como el Departamento de Justicia.
Dubeck dijo que la entrega al Congreso de «información no pública sobre una investigación criminal pendiente, que es confidencial según la ley estatal», violaría también las leyes que protegen el secreto del gran jurado.
Revisión del uso de fondos federales para la seguridad pública
Dubeck desestimó la justificación de los republicanos de que la información y el testimonio de Bragg habían sido solicitados como parte de una revisión del Congreso del uso de fondos federales para la seguridad pública.
“La carta no sugiere ninguna forma en que el testimonio del fiscal de distrito sobre sus decisiones procesales o los documentos y comunicaciones de los exfiscales de distrito adjuntos sobre una investigación penal pendiente arrojen luz sobre esa revisión” escribió Dubeck.
Dubeck dijo también que enviaría una segunda carta describiendo el uso de fondos federales recibidos a fin de “ayudar al Congreso a entender las formas en que la Oficina del Fiscal de Distrito ha utilizado el dinero”.
La consultora jurídica dejó la puerta abierta para una eventual reunión con los parlamentarios a fin de discutir si la Cámara tiene un propósito “legítimo” para su investigación y qué información podría entregarles la fiscalía sin violar la soberanía del estado de Nueva York y las leyes que protegen el secreto del gran jurado.
