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En su demanda de 220 páginas, la oficina de James detalla los esfuerzos del exmandatario por engrosar su patrimonio personal para lograr acuerdos de préstamo favorables.
Por estas supuestas irregularidades, la fiscal general quiere prohibir a la familia Trump hacer negocios con empresas basadas en Nueva York durante cinco años e impedir recibir préstamos de cualquier institución financiera registrada en Nueva York durante el mismo periodo.
Por otro lado, la Fiscalía reclama una compensación de 250 millones de dólares en concepto de multa. La demanda alega más de 200 casos de fraude cometidos durante 10 años.
James afirmó que el expresidente diseñó un esquema fraudulento a gran escala, alegando que la Trump Organization infló el valor de sus propiedades en la búsqueda de préstamos bancarios o los desinfló para pagar menos impuestos. Su oficina ha dicho en los archivos judiciales que “descubrió pruebas sustanciales que establecen numerosas tergiversaciones” en los estados financieros de la compañía a los bancos, las aseguradoras y el IRS.
La fiscal general ya adelantó en mayo que su equipo había acumulado pruebas sustanciales que podrían respaldar acciones legales contra Trump y su empresa, aunque en ese momento faltaba la declaración del magnate inmobiliario.
Trump finalmente testificó el 10 de agosto, pero se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución para no responder a las preguntas de la fiscal general. Sus hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., prestaron declaración el 4 de agosto tras ser citados.
“Una vez cuestioné: ‘Si eres inocente, ¿por qué te amparas en la Quinta Enmienda?’ Ahora sé la respuesta”, explicó entonces. “No tienes otra opción cuando tu familia, tu empresa y todas las personas de tu órbita se convierten en el objetivo de una infundada cacería de brujas por motivos políticos apoyada por abogados, fiscales y los medios de comunicación mentirosos”, aseguró.
El interrogatorio se produjo apenas dos días después de que el FBI registrara su mansión Mar-a-Lago, en Florida, como parte de una investigación federal para determinar si se llevó documentos clasificados cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021.
Esfuerzos por frenar la investigación
En un intento por frenar la investigación a sus negocios, Trump presentó una demanda federal alegando que las pesquisas violaban sus derechos constitucionales.
Asimismo, señalaba que “la misión de James está guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano privado al que considera un oponente político”.
La demanda describía a Trump, su familia y sus negocios como víctimas de una “amarga cruzada” de James, que los ha “bombardeado incansablemente” con citaciones “injustificadas”.
Pero Trump terminó testificando, aunque no respondiera a ninguna pregunta.
La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, lleva adelante paralelamente una investigación criminal sobre los negocios del exmandatario.
Su director financiero, acusado de evadir 1.7 millones de dólares
Como parte del proceso, la Fiscalía ya acusó a la Organización Trump y a su director financiero, Allen Weisselberg, de fraude fiscal el año pasado.
Aunque inicialmente se declaró inocente, Weisselberg finalmente se declaró culpable de 15 cargos criminales por un caso de fraude fiscal en los negocios de la empresa del expresidente.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, se espera que Weisselberg, de 74 años, coopere con los fiscales contra la Organización Trump cuando el caso vaya a juicio este otoño, según informaron a la cadena de noticias NBC News dos fuentes familiarizadas con el caso.
La Fiscalía acusó al alto ejecutivo y a la Organización Trump en junio de 2021 de una operación secreta para evadir impuestos. A Weisselberg se le acusa de no haber pagado más de 1.7 millones de dólares en impuestos por sus ingresos.
