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La política de ‘tolerancia cero’ está causando estragos en la comunidad inmigrante. El cambio de reglas afecta a miles de extranjeros que buscan permanecer legalmente en Estados Unidos y pone en jaque a los tribunales de inmigración.
Testimonios entregados la semana pasada a la Cámara de Representantes evidenciaron la crisis que viven las cortes de inmigración, ahondada en los últimos tres años con la activación de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump.
Abogados, jueces de inmigración y defensores de los derechos de los inmigrantes relataron a los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes un escenario “abrumado” por nuevas normas y órdenes emitidas por el ejecutivo, que deja a miles de inmigrantes sin la menor posibilidad de obtener beneficios legales, entre ellos el asilo.
El grupo pintó un “terrible” y “abrumador” retrato plagado de políticas que interfieren el sistema, donde además las violaciones al debido proceso “son rutinarias”, señala un reporte publicado por el Courthouse News Search.
También advirtieron del grave atasco en los tribunales de inmigración, que a finales de diciembre llegó a cerca de 1,100,000 casos.
En diciembre de 2016, dos semanas antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, su antecesor Barack Obama registró poco más de 530,000 casos en espera.
Sin representación
Una de las mayores dificultades denunciada ante el comité es la falta de acceso de los inmigrantes a representación legal, un problema grave que disminuye dramáticamentela probabilidad de conseguir asilo.
La lista añade el exceso de trabajo que enfrentan los jueces, quienes deben cumplir obligatoriamente una cuota anual de 700 casos cerrados por año o de lo contrario quedan expuestos a perder sus trabajos.
“El Departamento de Justicia ha transformado los tribunales de inmigración una especie de línea de montaje para la aplicación de la ley“, dijo a los miembros del Comité Judicial Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) y quien ejerce como juez de inmigración en Los Ángeles, California.
Tabaddor, además, acusó al gobierno de “priorizar” la “velocidad sobre la sustancia” en los procesos, todo ello con el objetivo de alcanzar la cuota“poco realista” impuesta a partir del 1 de octubre de 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.
“Los jueces sienten la presión”, testificó el presidente de la NAIJ. “El nivel de hostilidad hacia nosotros, la forma insultante y ofensiva por la cual estamos siendo tratados, la micro gestión de nuestros expedientes diarios francamente no tiene precedentes”, agregó.
Independencia en riesgo
Cuando la cuota de 700 casos por año a cada juez entró en vigor, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), dijo que “esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’, y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en casos, a menudo, de vida o muerte”.
La asociación, que agrupa a unos 15,000 miembros a nivel nacional, además dijo que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios (hasta ese momento) de políticas que amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”.
