Los plazos demasiado cortos para solicitantes de asilo ponen en riesgo a miles de migrante.

Dos de los principales objetivos de la política de asilo del gobierno de Joe Biden es acelerar los procesos y descongestionar los expedientes acumulados la Corte de Inmigración, que casi sobrepasan los 2 millones. Pero cuatro meses después de implementada la primera fase en Texas y cuando el gobierno se prepara para extenderlo, expertos advierten que la prisa pone en riesgo a miles de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.

Menos de una semana antes de entrar en vigor, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, aseguró que el nuevo protocolo se trataba de un nuevo sistema que garantizaba “un proceso justo y eficiente”. La nueva política otorgó poderes extraordinarios temporales a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración para otorgar asilo, un poder que hasta ese momento solo tenían los jueces de inmigración.

Mayorkas dijo que la regla garantizará que los no ciudadanos puestos en deportación acelerada y que son elegibles para recibir el estatus (un recurso legal disponible), “reciban ayuda rápidamente”. Mientras que quienes no califican para obtener asilo porque no tienen causa o no demostraron miedo o temor creíble, sean expulsados (deportados) prontamente.

Poco más de cuatro meses después de implementada la nueva regla, expertos advierten que la aceleración del proceso de adjudicación de asilo en la frontera se ha convertido en un “grave defecto”.