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Por Suzanne Gamboa, Carmen Sesin y Julia Ainsley — NBC News
Una madre que estaba a punto de ser deportada pudo hablar menos de dos minutos por teléfono con su marido para averiguar qué sería de su hijo de 2 años, ciudadano estadounidense.
A otra madre no se le permitió hablar con abogados o familiares antes de ser deportada, acompañada de sus hijos nacidos en Estados Unidos, a pesar de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sabía que uno de ellos tenía cáncer en fase 4.
Los abogados de las madres y sus hijos que fueron enviados a Honduras están atacando a los funcionarios del Gobierno de Donald Trump, diciendo que las deportaciones de tres menores ciudadanos estadounidenses durante el fin de semana, incluido el niño de 4 años que se fue sin acceso a sus medicamentos para el cáncer, son ilegales. Están contraatacando a las declaraciones de que las familias eligieron que los niños se fueran con sus madres.
El lunes, el ‘zar de la frontera’ de la Administración Trump, Tom Homan, indicó que los tres niños ciudadanos estadounidenses, todos menores de 10 años, fueron colocados en vuelos de deportación a petición de sus madres. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que los niños no fueron deportados sino que “se fueron con sus madres”, añadiendo que, como ciudadanos, podrían volver si hay alguien en Estados Unidos que “quiera recibirlos”.
Pero los abogados han proporcionado detalles que, según ellos, demuestran que las madres, sus familias y sus abogados tuvieron pocas o ninguna oportunidad de hacer arreglos para sus hijos.
Estas expulsiones “se están produciendo con mucha rapidez”, dijo Sirine Shebaya, directora ejecutiva de National Immigration Project.
“Esta es una situación que realmente requiere una investigación y algún tipo de rendición de cuentas”, agregó Shebaya, “porque no hay ningún misterio sobre lo que estaba pasando”.
La secretaria adjunta de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, indicó en un correo electrónico que la agencia “confía en nuestros procesos y procedimientos”, y añadió que tiene documentación que confirma que fue decisión de los padres que los niños se fueran con ellos.
“Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger a los niños y seguiremos trabajando con las fuerzas de seguridad federales para garantizar que estén seguros y protegidos”, dijo.
En una entrevista, Mich P. González, el abogado de la madre deportada con su hijo de 2 años, aseguró que a la mujer se le dijo que llevara a sus hijos a un control de inmigración, que se adelantó de la fecha original.
Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, que representa al niño de 2 años, afirmó en una entrevista en MSNBC que “en todo momento ICE negó a nadie la posibilidad de saber dónde estaba esta familia, negó a todo el mundo la posibilidad de ponerse en contacto con ellos y comunicarse con ellos”. Añadió que el padre del niño “apenas tuvo oportunidad de hablar con la madre sobre lo que era mejor para el niño antes de que un agente de ICE colgara el teléfono cuando intentaba darle el número de un abogado”.
La agencia ha facilitado una nota de una página que, según dijo, fue escrita por la madre, que está embarazada, y muestra que dio su consentimiento para que el niño de 2 años fuera deportado. La nota está escrita en español, con redacciones en las esquinas superior e inferior derecha. La nota dice: ‘Me llevaré a mi hija [su nombre] conmigo a Honduras’, con la fecha y hora y el nombre de la madre.
Pero González, cofundador de Sanctuary of the South, una cooperativa de inmigración y derechos civiles LGBTQ, indicó que ICE está “caracterizando erróneamente que este era su deseo, que ella consintió voluntariamente a esto”.
“La declaración no muestra que este fuera su deseo. No muestra que ella consintiera esto. Ella sólo estaba escribiendo un hecho. Y después de haber hablado con ella, está claro que se sintió obligada a hacerlo. Se sintió absolutamente obligada a escribir esto”, dijo González.
“No firmó nada”
Los abogados de la madre del niño con cáncer dijeron que ella, el niño y su hermana, de 7 años, que también es ciudadana estadounidense, fueron trasladados en avión a Honduras el viernes por la mañana. Los abogados indicaron que la madre no pudo hablar con miembros de su familia o con sus abogados antes de ser enviados fuera del país y que no se llevó a sus hijos con ella por voluntad propia.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señaló que ICE fue informado de antemano sobre las necesidades médicas del niño.
“Ella no firmó nada, no escribió nada y no dio su consentimiento expreso a nada. Todo el tiempo estuvo intentando de forma contundente hablar con su abogado”, dijo González. “De hecho, estaba intentando tomar un teléfono para intentar llamar a su familia y a su abogado. Pero no se lo permitían”.
“Ella no firmó nada. No consintió nada de esto. Ella quería hacer otros planes para sus dos hijos ciudadanos estadounidenses, especialmente porque su hijo de 4 años estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer aquí en Estados Unidos”, indicó González. “No sólo deportaron a esta familia en contra de los deseos de la madre; los deportaron sin la medicación del niño”.
Algunos defensores legales advierten de que hay otros casos en los que las deportaciones de madres podrían poner en peligro a niños ciudadanos estadounidenses.
En Florida, un abogado de América Pérez Ramírez, de 52 años, informó que el DHS envió un aviso diciendo a su cliente que se registrara en una oficina de campo de ICE y trajera boletos para un vuelo directo a México para ella y su hija de 11 años, ciudadana estadounidense.
Su hija, Yoselin, padece un raro trastorno genético potencialmente mortal en el que el organismo no puede descomponer ciertos aminoácidos (MSUD). Pérez Ramírez perdió a otros dos hijos a causa de esta enfermedad. El médico de la niña de la Universidad de Florida escribió una carta en su nombre, diciendo: “Yoselin necesita estar en Estados Unidos con su madre para tratar su MSUD. No sobreviviría sin los cuidados que recibe actualmente”.
Pérez Ramírez se encuentra en medio de un caso de tráfico laboral. Llegó a Estados Unidos con un visado H2-B, reclutada por un empleador que acabó explotándola y confiscándole el visado, aseguró su abogado. Ya había conseguido cuatro suspensiones de la deportación en administraciones anteriores que reconocían el grave estado de salud de la joven, pero esta vez “ni siquiera pudimos solicitar una suspensión porque nos dijeron: ‘Ya le hemos dado cuatro y no le vamos a dar ninguna más’”.
La deportación la habría obligado a llevarse a su hija porque no hay nadie más que se asegure de que recibe atención médica.
Bridgette M. Bennett, que representa a Pérez Ramírez, dijo: “Se suponía que debía irse el sábado, pero lo único que la retuvo aquí fue el hecho de que el pasaporte de su hija está vencido”. Bennett está intentando evitar que la deporten, argumentando que no hay nadie más que pueda cuidar de la niña con su estado.
